La última farsa del ‘procés’ en Europa

Si hay una palabra que el rico idioma español ha exportado al resto del mundo esa es “guerrilla”. Mientras que los estados han conducido su política exterior a través de la diplomacia, el resto de entes no estatales al no poder disponer de la herramienta de la diplomacia, tienen que recurrir a las técnicas de “guerrilla” para perseguir sus fines. Creo que es un error afirmar que las oficinas en el exterior abiertas por el gobierno independentista catalán a costa del dinero de todos los españoles son representaciones diplomáticas. El soberanismo catalán no practica la diplomacia, sino directamente la propaganda y se vale para ello de esas sedes internacionales que actúan como altavoces propagandísticos.

La última fechoría cometida desde el independentismo se ha producido esta misma semana en Estrasburgo en el Consejo de Europa, la organización que supuestamente vela por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, pero que conserva actualmente muy poco de esa gloriosa labor de su pasado. Actualmente, más bien, es la representación viva del sistema democrático asestándose un “harakiri” diariamente. Que los etarras protestan por su penas de cárcel, el brazo judicial del Consejo de Europa emite la indigna Doctrina Parot que pone en la calle a decenas de delincuentes que vuelven a delinquir y a ser un peligro para la seguridad de todos. Que hace dos años se intentó llevar a cabo el referéndum ilegal en Cataluña, siempre aparece un británico, un sueco o un holandés para poner el foco sólo en las cargas policiales. Que el Tribunal Supremo juzga a los autores del desvarío independentista de hace dos años, aparece un político letón, Boris Cilevics, e impulsa una iniciativa política para estudiar si el juicio en el Supremo supone una violación de los derechos fundamentales.

Cilevics, perteneciente al Partido Socialista de Letonia y que se sienta con los socialistas españoles en el mismo grupo político, cuenta con el apoyo de otros tantos políticos europeos para solicitar el envío de una misión de investigación a España. Mayor majadería no podría cometerse. ¿Dónde está el PSOE español que no ha sido capaz de frenar a semejante colega de filas? Los dirigentes socialistas dirán que este proceso no tiene recorrido, que no sirve para nada o lo que se quiera, pero llenará ríos de tinta en los medios de comunicación europeos. Sino, al tiempo. Cilevics, procede de Letonia, un país que tiene sometido al 10% de su población privada de cualquier derecho político por el simple hecho de ser de descendientes rusos. Toda una demostración de que el “apartheid”, en multitud de formas, permanece vigente incluso en los países de la UE, mientras se mira hacia otro lado.

No se puede consentir que una organización que supuestamente debe observar el estricto cumplimiento de la democracia acepte conductas tan demagogas como la de Cilevics. Añadiré otra poderosa razón. Resulta infame para la credibilidad de una organización que no respete la separación de poderes y un representante del poder legislativo pretenda interferir en el trabajo del poder judicial.

La semana que viene es clave para que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, consume su aspiración a convertirse en el próximo Alto Representante de la Política Exterior de la UE. Ya existe una campaña en las redes sociales contra su nombramiento. Es bueno para España tener a un español al frente de la Política Exterior europea, sobre todo, porque ayudaría a combatir muchas de las falsedades que el independentismo y sus satélites distribuyen por toda Europa. Pero no es suficiente. España tiene que recurrir también a otras técnicas para frenar  el mensaje separatista fuera de nuestras fronteras.