Mascarillas y mascaradas

Hace unos días se publicó en un diario digital un panfleto (libelo difamatorio u opúsculo de carácter agresivo, según la definición de la RAE) que rezumaba una desaforada inquina contra los jueces. Se despachaba a gusto tildándolos de señoritos cobardes (no todos, dice) y, de paso, calificando a algunos fiscales de «mezquinos».

El pecado ha sido reclamar mascarillas y equipos de protección individual (los denominados EPIs) para la prestación del servicio que han de desarrollar no solo los jueces y fiscales, sino también el resto del personal funcionario de los juzgados y tribunales. Y el no va más, lo que ha desatado las iras del infierno, ha sido dar un ultimátum a un Gobierno insensato, noqueado por su propia irresponsabilidad, a quien las asociaciones de jueces advirtieron que, por razones de seguridad y salud, a falta de medidas de protección, las guardias y demás actuaciones personales se procurarían despachar telemáticamente, por videoconferencia.

No sé ustedes, respetados lectores, pero yo veo que quienes manejan los autobuses llevan mascarillas, quienes trabajan en las calles llevan mascarillas, quienes atienden en los supermercados llevan mascarillas. El virus no hace distingos y no tiene especial predilección por unos u otros profesionales. Togas y batas blancas, uniformes y monos de faena; a todos los traspasa por igual. En estos momentos, evitar la propagación del COVID-19 es una cuestión de Estado en la que todos estamos involucrados; no es momento de dar lecciones de pacotilla sobre valientes o cobardes, como tampoco lo es de exigir responsabilidades políticas y criminales. Habrá tiempo para ello si los españoles tienen buena memoria.

Pues bien, en lo concerniente al Poder Judicial, debemos recordar que las condiciones de los juzgados, desafortunadamente, no son a menudo las más idóneas para controlar la difusión del virus: ventilación escasa, falta de espacio para preservar la distancia de seguridad con los detenidos, con las partes y demás intervinientes. Y todo ello se afronta sin mascarillas ni equipos de protección individual (ni EPI, ni BLAS, dicen algunos colegas con ironía).

Durante años, en diligencias como los levantamientos de cadáveres, los jueces han dependido de la amabilidad de los forenses, policías o guardias civiles que les dejaban mascarillas y guantes. La gran diferencia, ahora, es que no pueden prestar nada porque los necesitan ellos o los servicios sanitarios.

Y, a pesar de todo, en estas condiciones, se sigue trabajando. Aquí nadie ha abandonado el servicio. Lo que sucede es que el personal judicial ya ha empezado a caer contagiado por coronavirus. Valgan, como ejemplo, los siguientes titulares de prensa:

• Se comienzan a registrar los primeros casos de coronavirus en los juzgados de Madrid. Ok diario, 11 de marzo de 2020.
• El contagio de un funcionario obliga a desinfectar el Palacio de Justicia de Palencia. El Norte de Castilla, 15 de marzo de 2020.
• Aislado el personal de los juzgados de Lérida y Tortosa por coronavirus. Expansión, 16 de marzo de 2020.
• Síntomas de coronavirus en una funcionaria y un juez clausuran los juzgados de Sepúlveda y Cuéllar. El Norte de Castilla, 16 de marzo 2020.
• Primeros positivos por coronavirus en los juzgados de Barcelona. Expansión, 17 de marzo de 2020.
• La Ciudad de la Justicia de Málaga, foco de contagio de coronavirus. El Confidencial, 18 de marzo de 2020.
• Desalojan la Ciudad de la Justicia de Valencia por sospechas de coronavirus. La Vanguardia, 18 de marzo de 2020.
• Los Juzgados de León cierran parte del inmueble tras dos casos positivos. Leonoticias, 20 de marzo de 2020.
• Juzgados de lo Contencioso de Valladolid cierran su sede de calle San José tras positivo de un trabajador. La Vanguardia, 20 de marzo de 2020.
• Clausuran las dependencias de los juzgados de lo contencioso al detectarse un contagio. El Norte de Castilla, 20 de marzo de 2020.
• Tres fiscales y una psicóloga aislados y un funcionario confirmado. Diario de Sevilla, 21 de marzo de 2020.

La queja generalizada sobre la improvisación de un Gobierno desnortado, que da palos de ciego en lo concerniente a la gestión de esta crisis, no empece las exigencias de los jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia. Sabemos que nuestro deber es servir a la sociedad en estos momentos difíciles, pero el deber del Gobierno es evitar los riesgos de contagio y propagación del virus, proporcionando las adecuadas medidas de seguridad. Lo nuestro es un servicio público, sí; pero debe prestarse en condiciones de seguridad y salud. Y es la Administración del Estado quien tiene ese deber «prestacional» que está incumpliendo.

Si no hay suficiente material de protección para todos los que atienden servicios esenciales para la comunidad, si hay que priorizar necesidades, al menos, reconózcanlo y hagan autocrítica. Pero no nieguen que los jueces, fiscales y demás trabajadores de la Justicia necesitan protección; no reprochen que pretendan trabajar a distancia, pues en estas circunstancias tan excepcionales, el teletrabajo no solo es una opción, sino que resulta imperativo para evitar contagios. Y mucho menos se crucen de brazos mirando hacia otro lado.

Juan Martínez Hernández, epidemiólogo, experto en Salud Pública de la Organización Médica Colegial, ha dicho que «es monstruoso, intolerable, que los protocolos vayan rebajando el umbral de protección de los profesionales y de utilización de los equipos de protección individual, simplemente porque no se encuentran y hay desabastecimiento: busquen, fabriquen, dediquen toda su energía y capacidad financiera a ello». Pues eso. Ahí lo dejo.

Alfredo de Diego Díez es Magistrado. Doctor en Derecho.

Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).