Andalucía endurece su plan antiokupas y excluye como beneficiarios de una VPO a condenados por okupación

Andalucía ha dado este martes un paso más en su lucha contra la okupación ilegal de viviendas. El Consejo de Gobierno ha acordado la modificación del decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública.

El órgano ejecutivo de la Junta de Andalucía ha resuelto establecer como requisito para acceder a una vivienda de protección oficial (VPO) que las futuras personas beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por okupación ilegal ni en la vía penal ni en la civil ni en la administrativa durante los cinco años anteriores a la solicitud. En caso contrario, no tendrán derecho a ser beneficiarios de programas y subvenciones.

Sólo se prevén excepciones para familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales. La Junta prevé que la medida tenga «un efecto disuasorio» y se reduzcan las okupaciones en una comunidad donde ya se han puesto en práctica medidas para atender a los afectados -número gratuito para sus víctimas-, todo ello dentro de las limitadas competencias que el Ejecutivo de Juanma Moreno ostenta en este aspecto.

Cabe mencionar que, en 2020, los juicios verbales por okupación ilegal de viviendas se incrementaron en Andalucía un 164% respecto a 2018 y la región se sitúa como segunda comunidad autónoma con más okupaciones, sólo por detrás de Cataluña.

«Medida disuasoria» antiokupas

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha valorado la medida como un «efecto disuasorio que ayudará a reducir las okupaciones ilegales».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carazo ha defendido la existencia de «una preocupación entre las personas propietarias como posibles víctimas de una okupación» y en consecuencia ha esgrimido sobre la vivienda pública que «es un derecho que ampara al Gobierno de la Junta de Andalucía» la exclusión de un potencial beneficiario de una vivienda pública que haya sido condenado por okupación.

La consejera de Fomento ha aludido al sistema de asesoramiento del Gobierno andaluz ante okupaciones ilegales, que desde su puesta en marcha en diciembre de 2020 y en el periodo de un año ha recibido casi un centenar de consultas, al tiempo que ha denunciado «la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez».

La consejera andaluza ha demandado al Gobierno central mayor implicación en afrontar la okupación ilegal de viviendas, «cada uno en el marco de sus competencias», aunque «está más preocupado en implantar un modelo intervencionista» sobre el mercado de la vivienda, ha lamentado.

El texto del proyecto sometido a información pública de exclusión de los condenados por okupación ilegal, consultado por Europa Press, plantea incorporar este nuevo apartado al artículo 3 del decreto vigente: «En la normativa de desarrollo de los programas previstos en el presente Plan, podrá establecerse como requisito el no haber sido condenados por un delito de allanamiento de morada o de usurpación de vivienda, previstos respectivamente en los artículos 202 y 245 del Código Penal o tipo penal que lo sustituya, o condenados en procedimiento civil de tutela sumaria de la posesión o precario o en un procedimiento administrativo por okupación sin título de una vivienda de titularidad pública, en los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda, a contar desde la firmeza de la sentencia o resolución administrativa».

La Consejería de Fomento subraya que «cuando el objeto de la okupación es una vivienda de titularidad pública, se está limitando el derecho de acceso a la vivienda de las personas inscritas en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, conculcando los procedimientos de adjudicación de estas viviendas».

Según la Junta, se trata de un problema «especialmente preocupante» en Andalucía, «en la actualidad la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, en número de okupaciones ilegales».

El futuro decreto cita datos del sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior para asegurar que «las denuncias por los delitos relacionados con la okupación ilegal de inmuebles han supuesto un incremento interanual del 5% en el primer semestre del año 2020», mientras que en procedimientos civiles, según datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), «los juicios verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas se han incrementado también en Andalucía casi un 28% en los nueve primeros meses de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, y un 164% en este último año respecto del año 2018».

373 millones para 33.000 viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del número de veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que determina los ingresos familiares máximos para el acceso a las viviendas protegidas de régimen especial, que pasa de 2,5 a 3 con el fin de que puedan acceder a estas viviendas un mayor número de familias.

Además, el Plan Ecovivienda contará con una partida de 173 millones de euros de los Next Generation que permitirá la construcción de otras 3.000 viviendas sobre suelos de titularidad pública, una inversión que generará 24.000 empleos directos en el sector de la construcción y reducirá 100.000 toneladas de emisiones

Estas viviendas en alquiler a precio asequible se sumarán a las otras 3.000 que la Junta de Andalucía ya ha promovido en esta legislatura gracias al programa de Fomento del Alquiler, con 80 millones de euros en subvenciones para promotores públicos y privados para viviendas con precios de 200 a 400 euros al mes. De hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado también una subvención de casi cinco millones de euros para la construcción de 234 viviendas en el Parque Nueva Granada de la capital, donde esta misma empresa levantará otro bloque con 122 pisos gracias a este programa del Plan Vive en Andalucía.