Te seguiré llamando «tridelincuente» y «marqués de Galapagar»

—Una de nuestras líneas de trabajo es minimizar el clima contrario en las redes a la gestión del Gobierno—.

Como quiera que la memoria colectiva es frágil, recordaré que esta salvajada en términos democráticos no la vomitó Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, ni siquiera el asesino Nicolás Maduro. Salió de la boca del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago mientras hablaba desde el atril de la Sala de Prensa de La Moncloa. Hay quien sostuvo y sostiene que se inmoló harto de las presiones que recibía del inefable ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para controlar y perseguir a la ciudadanía contraria al Ejecutivo socialcomunista. Que este sujeto no había perdido el oremus quedó claro, más allá de toda duda razonable, menos de una semana después cuando OKDIARIO publicó la orden que había trasladado a las comandancias instando a perseguir “las campañas de desinformación, bulos y fake news susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. Lo suyo fue, simplemente, un rapto de sinceridad propio de alguien sin tablas a la hora de hablar en público y, en consecuencia, más sujeto al error o a cantar La Traviata.

A los buenistas que continuaban creyendo en la probidad de Santiago se les cayeron los palos del sombrajo el 20 de junio cuando comprobaron estupefactos cómo le ascendían a jefe del Estado Mayor de un Cuerpo ejemplar en el que este personaje es la excepción que confirma la regla. Se le obsequiaba con más dinero y más cargo a cambio, obviamente, de su silencio y de que permaneciera tranquilito. Un acto ejemplar más de esta banda que nos gobierna cuyo indisimulado objetivo pasa por someter a una institución con 176 años de impecable servicio a España.

A los que, como el embustero Marlaska, aún alegan que fue un “lapsus” cabría refrescarles la memoria y recordarles que dos semanas antes (el 6 de abril, concretamente) el notario mayor del Reino, Juan Carlos Campo, había abonado convenientemente el terreno dando pistas de por dónde iban los tiros: “Hay que hacer un cambio legislativo para dotarnos de instrumentos legales contra quienes contaminan la opinión pública”. Ni el ministro ni desde luego Santiago se volvieron tarumbas, simplemente, confesaron una estrategia tan meditada como diabólica con un objetivo perogrullesco: que sea el Gobierno el que decida quién contamina la opinión pública y quién no. Está de más precisar que los medios críticos formarán parte del primer elenco y los felpudescos integrarán el segundo. El fin ulterior consistía en silenciar a quienes denunciamos la negligencia criminal de un Gobierno que permitió esa bomba biológica que fue el 8-M, la vulgar falsificación de las cifras de muertos y contagiados y esas compras de material sanitario por precios inexplicables salvo que sirvan para el correspondiente trinque de comisiones.

Todo ello por no hablar de esa Ley contra la Desinformación con la que el Ejecutivo lleva amenazando meses, exactamente desde que en 2018 OKDIARIO destapase que Pedro Sánchez robó su doctorado. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la chulería de un presidente que no llevaba ni cuatro meses en la poltrona monclovita. Una norma que continúan pergeñando en silencio y que cualquier día se sacarán de la chistera con la ayuda de sus socios filoetarras, golpistas y podemitas, encantados de amordazar a periodistas disidentes y ciudadanos opositores.

Les da igual ocho que ochenta, lo que buscan es cargarse un derecho fundamental o, para ser más precisos, adecuarlo a sus intereses. Una de las características de cualquier tiranía, autocracia o pseudodemocracia es que es el Gobierno y no los jueces quien sentencia qué es verdad, qué mentira, qué delito de opinión y cuándo te han de perdonar la vida. El nuevo paso en ese peligroso camino llegó esta misma semana de la mano, cómo no, de Podemos. El partido financiado por la narcodictadura venezolana presentó una proposición no de ley (PNL) “contra el odio en las redes sociales” que, entre otras lindezas, obliga a los Facebook, Twitter, Instagram y demás operadores de turno a retirar en 24 horas mensajes que el Ejecutivo considere que incitan al odio.

Al que también le traicionó el subconsciente fue al diputado podemita Enrique Santiago esta mismita semana durante el debate sobre esa PNL. El abogado de las FARC, grupo armado catalogado como “terrorista” por EEUU, Canadá y la UE, tildó de “ofensivo” llamar “marqueses de Galapagar” y añadió: “Los títulos nobiliarios no son propios de esta época y nos parece que son insultantes». Esta última apreciación añade a la censura un estomagante toque de infantil cursilería. Lo hizo después de que los diputados de Vox Manuel Mariscal y Lourdes Méndez-Monasterio se refirieran con el famosísimo apelativo creado por Federico Jiménez Losantos a la parejita podemita que se compró por 670.000 euros un chalé de 270 metros cuadrados que valía 1,1 millones en la ya celebérrima localidad serrana.

