Més per Mallorca, en cabeza contra la libertad

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No existe ningún partido institucional en Baleares con mayores recelos hacia la libertad que Més per Mallorca, aunque sus primos hermanos de Més per Menorca no le andan a la zaga ni tampoco lo que queda de Proposta per les Illes, cuya oferta proteccionista es muy parecida a grandes rasgos a la de aquel PSM de hace 25 años antes de juntarse con Izquierda Unida y los Verdes y echarse definitivamente al monte.

Todas y cada una de las propuestas de Més son una elegía desesperada contra la libertad de elegir que amenaza el mundo de ayer. Més se sitúa contra la libertad de elegir en la enseñanza en cualquiera de sus múltiples aspectos, contra el libre mercado, contra la libre disposición de la propiedad privada, contra la liberalización de servicios públicos ineficientes, incómodos y disfuncionales, contra la libertad comercial, contra la liberalización del taxi. Naturalmente, siempre esgrimirán que la libertad, tal como la entendemos los liberales, es una «falsa» libertad, digamos que demasiado «superficial», no la libertad «genuina», «profunda» y «verdadera» que sólo defienden ellos.

Més per Mallorca, igual que la izquierda en su conjunto, sabe perfectamente que todavía a día de hoy, pese a la amenaza del activismo woke que acoge con entusiasmo y que se cierne sobre los indomables que les llevamos la contraria, la libertad todavía vende y que nadie en sus cabales se atreve a posicionarse contra la libertad si quiere tener un cierto éxito en las urnas. Por eso, las bellas almas de Més son especialistas en utilizar subterfugios, ardides y pretextos de lo más variopinto al objeto de disfrazar su rechazo a la libertad y presentar sus propuestas antiliberales envueltas en un celofán moral, buenista, humanitario y de justicia social. Su objetivo es neutralizar al adversario tildándolo de inmoral, individualista, egoísta y de falta de sentimientos.

Para empezar, Més per Mallorca se posiciona contra la libertad de elección de lengua de las familias porque elegir es, a su modo de ver, «segregar» a Antònia y Noelia, dos amigas que hasta ahora habían compartido aula pero que sus padres, poco sensibles al trauma que va a provocarles tamaña separación, han decidido inscribirlas en dos líneas distintas por razón de lengua. Este tristísimo acontecimiento traería consigo, nos advierten desde Més, una peligrosísima división de Baleares en dos comunidades lingüísticas distintas, como si este escenario, la coexistencia de varias comunidades idiomáticas con el español como lengua franca, no fuera ya el que vemos en las calles de Baleares sin que la falta de «cohesión lingüística» nos haya llevado, de momento, a pelearnos entre nosotros por razones lingüísticas, con las honrosísimas excepciones de algunos miembros de la OCB o la Plataforma per la Llengua, siempre prestos y dispuestos a montar gresca porque en ello les va el sueldo y, al parecer, los premios a las bellas artes.

Més per Mallorca se posiciona contra la libertad de elección de centro porque, a juicio de su diputada Maria Ramon, marcharte a un colegio fuera de tu barrio es «dar herramientas a los ricos para liberarse de los problemas» y porque la «falsa» libertad de elegir colegio es en realidad «la libertad de no tenerte que mezclar con tus vecinos porque son poca cosa para ti». Por más que la escucho con deleite en cuanto tengo ocasión, nunca dejan de asombrarme las monsergas moralizantes de la otrora alcaldesa de Esporles ni tampoco su innata capacidad telepática para captar las intenciones ajenas. En el fondo, elegir centro educativo representaría retroceder a un superado clasismo dado que, nos informan desde Més, supone «dar más a quien tiene más y menos a los que están peor», propiciando la «segregación» escolar y el aumento de las «desigualdades sociales».

Asimismo, Més per Mallorca pretende prohibir la venta de casas a los no residentes, igual que en los 90 el PSM quería prohibir vender tierras a los alemanes, lo que a todas luces es un ataque a la libre disposición de la propiedad privada de cada uno. El derecho a la propiedad privada no es absoluto, nos informan desde Més, ya que debe supeditarse al llamado «interés general» o «bien común», conceptos vagos e imprecisos pero siempre a mano y a buen recaudo para los intervencionistas de toda piel y pelaje en sus tentativas reguladoras, confiscatorias e impositivas.

