¿Nos cogió desprevenidos el Covid-19?

El alarmante crecimiento de los casos de coronavirus grave y el caótico proceso de vacunación sucede con un Gobierno que ha abdicado de la obligación que le impone la Constitución de coordinar la sanidad. Esto ocurrió hace un año.  Y las consecuencias de su consciente inacción entre mediados de enero y el 14 de marzo de 2020 fueron una catástrofe para España.

Aunque parezca a estas alturas inverosímil, el 24 de enero de 2020 el CCAES de Fernando Simón hizo público un extenso documento titulado “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)”. Resumo las principales medidas que debían adoptarse. Separar en las salas de urgencia hospitalaria a los pacientes coronavirus que deberán llevar mascarilla con los demás pacientes y ser sometidos a aislamiento total debiendo el personal de todo tipo que los atienda, incluidos familiares, personal de limpieza, etc. llevar equipo de protección individual que habría de incluir la bata impermeable, la mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocultar de montura integral. El personal sanitario que atienda a casos en investigación o confirmados también ha de llevar “un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular de montura integral”. Se trata de “recomendaciones mínimas a seguir” por las Comunidades Autónomas que gestionan la sanidad hospitalaria. De modo que, dado que la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad son competencia del Estado conforme a lo dispuesto en la Constitución, lo que incluye la dirección de la lucha contra una pandemia internacional que afecte a todo el territorio nacional, teniendo en cuenta además que tanto los Estatutos de autonomía como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud le reservan al Estado la Alta Inspección, el ministro de Sanidad, Salvador Illa tuvo en su mano desde un principio la imposición a las Comunidades Autónomas de las normas y medidas de contenido obligatorio para que todos los hospitales españoles se prepararan para hacer frente a la pandemia. Pero no lo hizo. Ahora se va a Cataluña. Sin la tarea cumplida. Sin asumir responsabilidad alguna.

A pesar de la contundencia del Protocolo de actuación, ese mismo día 24 de enero el Sr. Simón emprendió, inexplicablemente, la tarea de minimizar el riesgo para España de la epidemia china. En rueda de prensa se extrañó del “impacto mediático” provocado en España. Podíamos vivir tranquilos: “Como en otras situaciones tenemos que tener un nivel de preocupación bajo pero activo”. Anunció que Sanidad había descartado “por ahora” hacer controles en los aeropuertos, porque la posibilidad de transmisión en España, “aunque puede ser probable” es “muy baja”. A pesar del importante flujo de viajeros entre Wuhan y España, “se están implementando medidas para evitar que se importe y para controlarlo en el caso de que entre en España”.

Hubo quien sí se tomó en serio el problema. El mismo 24 de enero de 2020, el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ministerio del Interior, José Antonio Nieto González, firmó un informe en el que describió con todo detalle el nuevo virus de China (2019-nCov) detectado por primera vez a finales de 2019, “que es un tipo de microorganismo diferente de cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta ahora”. Señalaba cómo “en casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte, según informa la OMS”. Describía cómo la transmisión entre humanos se realizaba por  “vía respiratoria, por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar” y “por contacto directo con superficies, animales contaminados o secreciones infectadas de enfermos”. No cabe una descripción más certera de la enfermedad. Nieto abogó por la necesidad de adoptar las medidas preventivas recomendadas por la OMS, como “lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz, con pañuelos desechables al toser y estornudar, el uso de mascarillas y evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos”. Y destacaba este llamamiento: “EVITAR LAS AGLOMERACIONES”.

El 29 de enero, TVE informa desde Barajas de la adopción de medidas de protección por parte de los agentes de la Guardia Civil de control de viajeros. En pantalla aparecía una agente mostrando las mascarillas y guantes. Pero Sanidad poco después revocó la orden de repartir mascarillas en los controles fronterizos y días después del confinamiento de 14 de marzo, Nieto fue cesado.

El 1 de febrero, el presidente Pedro Sánchez, desde Beja (Portugal) se refirió al primer caso registrado en España del coronavirus (la Gomera), y lanzó un mensaje de tranquilidad: “Preocupar preocupa, pero tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Esta mañana se reúne de nuevo el comité interministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus. España tiene un sistema sanitario fuerte y red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS”. El comité, nombrado en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, estaba presidido por Carmen Calvo y Salvador Illa era su vicepresidente.

El día 6 de marzo, con 17 muertos de COVID 16 ya en España, el presidente alentó a las mujeres a acudir a la manifestación feminista del día 8: “Os acompañamos en esta lucha…sin feminismo no hay futuro, sin igualdad no hay democracia”. Carmen Calvo, apostilló: “Nos va la vida en ello”. Ambos sabían que en Madrid había dos focos de contagio.

El 14 de marzo, Simón todavía informaba que el riesgo de España era “moderado. Ese día el Gobierno decretó el confinamiento forzoso. El día anterior se habían registrado 176 muertos. El ministro Illa se despide con más de 60.000.