CCOO exige viviendas asequibles para los inmigrantes regularizados porque «hay propietarios xenófobos»

CCOO de Andalucía ha exigido medidas para que los inmigrantes ilegales regularizados puedan acceder a viviendas asequibles, al advertir de la «emergencia habitacional» y de la falta de alquiler público a precios asumibles por la «xenofobia» de los propietarios. El sindicato ha enmarcado esta reclamación en el actual proceso de regularización masiva y ha pedido a la Junta de Andalucía que active «con carácter urgente» un nuevo plan integral de inclusión con «un compromiso presupuestario real».

En una nota de prensa, CCOO ha defendido la regularización como «una oportunidad para sacar a miles de personas de la economía sumergida» y ha reclamado que el Gobierno andaluz facilite el proceso mediante certificados que acrediten la estancia, además de garantizar el acceso a Políticas Activas de Empleo para evitar que los regularizados vuelvan a caer en la irregularidad. Según el sindicato, la población extranjera representa el 11,6% de los habitantes de Andalucía tras crecer un 5,6% en el último año.

El apartado de vivienda ha sido uno de los ejes del mensaje sindical. La secretaria de Política Migratoria de CCOO-A, Rosa Berges, ha puesto el foco en la persistencia de asentamientos chabolistas vinculados a explotaciones agrarias y ha denunciado que la falta de vivienda pública asequible se ve agravada por «actitudes xenófobas de algunos propietarios», lo que, según afirma, dificulta el acceso al alquiler de las personas extranjeras. En ese marco, CCOO considera «fundamental» que la Junta desarrolle políticas activas contra el racismo y los discursos de odio.

La reclamación llega en un contexto de crisis de vivienda que golpea a miles de andaluces, con dificultades crecientes para acceder a un alquiler o una compra. Sin embargo, el sindicato ha centrado su exigencia en facilitar el acceso residencial de los inmigrantes regularizados como parte de su estrategia de inclusión, insistiendo en que sin un plan con financiación el anterior modelo -que, según denuncia, finalizó en 2025 sin presupuesto suficiente- vuelve a quedar en papel mojado.

CCOO también ha reclamado que la Inspección de Trabajo «actúe de oficio» para frenar la explotación laboral y ha señalado la segmentación del mercado laboral, denunciando que «mientras los trabajadores europeos ocupan las categorías profesionales más altas, quienes proceden de fuera de la UE son relegados a los puestos menos cualificados». Berges ha destacado además que los extranjeros suponen, según el sindicato, el 45% de la mano de obra en el sector agrario.

El sindicato ha alertado asimismo sobre la situación de la segunda generación de inmigrantes en Andalucía: «En ocasiones peores empleos que su padre o su madre», especialmente entre jóvenes descendientes de inmigrantes de África o Europa del Este. Para revertirlo, CCOO ha pedido reforzar el sistema educativo, reducir ratios y aumentar el personal de apoyo para evitar la creación de bolsas de exclusión social.

En ese paquete de demandas, la vivienda aparece como una condición clave para que la regularización masiva tenga efectos reales. CCOO sostiene que la inmigración «es una oportunidad de crecimiento» demográfico y económico y remata su postura pidiendo recursos públicos y coordinación entre administraciones para gestionar flujos «de forma regular y con plenos derechos».