Comprar testigos es delito

No hace falta saber mucho de leyes para concluir que comprar testigos en un juicio es un delito grave contra la Administración de Justicia que conlleva penas de prisión, de modo que lo que hoy publica OKDIARIO tiene, por su trascendencia, que poner en guardia a las acusaciones personadas en el proceso contra David Sánchez, el hermano músico del presidente, y el que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE en las últimas elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo. Y es que la Diputación está premiando con puestos directivos precisamente a los testigos propuestos para el juicio que se celebrará el próximo mes de junio y en el que David Sánchez se sentará en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz.

En los dos últimos meses, aprovechando una cadena de ceses y nombramientos de personal eventual, así como ceses y nombramientos de directores de Área en la Diputación de Badajoz, uno de los agraciados para un cargo de alta dirección ha sido Víctor Peralta Jiménez, testigo propuesto para el juicio del hermano de Sánchez por la que fuera su ex jefa Elisa Moriano. A Víctor Peralta se le han atribuido temporalmente funciones de director del Área de Tecnología y Digitalización de la Diputación de Badajoz, pese a que no dispone de la categoría requerida. Por su parte, Cristina Natalia Correa Cruz, quien igualmente tendrá que declarar como testigo el próximo 2 de junio, ha sido nombrada recientemente letrada del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz, uno de los puestos más codiciados dentro de la Administración pacense. Esto va más allá de una mera cuestión de enchufismo; aquí es más grave: de lo que estamos hablando es de dos testigos que han sido «premiados» por la Diputación de Badajoz a escasos meses de que tengan que declarar en un juicio en el que serán juzgados altos cargos del organismo público en manos del PSOE. Huele que apesta.