Esta gentuza pretende emular lo que perpetró el Gobierno de su baranda, Nicolás Maduro, que a través de una juez amiga encarceló al líder de la oposición democrática, Leopoldo López, bajo el falso pretexto de “causar una serie de actos violentos, desconocimiento de las autoridades legítimas [sic] y desobediencia de las leyes, que desencadenó el ataque desmedido por parte de un grupo de personas que actuaron determinados por los discursos del mencionado ciudadano”. Con los obvios matices, y salvando las distancias que de momento existen entre el régimen chavista y el democrático español, lo que se hizo en el subyugado país hermano fue apelar a la incitación al odio y a los desórdenes públicos para enjaular al incómodo caraqueño, exiliado desde hace una semana en España.

En fin, si la iniciativa de Podemos saliera adelante, se censurará todo aquello que ellos consideren perjudicial para sus intereses en Internet y en tiempo récord. Lo más grave de todo es que la jurisdicción penal vigente ya contempla estas cuestiones, ergo, lo que anhelan es una norma ad hoc y, consecuentemente, ad hominen —obviamente, dirigida a quienes no piensan como ellos—. El artículo 510 del Código Penal ya persigue de manera implacable los delitos de odio contemplando penas de cárcel que alcanzan los cuatro años y multas de hasta 12 meses en los casos más graves. Este epígrafe es de aplicación para quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio por razones de ideología, nacionalidad, raza, sexo, religión, enfermedad, discapacidad o etnia”. Al igual que están contempladas otras actuaciones como la injuria, la difamación o la calumnia. Todo esto lo suscribe alguien que, como un servidor, defiende la pertinencia de los delitos de odio pero no la de los de opinión.

Malos tiempos pues para la libertad de expresión en general y de información en particular. Lo que pretende esta chusma bolivariana es una ley antiOKDIARIO, una ley antiInda, una ley AntiLosantos, antiHerrera y antitodo lo que se les ponga por delante. Quieren hacer realidad ese Ministerio de la Verdad y esa Policía del Pensamiento que George Orwell avanzó hace casi 80 años en su obra 1984. Pronto llegará también la plasmación del Ministerio del Amor, que busca la adhesión incondicional al líder, el de la Paz, que plantea estar permanentemente en guerra —esperemos que este no sea una realidad jamás—, y el de la Abundancia, que preconiza unas cartillas de racionamiento que se asemejan a esas colas del hambre que ya se empiezan a divisar en nuestras ciudades.

Lo del pensamiento único no es exclusivamente una cuestión de aquí ni de ahora, forma parte de esa agenda globalista que dirigen en la sombra Soros y demás malhechores mundiales con el fin de uniformizar la opinión pública mundial en el lado de la izquierda. Esta misma semana, el miércoles para más señas, el Senado de los Estados Unidos interrogó a los CEOs de Twitter y Facebook, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, por las acusaciones de “censura selectiva” que les imputan los republicanos después de haber borrado tuits hasta del mismísimo presidente Trump. Lejos de quedarse atrás o apartarse a un lado, los demócratas acusaron a la trillonaria parejita de “falta de escrutinio” o, lo que es lo mismo, de falta de fiscalización o vigilancia.

Vas dado, querido Pablito, si te piensas que con estas tretas o amenazas impedirás que te sigamos llamando “tridelincuente”, “marqués de Galapagar [yo creo que ya eres duque, pero bueno]” o todo lo que se nos pase por el forro de nuestros caprichos. Como imagino que tampoco se arredrarán quienes, apelando a los defectos físicos como haces tú fascistoidamente con los que no te gustan, hablan de ti como “El Coletas”, “El Moñas”, “El Moños”, “El Chepas” o “El Dientes Negros”. Para amordazarnos tendrás que sacarnos del ruedo democrático con los pies por delante o pedir la salida de la Unión Europea. Hacéis lo mismo que Franco pero bajo el amparo de haber sido elegidos democráticamente. Igual, por cierto, que individuos tan execrables como Chávez. ¿Te enteras, marqués? ¿Lo tienes claro, tridelincuente?