En las últimas semanas, hemos visto cómo Més per Mallorca rechazaba la liberalización del servicio de las ITV, en manos del Consell de Mallorca, aduciendo para sorpresa general razones de índole económica. «Todas las privatizaciones de los servicios públicos han supuesto un incremento del coste del mismo que siempre terminan pagando los ciudadanos», clama su líder en el Consell, Jaume Alzamora.

En realidad, como ha informado OKDIARIO, la tasa que abonan los usuarios en los cinco talleres que ahora mismo tiene el Consell de Mallorca viene a representar sólo la mitad del coste real del servicio. Incluso si el coste real del servicio (tampoco sabemos si es el coste real porque al final el Consell pone el precio que quiere) repercutiera en su totalidad en el precio público de la tasa que paga el usuario, el servicio público difícilmente sería más competitivo y barato que el dispensado por una variedad de talleres privados por varias razones, a saber: a) la introducción obligatoria de cláusulas medioambientales, energéticas y de otro signo en el contrato público con la concesionaria actual encarece los costos; b) en un servicio monopolizado por la Administración es imposible conocer de antemano el precio de mercado porque el sistema de precios no funciona en ninguna de sus tres facetas, ni como transmisor de información, ni como inductor de la creatividad empresarial que se activa en base a los incentivos que esta información proyecta en el futuro ni como distribuidor de los beneficios de renta que se generan.

De acuerdo con Més per Mallorca, de privatizarse las inspecciones ITV la gestión pública «quedará más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos». Més nos advierte además de la «pérdida de ocupación en el sector público» y del riesgo a perder «calidad» de servicio. Parece que los sueños húmedos de Més son los de volver a un sistema de control de la economía a manos de la Administración en el que la iniciativa privada sea en efecto subsidiaria de la estatal y donde los trabajadores trabajen mayormente para el Estado, como ocurría en los antiguos países del telón de acero, o cuando menos aspirar a un Estado sumamente intervenido con servicios públicos gigantescos en la misma línea que la sanidad o la educación públicas.

En una sociedad de libre mercado como la nuestra, la función del Estado no es la creación de puestos de trabajo, de ahí que sea el propio Estado quien deba ocupar una posición subsidiaria respecto de la iniciativa privada, no al revés como asegura Alzamora. En cuanto a preservar la «calidad» del servicio actual y a su «beneficio y rentabilidad social», basta con focalizar las largas colas, las listas de espera y la inseguridad vial que ello ocasiona para percatarse de los motivos que han llevado a Vox a plantear su liberalización.

Por último, Més per Mallorca, en su ánimo ordenancista, nos propone ahora restringir los periodos de rebajas, volviendo a las andadas recuperando aquella ley de comercio que en su día puso en marcha el vicepresidente del primer Pacte de Progrés, Pere Sampol. Una propuesta que ataca la libertad empresarial de los comerciantes al tiempo que perjudica a los consumidores pero que Més per Mallorca, lógicamente, disfraza como un intento de terminar con la «competencia desleal entre grandes y pequeños comercios, que también desprotege el consumidor y hace dudosa la transparencia de los descuentos», los típicos tópicos de los socialistas de todos los partidos en su deseo de proteger a los pequeños y medianos comercios que, por muchos bonos y vales gratuitos que les regalen las administraciones públicas y por muchas restricciones comerciales que promulguen a su favor, están condenados a desaparecer si de una vez por todas no se ajustan a los deseos del soberano consumidor que es en definitiva quien manda, el mismo que desde hace lustros les sigue dando la espalda, no digamos ahora con la competencia añadida del comercio electrónico.

Ni hay «desprotección del consumidor», ni existe «competencia desleal» más que la de los manteros (que, por cierto, sí defiende la edil de Més, Neus Truyol) ni hay dudosas opacidades en los descuentos. En un mercado de libre concurrencia el consumidor es el único soberano. Los negocios que no son rentables tras años de pérdidas lo mejor que pueden hacer es cerrar la persiana. Por su bien, por el bien de las administraciones que dejan de subsidiarlos y por el de todos, menos, claro está, por el bien de ciertos partidos que se erigen en sus postreros defensores a cambio de unos miles de votos.

En conclusión, como decía un juez estadounidense de nombre Louis Brandeis, «los mayores peligros para la libertad se esconden en la insidiosa usurpación que llevan a cabo hombres bienintencionados, pero celosos en exceso, y de escasas luces». Una definición redonda que se adapta como un guante de seda a lo que hoy es y representa Més per Mallorca.

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