Los socios de Sánchez presionan para que los etarras cumplan condena en su «lugar de arraigo»

Hasta el último voto, cuenta. En la recta final la campaña electoral en el País Vasco, los socios nacionalistas de Sánchez presionan al Gobierno para «promover una nueva política penitenciaria» que traslade a los presos etarras «a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social». El todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, es consciente de que las encuestas vuelven a dar a EH-Bildu como segunda fuerza política el próximo 12 de julio. Por ello, ante la previsión de que no obtendrá la mayoría absoluta en los comicios autonómicos y aunque teórico defensor de la paz y la convivencia, insiste en el acercamiento de los etarras mientras el entorno abertzale, consciente de la oportunidad única, se movilizará, el día 4 en Navarra, con una manifestación en apoyo de los terroristas presos.

«Cada persona presa debería estar encarcelada en su comunidad autónoma», aseguraba Urkullu este lunes en un encuentro digital con medios de comunicación. El dirigente del Gobierno autonómico vasco ha basado su petición de acercamiento de presos al Ejecutivo en varios motivos, idénticos a los que tradicionalmente esgrimen desde el entorno de la histórica banda armada.

El líder del PNV hace guiños al electorado abertzale que exige «a los Gobiernos de Madrid y Navarra» que -una vez finalizado el estado de alarma- «se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas que venimos exigiendo de forma urgente» para «poner fecha límite a las situaciones que se están manteniendo en las cárceles» españolas.

Cerca de 1,8 millones de vascos deberán elegir si Urkullu repite por tercera vez consecutiva al frente del Ejecutivo vasco para lo que tendrá que recurrir, de nuevo, a un pacto con el PSE-EE de Idoia Mendia. Por su parte, desde el Ejecutivo central allanan el camino al acuerdo. Tan es así, que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, autorizó hace unos días la reunión de representantes de la formación proetarra de EH Bildu con presos etarras en la prisión de Huelva con el fin de pactar el acercamiento de reclusos al País Vasco.

Pese a que en dicho centro penitenciario, como en muchos otros, están prohibidas las reuniones en grupo, por razones sanitarias derivadas del Covid-19, el Ministerio de Interior permitió que se sentaran a negociar de forma conjunta, hasta siete personas: Estitxu Elduaien Uranga e Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, como interlocutores de Bildu, y Fernando García Jodrá, Juan Carlos Besance Zugasti, Víctor Franco Martínez, Iker Lima Sagarna y Aitzol Maurtua Eguren, por parte de los presos.

El propio Urkullu ha asegurado -en una de sus primeras intervenciones de campaña- que el Gobierno «atenderá» la reclamación de los presos para ser acercados a las cárceles más próximas a su lugar de nacimiento o al de residencia de sus familiares.

No es la primera vez que el líder de los nacionalistas se ha dirigido a La Moncloa para insistir en esta cuestión. Los pasados días 27 de abril y 14 de mayo Pedro Sánchez remitía sendas cartas al Gobierno para instar el acercamiento de hasta 327 presos al País Vasco. Urkullu ha intensificado su discurso a favor del traslado de todos los presos de ETA y de más de un centenar de reclusos comunes, como pide su entorno.

Acercamiento de presos

La Ley General Penitenciaria «establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en su lugar de arraigo» afirman los familiares de los pesos etarras en un reciente comunicado emitido por la plataforma Etxerat. «El Gobierno español sigue sin aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales encaminadas a la excarcelación de personas presas y que deberían marcar sus pautas de actuación», añaden.

«Estas medidas siguen siendo imprescindibles de cara a salvaguardar la dignidad personal y el bienestar colectivo y por lo tanto se debe proceder a excarcelar, entre otras, a las personas incluidas en los colectivos especialmente vulnerables al contagio de Covid-19 como son quienes superan los 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, así como mujeres embarazadas o con hijos o hijas presas, con ellas, en las cárceles», insisten en el comunicado.

Con el avance en las fases del plan de desescalada previsto por el Gobierno para la salida del estado de alarma, el día 19 de mayo desde #SOSPresoakCovi19 exigió a Sánchez «que se garantizase que el ‘desconfinamiento’ en las cárceles se realizara bajo los mismos criterios que se aplican a las personas en libertad y de manera simultánea al resto de la sociedad».

Los presos de ETA han encontrado hueco en el discurso político de los socios de Sánchez en la investidura para incluir sus exigencias de acercamiento inmediato a las cárceles del País Vasco para que «la sociedad vasca camine hacia la normalización». La ‘nueva normalidad’ de los terroristas pasa porque el Ejecutivo central alivie «los días de confinamiento y las dolorosas consecuencias» de la pandemia excarcelando a los internos con enfermedades y trasladando al resto, durante la desescalada, a centros penitenciarios vascos y navarros «sin mayor dilación».

En otro comunicado previo del colectivo Etxerat, las familias y allegados de los presos etarras manifestaron su «inquietud» porque transcurridos más de «40 días desde que declarara el estado de alarma» en España, el Gobierno no ha puesto en marcha «ninguna de las medidas específicas» recomendadas por los organismos internacionales. Por lo que exigían al Ejecutivo que procediese a la «excarcelación de presas y presos en situación de libertad condicional y buscando medidas alternativas a las penas privativas de libertad».