Cae la banda que vendía la nacionalidad española a inmigrantes africanos por 3.000 euros

Así han conseguido decenas de inmigrantes africanos ilegales la nacionalidad española: pagando 3.000 euros a una mafia que les suplantaba con documentos falsos en los exámenes para obtener la ciudadanía española. Si querían el carnet de conducir, «sólo» tenían que pagar 1.000 euros a la organización criminal además de los gastos habituales. Acabar casado con una mujer española era lo más caro de «la carta» de ésta mafia, a cada inmigrante ilegal le costaba una media de 6.000 euros por todos los arreglos, incluida la documentación falsificada y el padrón. Ahora, en una operación de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Policía ha detenido a los 25 integrantes de la banda dedicada a la inmigración ilegal y desmantelado todo su negocio ilícito en cinco provincias.

La investigación se inició en diciembre de 2023 y se ha logrado la detención de ocho miembros del entramado en Málaga, Lorca y Marbella. Otras 17 personas, entre colaboradores y clientes de la organización, han sido arrestadas por los agentes en Málaga, Huelva, Madrid y Vic, en la provincia de Barcelona. A todos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

El entramado estaba especializado en suplantar la identidad de las personas que contrataban sus servicios mediante el uso de documentos falsos que elaboraban con datos reales de los clientes y fotografías de miembros de la organización.

De esta manera, los detenidos suplantaban a los inmigrantes en los exámenes para obtener el Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE) y prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSAE) necesarios para la obtención de la nacionalidad española. En otras ocasiones, y previo pago de 1.000 euros, también reemplazaban a los inmigrantes africanos en la obtención del permiso de conducir.

6.000 euros por un matrimonio falso

El grupo criminal no desdeñaba cualquier oportunidad de hacer negocio y también se encargaba de facilitar matrimonios de conveniencia, realizando para ello tareas de búsqueda de parejas ficticias, solicitud de empadronamientos y obtención de documentación necesaria, todo el paquete por un precio de 6.000 euros por persona.

Además, en otra línea de actividad ilícita, el entramado suministraba tarjetas de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros en situación regular en nuestro país a personas que se encontraban en situación irregular para que así pudieran trabajar sin ser detectados por las inspecciones.

Durante la operación se han intervenido 5.770 euros en efectivo, 34 tarjetas de identidad de extranjero falsas, nueve pasaportes falsos y 65 tarjetas y libretas bancarias.

Denuncia del Gobierno de Madrid

El Ministerio del Interior ha hecho pública esta información a través de la Policía Nacional, ahora que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha envidado una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para exigir que se tomen medidas con el fin de evitar que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas deje ser «un coladero» de inmigrantes ilegales.

Se trata de una carta firmada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y remitida también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Más de 400.000 personas entraron de manera irregular en 2023», denuncian desde el Ejecutivo regional madrileño.

«Exigimos al ministro del Interior y al Gobierno de Sánchez que, de una vez, den respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria», recalca Dávila en esta misiva. La carta, fechada el pasado viernes, sigue la estela de otra que envió el Gobierno de Ayuso el pasado 3 de abril y en la que ya se pedía «la actuación urgente» del Ministerio del Interior y del resto del Gobierno central por la «entrada masiva» de inmigrantes ilegales a través del Aeropuerto de Barajas.

400.000 «ilegales» en Barajas

«Estoy segura de que conoce esta situación porque está siendo reiteradamente denunciada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia aeroportuaria y las responsabilidades de extranjería. Al igual que seguro sabe que, mientras el año pasado llegaron a las costas españolas 57.000 inmigrantes en situación irregular, a este aeropuerto lo hicieron siete veces más, superando las 400.000 personas», enfatiza la consejera del Gobierno de Ayuso.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño reitera que no se puede permitir que el Aeropuerto de Barajas sea «un coladero». «No podemos permitir que el Aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso de nuestro sistema de protección de menores. Lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid, como en el resto de las regiones», argumenta.