Andalucía ‘ataca’ a los okupas: lanza un número gratuito para sus víctimas ante la «pasividad» de Sánchez

La Junta de Andalucía se ha remangado de cara a combatir la lacra de la okupación, otra pandemia que también se viene extendiendo por la comunidad en los últimos tiempos. Ante tal hecho, el Gobierno de Juanma Moreno ha lanzado un número de teléfono gratuito -900 100 112-, al que los andaluces que «tengan la desgracia» de sufrir okupaciones ilegales de sus viviendas podrán dirigirse y ponerse en contacto con las ocho delegaciones provinciales del Gobierno autonómico para abordar su situación.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en una atención a medios en el Palacio de San Telmo tras presidir junto a los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, la constitución de la mesa de coordinación para la puesta en marcha de iniciativas que garanticen los derechos de los ciudadanos que sufran la ocupación ilegal de sus viviendas.

Marín ha detallado que ese teléfono pondrá en contacto a los andaluces que llamen con las ocho delegaciones provinciales de la Junta, donde contarán «con la colaboración inestimable» de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde «se localizarán todas las actuaciones dentro de las intervenciones que haya que realizar para desalojar de forma inmediata a los ‘okupas’ de estas viviendas que, en muchos casos, no son solamente habituales, sino segundas residencias».

El vicepresidente ha puesto de relieve que la creación de esta mesa es un paso importante para que, tal y como está previsto, el próximo 1 de enero de 2021 empiecen a funcionar en las distintas delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda que resuelva las dudas de los afectados.

Ha considerado «importante que desde las consejerías involucradas pusiéramos en marcha un punto de encuentro donde todos los ciudadanos puedan acudir cuando afronten una situación así». «Se están llevando muchas actuaciones y estamos viendo la aparición de mafias que se aprovechan de estas ocupaciones y generan problemas sociales y personales», ha dicho.

La Junta entiende que la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial para actuar en las primeras horas de las ocupaciones, por lo que, a través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior se asegurará la coordinación con las de Fomento y Justicia.

Marín ha explicado además que la constitución de este grupo de trabajo se enmarca también en un acuerdo «suscrito por el Parlamento de Andalucía» a través de una proposición no de ley debatida el pasado 3 de noviembre, donde «se nos dio este mandato al Gobierno de la Junta y en el que PP, Cs y Vox estuvieron de acuerdo», así como «da cumplimiento» a un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de PP-A y Cs con el grupo parlamentario Vox para esta legislatura.

Antiokupa

Por su parte, Marifrán Carazo ha insistido en que urge un plan estatal «anti okupación» ante la «pasividad» del Gobierno de Pedro Sánchez frente al aumento del número de casos de ocupación ilegal en España con la crisis y que, en muchos casos, esconde la actuación de mafias que se lucran a costa de los vecinos. «Hay que evitar la ocupación ilegal que provoca inseguridad a los propietarios legítimos y, sobre todo, graves problemas de convivencia», ha afirmado la consejera.

Este grupo de trabajo está integrado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Secretaría General de Vivienda y de AVRA, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de la Secretaría General para la Justicia, y la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos. Su objetivo es poner en común y coordinar las distintas iniciativas del ámbito competencial de cada una de las consejerías afectadas, para así contribuir al mayor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda.

1 de enero

Para hacerlo posible, una instrucción, aprobada por la Secretaría General de Vivienda, ha ampliado las atribuciones del actual Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID), mecanismo que ofrece información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda. A partir del 1 de enero este sistema permitirá también dar asesoramiento para los casos de ocupación de viviendas, un fenómeno al alza no sólo en España, sino también en Andalucía, donde se han contabilizado 1.183 casos durante el primer semestre del presente año, lo que equivale a cerca de siete casos al día.

El Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda funcionará a través de las delegaciones territoriales, donde se atenderá y asesorará a las personas que tengan su vivienda ocupada. Cuando un ciudadano sea víctima de la ocupación ilegal de su vivienda podrá acudir al sistema, que le ofrecerá atención personalizada, valorará los hechos, orientará a la víctima sobre las medidas que puede adoptar de carácter inmediato y las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma; le brindará las posibilidades de asistencia jurídica y, por último, le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.

Para el buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda, el personal de las delegaciones territoriales contará con una guía que será instrumento de referencia en el desarrollo de sus funciones.

Como las competencias en materia de protección de la vivienda en España para evitar la ocupación son estatales, esta guía quiere proporcionar información sobre los derechos que les asisten a los afectados y las posibilidades y organismos de reclamación, así como de los trámites jurídicos y judiciales necesarios, según las leyes vigentes y teniendo en cuenta que las competencias fundamentales son del Estado. Esta guía, además de servir de referencia al nuevo sistema, estará disponible en la página web de la Consejería de Fomento.

Grupo de trabajo

La mesa de coordinación o grupo de trabajo constituido este jueves será el responsable de coordinar las iniciativas que contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda dentro de las competencias de las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; de Presidencia, Administración Pública e Interior y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local es clave por su competencia como Administración prestacional de los órganos judiciales andaluces y como interlocutora con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior andaluza. En este sentido, desde la misma se ha comprometido la puesta en marcha de acciones formativas tanto a los colectivos de jueces y fiscales en esta materia, como a otros profesionales de la Administración de Justicia. Además, se abordará con el Ministerio Público la necesidad de impulsar la Instrucción de la Fiscal General del Estado recientemente dictada 1/2020, de 15 de septiembre.

De igual modo, a través del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de esta Consejería, se impulsará la atención a las personas que hayan sufrido este tipo de delito, de tal modo que se le ofrezca los recursos gratuitos de los que dispone el SAVA, es decir, el asesoramiento jurídico, psicológico y social, así como el acompañamiento en todo el procedimiento judicial.