La alcaldesa comunista de Manilva que enchufó a 749 personas vuelve a los tribunales por corrupción

Tras más de una década de dilaciones y varios juicios aplazados, la Audiencia de Málaga retomó este jueves la tercera pieza del caso Manilva para enjuiciar las presuntas irregularidades en este municipio durante la legislatura de la ex alcaldesa Antonia Muñoz (IU), ya condenada por tejer una red de enchufismo masivo de la que se beneficiaron 749 personas. También se sentará en el banquillo su sucesor en el cargo, Mario Jiménez (Compromiso Manilva).

La Sección Primera de la Audiencia enjuicia las presuntas irregularidades en el trasvase de fondos municipales a la entidad urbanística residencial El Hacho entre 2009 y 2012. En total, 217.159,67 euros. La Fiscalía acusa a ambos de prevaricación y malversación.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el Ayuntamiento desvió el dinero «con pleno conocimiento de su ilicitud y a pesar de la oposición de la Tesorería Municipal, de la Intervención y de la Tesorería de la Seguridad Social». Tanto Muñoz como la junta de gobierno local, en la que estaba Jiménez, ordenaron una serie de operaciones de mandamiento de pago «por conceptos no presupuestados» que la entonces alcaldesa aprobó mediante decreto.

El Ministerio Público pide ocho años de prisión para Muñoz y cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación para Jiménez. El asesor jurídico del Ayuntamiento, Aitor Menoyo, se enfrenta a siete años.

El historial de Muñoz

Muñoz fue la primera mujer en ser concejal en Manilva. También fue la primera alcaldesa. A lo largo de sus seis años en el poder (2007-13) convirtió su despacho en una agencia de colocación. Enchufó directamente a 749 vecinos y familiares, entre ellos su hermana y su nuera, a quienes contrató como asesoras municipales.

La exalcaldesa se valió de dos sociedades municipales de apariencia independiente, la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades) y la Sociedad Deportiva Manilva, creadas con el único fin de firmar altas laborales saltándose los procedimientos legales. Las dos sociedades tenían sede distinta y plantilla ajena al gobierno local, pero tal era la conexión con el ayuntamiento que la Sociedad Deportiva Manilva usaba en sus contrataciones el mismo sello y teléfono de contacto que el consistorio.

El objetivo de los enchufes a discreción, según la Fiscalía, era «crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos». Muñoz alegó inexperiencia en el cargo, unida a la «inercia» que se seguía en la localidad en las contrataciones «desde corporaciones anteriores». La Audiencia de Málaga la condenó en 2022 a nueve años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público como autora de un delito continuado de prevaricación.

Antes, en 2020, fue detenida por formar parte de una red dedicada a lavar dinero a través de inversiones inmobiliarias. La ex alcaldesa aún está inmersa en otra causa por la adjudicación de contratos municipales, entre otros, a las empresas de su marido.