Sánchez desprecia a los funcionarios

Los Cuerpos Superiores de la Administración, agrupados en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), han denunciado, como informó OKDIARIO, que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha excepcionalizado 23 direcciones generales, que actualmente son ocupadas por personas que no son funcionarios cuando la ley deja meridianamente claro que eso sólo es posible cuando no haya ningún funcionario dentro de la Administración General del Estado capaz de asumir dicho cargo. Esto es, tienen que darse unas circunstancias de especialidad perfectamente tasadas.

El Gobierno ha nombrado directores generales no funcionarios al presidente del CIS, al responsable de la Oficina Española de Cambio Climático, al director general del IMSERSO, al director general de Turismo de España, al director general del Instituto de las Juventud, al director general de la Agenda 2030, al director general de Derechos de los Animales, al director general de Migraciones, al director general de Inclusión y Atención Humanitaria, al director general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, al director general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y al director general de Consumo, entre otros.

La ley obliga al Gobierno a motivar de forma razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional para nombrar directores generales que no sean funcionarios. Pues bien, estamos ante un escándalo sin precedentes, un enchufe masivo que, además y como informa OKDIARIO, tiene el agravante de que hasta un tercio de los elegidos no reúnen estudios específicos para cargos que, en muchos casos, superan los 100.000 euros de remuneración anual. Por ejemplo, el director general de Derechos de los Animales, que no es funcionario, tiene estudios en artes plásticas, cuando en la Administración hay centenares de funcionarios pertenecientes, por ejemplo, al Cuerpo Superior de Veterinarios. Un agravio y un ninguneo intolerables.

Estamos ante un caso mayúsculo de nepotismo. Lo que ha hecho el Ejecutivo socialcomunista es un fraude de ley, además de un claro desprecio a los cuerpos superiores de la Administración del Estado. La cualificación y la profesionalidad han sido arrumbados para colocar a una legión de amiguetes que constituyen el mayor pesebre de la historia de la democracia.