Lo millor que tenim

Con motivo de las fiestas del solsticio de invierno (antes Navidad) la presidenta de las Cortes y secretaria general del PSIB, la socialista Francina Armengol, se ha dejado caer por estos pagos para felicitarnos a todos los baleares de bien. Haciendo gala de su proverbial neutralidad y hacer así honor al cargo que ostenta, la socialista ha arremetido contra el «desastre» que ha supuesto para los ciudadanos de Baleares el pacto suscrito entre PP y Vox que les ha permitido sacar adelante los presupuestos de 2024, recordándonos, una vez más, la sumisión canina de los de Marga Prohens a los intratables de Vox. Nada nuevo bajo el sol, ciertamente, no en vano la estrategia del socialismo, la única en realidad, no es otra que reiterar que, en el fondo, PP y Vox son lo mismo.

Armengol nos ha advertido de la amenaza que supone Vox, consigna que aburre hasta a las ovejas menos a los discípulos de Carles Manera que, como el doctor Pérez Montiel, siguen alarmados por «el peligro que supone Vox» puesto que, a juicio del doctor, esta exótica formación se atrevería a señalar delirios como los indudables efectos de la inmigración descontrolada y masiva o el abuso de unas élites extractivas que parasitarían al pueblo. Vox, para horror de Montiel, hasta se atrevería a defender, lo nunca visto, la unidad de España frente a socialistas, filoterroristas, separatas, golpistas, bolivarianos y nacionalistas sin Estado. ¡Que España no se rompe, cretinos de Vox! En fin, esperemos que Dios le conserve la vista después del solsticio de invierno cuando vuelva a las aulas.

Como era previsible, Armengol no se ha detenido en el miedo a Vox, también se ha referido al plan piloto voluntario de libre elección de lengua para el que se han reservado 20 millones de euros de las cuentas de 2024. La socialista ha apelado a la «paz social» con los docentes a los que se ha referido como «lo millor que tenim», «lo mejor que tenemos» en Baleares. Esta identificación carnal con los docentes (cul i merda, que decimos en mallorquín) es cuando menos sospechosa cuando tal adhesión incondicional proviene de las mismas fuerzas políticas que no hacen sino repetirnos que las aulas nunca han estado politizadas.

Si alguien escucha atentamente las declaraciones de los representantes socialistas nunca escuchará deslizar la menor crítica a la labor de los docentes en Baleares, considerados poco menos que héroes que luchan en las trincheras de la ignorancia y la superstición y que, por consiguiente, merecerían recibir la medalla de oro de la comunidad autónoma por hacer su trabajo. Cualquier crítica al sistema educativo es interpretada como un cuestionamiento a la magnífica labor de unos docentes que se estarían dejando la piel para educar a nuestros hijos. ¡No se puede ser más malvado y desagradecido!

De ahí que ante los pobres resultados del informe PISA 2022 ningún socialista haya dado la cara ni haya dado ninguna explicación al respecto. Ninguno de ellos. Paradójicamente, la única pregunta realizada al consejero de Educación, Toni Vera, en relación a PISA 2022 la ha realizado la portavoz parlamentaria de Vox, no ningún diputado del PSIB o de Més, los máximos valedores en principio de la labor docente. Tal vez convenga recordar los resultados de la enseñanza pública en Baleares, muy por debajo de los resultados obtenidos por la enseñanza privado-concertada (que tampoco está entre las mejores de España, dicho sea de paso), para darnos cuenta de la magnitud de la debacle.

En matemáticas los institutos públicos en Baleares han obtenido 464 puntos frente a los 489 de los concertados, 25 puntos menos, lo que significa un retraso de más de un curso (la OCDE considera que una diferencia de 20 puntos en PISA es equivalente a un curso de diferencia). En comprensión lectora, la privada-concertada obtiene 495 puntos y la pública 462, 33 puntos de brecha, más de un curso y medio de adelanto a favor de la concertada. En ciencias, la concertada logra 500 puntos frente a los 472 de la pública, 28 puntos más, un adelanto de casi un curso y medio. Los ya de por sí pobres resultados de la enseñanza estatal serían todavía más pavorosos si en la muestra -unos 2.000 alumnos- se hubieran incluido los alumnos con necesidades educativas especiales que, naturalmente, se han dejado fuera. A todo esto hay que añadir que, desde el punto de vista del contribuyente, cada plaza pública cuesta de media el doble (unos 7.000 euros anuales) que una plaza concertada.

