Una OPA asamblearia

Sánchez ha decidido introducir un elemento innovador y no contemplado en la decisión sobre el asunto de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que no es otro que el debate asambleario, por encima de las competencias o de los conocimientos técnicos, que tilda a la OPA de OPA asamblearia, en una decisión inaudita.

Sánchez no puede hacer desistimiento de sus obligaciones, ni esconderse detrás de una supuesta consulta ciudadana para respaldar su decisión, porque la misma no puede depender de lo que diga esa consulta ciudadana, sino de unos criterios sólidos técnicos, económicos, de competencia, de mercado, de concentración, de financiación, que respalden la decisión en uno u otro sentido. No puede ser tomada la decisión del Gobierno sobre la autorización o no de la OPA con base en el sentimiento político o demagógico que expresen unas personas que, en la mayoría de los casos, no tendrán conocimientos técnicos para ello ni, por supuesto, competencia para tomar esa decisión o emitir ese consejo.

El Gobierno puede esgrimir argumentos técnicos a favor y en contra de la operación, y, con base en ello, ha de tomar una decisión u otra, pero respaldada por ese análisis técnico, no por el populismo de una consulta ciudadana.

Puede analizar la operación y considerar que, como elementos favorables a la misma, se encuentran los siguientes:

• Mayor fortaleza financiera del banco resultante para poder competir en el mercado internacional.
• Disminución de costes, tanto de personal como operativos, debido a la potencial fusión de ambas entidades.
• Mayor capacidad de la entidad resultante para poder acometer ampliaciones de capital si su nivel de requerimientos de capital lo contemplase.
• Incremento en la diversificación de mercados.

Y puede analizar la operación y considerar que, como elementos desfavorables, se encuentran los siguientes:

• Limitación a la competencia por disminución de la oferta bancaria.
  Encarecimiento del acceso a la financiación de pymes y autónomos por menor competencia y por solapamiento, en muchos casos, de las entidades con las que trabajan muchas pymes.
• Mayor riesgo para los accionistas de la entidad potencialmente absorbida, por el mayor riesgo del BBVA en su presencia geográfica en México y Turquía.
  Posible dificultad en el acceso a oficinas bancarias para ciudadanos mayores si se produce un cierre de sucursales más intenso.
• Empeoramiento de la atención a las pymes por aumento del grado de concentración, que en ese segmento no se ha de medir tanto por el número de oficinas, sino por la relación con su gestor, con posible pérdida de una atención personalizada.

Hay, por tanto, elementos a favor y en contra. Personalmente, y ya lo he expresado en diferentes ocasiones, creo que es un error la operación, pero debe basarse la decisión en criterios técnicos y, si se autoriza, que decidan los accionistas, pero no puede seguir deslizándose la economía española por la senda del populismo a la que nos llevan decisiones como ésta.