Urkullu busca el voto proetarra: «Cada preso debe cumplir condena en su Comunidad autónoma»

El lehendakari Íñigo Urkullu pide una nueva política penitenciaria para que cada preso pueda cumplir su pena en su Comunidad autónoma. Se trata de una petición dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez y una clara alusión a los presos etarras que cumplen condena lejos de las cárceles del País Vasco.

«Hay que promover una nueva política penitenciaria. Cada persona presa debería estar encarcelada en su Comunidad Autónoma», ha asegurado Urkullu este lunes en un encuentro digital organizado por Europa Press. El dirigente del Gobierno autonómico vasco ha basado esta petición de acercamiento de presos en varias razones, como las de salud público en alusión a la pandemia del coronavirus y su efecto en los centros penitenciarios, sus reclusos y su propio entorno.

Íñigo Urkullu ha realizado esta propuesta de cara a las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 12 de julio. El dirigente del PNV busca asentar en la región «la cultura de la paz y pluralismo» porque la convivencia es «un objetivo especialmente relevante en Euskadi». En este punto ha remarcado que «hace dos años se produjo la disolución de ETA con carácter unilateral y definitivo».

«Los procesos de reconocimiento y reparación de las víctimas y compartir una memoria crítica sobre el terrorismo y la violencia, particularmente sobre ETA. El asentamiento de una cultura de paz, convivencia y respeto al pluralismo y los derechos humanos es una realidad enraizada en nuestra sociedad. Tenemos tareas pendientes. Asentar y fortalecer la convivencia y, más allá de la coexistencia, va a seguir siendo una prioridad de nuestro proyecto de futuro», ha añadido.

Acercamiento de presos

El acercamiento de presos de la banda terrorista ETA se lleva produciendo desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Hace unas semanas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó el traslado de cuatro internos de la banda terrorista a las prisiones de Logroño, Valladolid, Soria y Aranjuez (Madrid). Se trató de Balbino Sáez Olarra, Asier Mardones Esteban, Asier Rodríguez López y Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’.

La  Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció esta decisión al asegurar que estos cuatro internos no cumplían con el requisito de haber colaborado con la Justicia para poder ser acercados.

«Como viene siendo la tónica habitual en los últimos meses, el Gobierno de Sánchez continúa así con su hoja de ruta de acercar presos de la banda terrorista ETA con delitos se sangre. En esta ocasión hay más agravantes debido a que no consta que ninguno de ellos haya colaborado con la Justicia, ni que se hayan desvinculado de la organización terrorista ETA, ni que hayan deslegitimado su actividad criminal, ni que hayan condenado el uso de la violencia y ni que hayan aceptado la legalidad penitenciaria», señaló la AVT en un comunicado.

Fernando Grande-Marlaska autorizó también hace unos días la reunión de representantes de la formación proetarra de EH Bildu con presos etarras en la prisión de Huelva con el fin de pactar el acercamiento de reclusos al País Vasco. En esta prisión, como en muchas otras, están prohibidas las reuniones en grupo. Pero el Ministerio de Interior autorizó que se sentarán a negociar de forma conjunta hasta siete personas: por parte de EH Bildu, Estitxu Elduaien Uranga e Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano. Por parte de los presos, Fernando García Jodrá, Juan Carlos Besance Zugasti, Víctor Franco Martínez, Iker Lima Sagarna y Aitzol Maurtua Eguren.

«Un nuevo estatus político»

Por otro lado, el lehendakari Íñigo Urkullu ha pedido también «completar» el Estatuto del País Vasco en el que se reconozca «un nuevo estatus político que reconozca la realidad nacional» de la región y la «relación bilateral» con el Gobierno de España.

El candidato a la reelección ha asegurado que una sus prioridades será «el autogobierno» a través de «la culminación de un nuevo Acuerdo o Pacto para el futuro político de Euskadi».

«El objetivo es, por una parte, completar el Estatuto de Autonomía de Gernika, todavía incumplido tras más de cuatro décadas y, por otra parte, acordar un nuevo estatus político de futuro que reconozca la realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi», ha afirmado.

De esta forma, Íñigo Urkullu pretende «responder a una forma de hacer política y construir país asentada en el diálogo, la negociación y el pacto».