Ley de la Corona: un paso adelante para la Casa Real

Tan sólo nueve artículos de la actual Constitución española contienen los principios que afectan a la esencia misma de la Monarquía y que recogen los derechos y deberes que corresponden al Rey y a su familia. Atribuciones como la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta representación del Estado español, definir que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que todos sus actos tienen que estar refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes, son algunos de los derechos que están en la Carta Magna.

Pero desde hace más de 30 años, ha habido varias ocasiones en las que se ha contemplado la necesidad de concretar y definir algunos de esos artículos por medio de una Ley Orgánica. El propio Sabino Fernández Campo, uno de los Jefes de la Casa del Rey más influyente durante los primeros años de reinado de don Juan Carlos, planteaba a los periodistas que seguíamos a diario a los Reyes la conveniencia de completar el articulado de la Constitución con una ley que elevara a un rango superior esos deberes y derechos del Jefe del Estado y no se dejara al albur de posibles incertidumbres.

Personas de leyes próximas a la Familia Real consideran que en estos momentos, en que la institución de la monarquía se ha visto tan expuesta a críticas por la irregular y poco ejemplar conducta del Rey emérito, es no sólo conveniente sino también necesaria esa Ley de la Corona anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e impulsada también por el Palacio de la Zarzuela. En principio, las fuerzas políticas opositoras al actual Gobierno no han rechazado de plano la idea de legislar la actuación del Jefe del Estado y su familia. Pero sí han expresado sus temores de que esa iniciativa encierre alguna trampa que ponga en riesgo la existencia futura de la monarquía como sistema de Estado, en cuyo caso se opondrían a la propuesta dada a conocer por Pedro Sánchez esta misma semana. Sus temores van por la vía de que se aproveche la ocasión para limitar el poder de la Jefatura del Estado o para someter a los miembros de la Corona a la justicia sin ningún tipo de protección y eliminar la inviolabilidad que ahora es total y ha servido para proteger al anterior monarca de la acción directa de los tribunales de justicia. Lo que es indudable es que ese artículo debe dejar claro que la protección legal que debe tener el Rey debe afectar tan sólo a los actos oficiales de su vida pública, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno al ser quien los tiene que refrendar.

Dentro de los riesgos que para algunos supondría la Ley de la Corona es que los partidos que están ahora inmersos en una campaña para acabar con la Monarquía y la instauración de una República, aprovechen el momento para insistir en celebrar un referéndum para que la ciudadanía se defina sobre la forma de Estado, algo que tiraría por tierra el intento conjunto de Zarzuela y Moncloa de adecuar la ley a las exigencias del siglo XXI sobre una Monarquía moderna y actual.