Aniversario de la ley de amnesia democrática

Inquieta que se haya cumplido un año desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y que haya coincidido en España con el señalamiento de negocios regentados por judíos o el ataque a sinagogas, al modo del Berlín de los años 30. O, peor aún, que el aniversario haya coincidido con los mensajes de socios del gobierno que promovió dicha legislación, culpabilizando de los ataques terroristas de Hamás contra Israel a las víctimas indefensas de los mismos y no a sus salvajes y crueles verdugos.

Como ha dicho acertadamente el periodista argentino Alejo Schapire, «la izquierda ve nazis por todas partes menos cuando hay judíos asesinados por ser judíos». Tanta «memoria democrática» para luego quedarnos a la cola del mundo occidental en la solidaridad con el pueblo israelí ante el mayor número de judíos asesinados en un solo día desde el Holocausto. Deprimente a la par que insoportable.

La LMD fue aprobada con el apoyo de Bildu a condición de crear una «comisión de la verdad» sobre violaciones a los derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 hasta el año 1983, después de la primera victoria del PSOE por mayoría absoluta en nuestra democracia, victoria tenida por extensión del franquismo para la coalición filoetarra y asumida como tal por Pedro Sánchez.

Por eso también causa zozobra que el aniversario de la LMD haya coincidido asimismo con la revelación del escalofriante historial policial de Arnaldo Otegi, líder de dicha coalición y socio preferente de Pedro Sánchez. Según ha contado la excepcional periodista Leyre Iglesias en El Mundo, los compañeros de Otegi en la banda terrorista le señalaron por haber ordenado nueve secuestros y un asesinato en la década de 1977 a 1987.

Dicha etapa comprende siete de los años que Bildu quiso poner bajo el foco de la LMD en cuanto a «vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos». Empieza uno a pensar que lo que en realidad buscaba Bildu con esa enmienda a la LMD era convencernos de que su líder había luchado entonces por la democracia y que le teníamos que dar las gracias por ello, cuando la verdad es que la democracia empezaba a dar sus primeros pasos y criminales como Otegi entonces querían destruirla sangrientamente.

No es por tanto extraño que, ante las tan estupefacientes circunstancias que han rodeado el aniversario de la LMD, el titular de la materia, Félix Bolaños, haya querido colarse en la tribuna de la actualidad con un vídeo de menos de un minuto en las redes sociales sobre lo que significa esta ley aprobada con el apoyo y el aplauso de Bildu.

«Memoria es democracia», dice Bolaños en su video. Por más vueltas que le he dado al asunto, sigo sin comprender qué tiene de democrático imponer el recuerdo de lo que oficialmente el poder decide que conviene recordar y decretar el olvido de lo que el poder decide que conviene olvidar.

Así, si el preámbulo de la LMD dice que Hitler y Mussolini intervinieron en apoyo del bando sublevado en la Guerra Civil y a la vez afirma que Stalin también intervino, pero no especifica en apoyo de quién, debemos entender precisamente eso: que no quieren recordar en apoyo de quién intervino Stalin porque se les desmonta el tinglado de que en la contienda hubo un bando «democrático». Ya lo desmontó entonces con valentía Clara Campoamor, después de que tuviera que huir del Madrid frentepopulista por temor a ser considerada, a fuer de liberal, enemiga a liquidar por los «demócratas», como hicieron también Gregorio Marañón o José Ortega y Gasset.

«Memoria no es sólo ayer, es sobre todo hoy y mañana», afirma el ministro en funciones… del Gran Hermano. George Orwell lo formuló mucho mejor en su novela 1984: «Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro». Otro punto más a añadir a la deriva autocrática del sanchismo.

Memoria democrática, explica también Bolaños en su vídeo, es recuperar los restos de las fosas comunes, aspiración absolutamente legítima, pero el ministro silencia que sus socios en Cataluña se han resistido en estos últimos años a investigar la mayor fosa común de Cataluña, en Montcada y Reixach, con centenares de víctimas de la represión republicana, sin que su ministerio haya movido un dedo en apoyo de quienes solicitaban esta investigación, que finalmente han tenido que recurrir a los tribunales.

Pero si se trataba de celebrar el aniversario de la entrada en vigor de la LMD, es inexplicable que Bolaños sea tan desmemoriado como para olvidar referirse al artículo 26 sobre el acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil y la dictadura, que establece que serán descritos, catalogados y digitalizados.

Los que conocemos bien el extraordinario esfuerzo que están acometiendo los archiveros en esta materia, no podemos dejar de subrayar la falta de medios con que desarrollan su meritoria labor. Hay todavía ingentes fondos de la contienda de difícil acceso para los investigadores o para los familiares, como incontables documentos personales, con fotografías de particulares de indudable valor sentimental para las familias, aún sin catalogar en el CDMH de Salamanca.

En vez de celebrar tan vacuamente el aniversario de la LMD, el ministro bien podría haber explicado cómo es que hoy no está garantizado el acceso del público a la descripción de los fondos del Ministerio del Interior relativos a 1936-1939, donde también podrían encontrarse documentos de extraordinario significado para muchas familias españolas.

Algunos investigadores sospechan que se hallen allí las fichas de los presos de la cárcel Modelo en el trágico otoño de las sacas de 1936, o el famoso «Fichero de Matices Políticos» con que la Dirección General de Seguridad republicana orquestaba «democráticamente» la liquidación en la retaguardia madrileña de los considerados desafectos a la revolución o al gobierno frentepopulistas.

«Memoria es democracia», dice Bolaños, pero se obstina en seguir promoviendo la amnesia sobre lo que es la verdadera democracia, basada en la libertad de conciencia, pensamiento, expresión u opinión incluso sobre hechos complejos del pasado que admitirán siempre visiones diversas y plurales. Un pasado que nos interpela hoy a todos con fuerza precisamente por lo que tuvo de anulación, silenciamiento o destrucción del que pensaba diferente.

Se cumple un año desde que se decidió dar rango de ley a la derogación del espíritu de concordia que hizo posible la transición pacífica de la dictadura a la democracia. Se hizo con el apoyo de quienes han hecho del odio y la confrontación, de la división y la ruptura, el motor de sus proyectos políticos liberticidas, cuyo fin, como han declarado siempre abiertamente, es conducirnos al desastre como sociedad y como nación.

Al final puede que tenga razón Bolaños, y «el ayer es sobre todo hoy y mañana», fatídicamente. A veces parece, sí, que el ayer avanza imparable. Y aún se atreven a llamarse «gobierno progresista».