Las justificaciones al fiasco educativo, como decía, no han venido del PSIB ni tampoco de Més, sino de los sindicatos docentes, de algún que otro periodista o de algún catedrático de la Facultad de Educación que han tratado por todos los medios de quitar hierro al asunto, señalando las «limitaciones» de PISA y coincidiendo en lo mismo: PISA sólo evaluaría conocimientos y habilidades puramente académicos -propios a su juicio de un enfoque elitista, demodé y neoliberal- y no otros aspectos tanto o más importantes que los académicos como puedan ser la integración de los alumnos inmigrantes y peninsulares, el bienestar emocional del alumnado, la equidad entre nativos e inmigrantes, la cooperación en el trabajo en grupo, la cohesión social o la formación de un verdadero espíritu ciudadano.

Algunos incluso han llegado más lejos, apuntando directamente a unos padres que nunca deberían haber tenido la osadía de… ser padres. Es el caso de Francesc Canosa que, en un artículo publicado en el todavía subvencionado digital arabalears.cat, se ha despachado a gusto diciendo que «estoy seguro de que muchas criaturas continuarían de vacaciones eternas en la placenta si supieran que quien les espera fuera son estos nada, estos no seres. Estos no padres». Hasta aquí están llegando algunos antes de admitir culpa alguna.

Como vemos, la estrategia de la izquierda consiste en eximir de cualquier tipo de culpabilidad al cuerpo docente y a los directivos de los centros mientras desvían sus dardos hacia la sociedad, hacia el peculiar modelo económico de las Islas que incentivaría el abandono escolar al permitir encontrar trabajo de camarero sin estudiar, hacia las familias, las pantallas o los teléfonos móviles. Y cuando no, apuntan a clásicos como las ratios o la falta de inversión, o siguen innovando como en esta falta de «trabajadores sociales en los centros que ayuden» a llevarse bien a padres y profesores, como señalaba el cátedro mencionado. En fin…

Esta aversión a la rendición de cuentas y a la asunción de responsabilidades del zurderío patrio es perfectamente coherente con la gestión de Martí March al frente de Educación. Como ha informado OKBALEARES, a lo largo de sus ocho años al frente del departamento, March sólo sometió a una prueba de diagnóstico externa y objetiva a los alumnos de primaria y secundaria. Hasta su aterrizaje en Educación estas pruebas diagnósticas de toda la población escolar de cuarto de primaria y segundo de la ESO se realizaban casi todos los años.

Se trata de evaluaciones orientadoras e informativas para uso exclusivo de los centros que ni siquiera pueden hacerse públicas al objeto de evitar hacer rankings de colegios e institutos, no vaya a ser que entremos en una demoníaca espiral competitiva que «perjudique a los más necesitados» (en realidad, es al revés: son los más necesitados quienes resultan ser los más perjudicados por el oscurantismo actual). Incluso este tipo de pruebas habrían sobrado a March. Todo indica que el actual alcalde de Pollença sólo estaba interesado en la matriculación y en la titulación, o sea, en maquillar las terribles tasas de abandono y fracaso escolar. Llegó con este encargo y poco le importó lo que los alumnos aprendieran, de ahí las fuertes presiones de sus subordinados a los colegios para que relajaran los criterios para el aprobado general y la promoción automática y a los tribunales de oposición para que se dieran el mayor número posible de plazas.

Así degeneran los servicios públicos universales y gratuitos (aunque muy caros) como la educación. Habrá que preguntarse algún día por qué Armengol y la izquierda siguen defendiendo a los docentes y a los directores a capa y espada sin pedirles ninguna responsabilidad por los resultados académicos cuando los principales perjudicados serían en principio sus propios votantes y la propia esencia de una «conquista social» como es la enseñanza pública gratuita y universal.

Ninguna empresa privada podría sobrevivir a un balance semejante sin que los beneficiarios (familias) y accionistas (contribuyentes) la hicieran quebrar más pronto que tarde. Una empresa tan ruinosa sería expulsada del mercado por los soberanos consumidores. Claro que en un verdadero mercado los soberanos consumidores tienen libertad de elegir, un derecho que se les hurta a las familias y que el statu quo se resiste a concederles frente a la cansina impertinencia de… Vox, de ahí el miedo y el odio cerval a una formación tan descarada. El manoseado «miedo a la ultraderecha» es en realidad el miedo a perder sus privilegios.