‘Justicia’ para los palestinos, olvido para el Sáhara y Gibraltar

En la semana en que se esperan nuevas investigaciones judiciales y comparecencias en el Senado sobre la corrupción de su familia, Pedro Sánchez ha contraatacado con una serie de medidas contra el Gobierno de Israel para, según dice, detener “el genocidio en Gaza”.

Es una costumbre de la mayoría de los presidentes de gobierno españoles el ir a buscar problemas lejos de casa cuando los tienen al lado. Es el “síndrome del estrecho de Ormuz”, por el primer afectado, Adolfo Suárez, el cual, mientras ETA asesinaba a docenas de españoles y su partido, la UCD, se desmenuzaba, él peroraba sobre “el cuello de botella del estrecho de Ormuz” en el tráfico de superpetroleros durante la guerra entre Irán e Irak. Vista la pasión con que la izquierda reacciona ante la guerra en Gaza, y no sólo en España, Sánchez ha considerado que le conviene encabezar la manifestación con kufiya al cuello, más que proteger a los ciclistas de la Vuelta.

La hipocresía del marido de Begoña Gómez es inconmensurable. España está implicada en dos conflictos internacionales todavía indecisos y en los que es parte. Uno de ellos afecta al territorio nacional: la descolonización de Gibraltar, colonia británica desde el siglo XVIII. Las Naciones Unidas dictaminaron en los años 60 del siglo pasado que Madrid y Londres tenían que negociar la devolución del Peñón a España y que de ninguna manera podía convertirse la colonia en un paisito independiente, con la inmensa base militar, donde atracan submarinos nucleares, y transformado en paraíso fiscal.

Gran Bretaña se negó y organizó un referéndum de autodeterminación en 1967 no aceptado por la ONU. En respuesta, el régimen franquista cerró la verja, levantada por los británicos en 1907, y fomentó el establecimiento de industrias en el Campo de Gibraltar. En consecuencia, la colonia se convirtió en un lastre para la hacienda británica, hasta que un gobernante socialista, Felipe González, ordenó su apertura el 14 de diciembre de 1982.

Desde entonces, los gobiernos españoles no han pasado de simples declaraciones verbales, sin tomar medidas para hacer cumplir a Londres sus compromisos. Incluso se permite que los aviones que van al aeropuerto de Gibraltar, propiedad de la RAF y construido ilegalmente en 1939 y los años siguientes, penetren en el espacio aéreo español y, si no pueden aterrizar, lo hagan en el de Málaga.

Rodríguez Zapatero, también socialista, introdujo un representante de Gibraltar en las eternas conversaciones, propuesta que aceptaron inmediatamente los británicos y los llanitos. Y cuando la salida del Reino Unido de la Unión Europea daba a España nuevas cartas para cerrar la frontera y poner de su parte al resto de la Unión, Sánchez ha llegado a un acuerdo que ha entusiasmado a los colonos y a su metrópoli, lo que indica que será malo para España.

El segundo conflicto abierto corresponde a la antigua provincia del Sáhara Español, cuyo proceso de autodeterminación comenzó el franquismo en los años 70 y que interrumpió Marruecos aprovechando la enfermedad terminal de Franco en 1975; con la colaboración de Estados Unidos, por cierto.

Después de la Marcha Verde, España abandonó en 1976 el territorio, que se repartieron Marruecos y Mauritania, sin que se pudiera celebrar el referéndum de autodeterminación. Siguió una guerra entre los ocupantes y el Frente Polisario, hasta que en 1979 Mauritania se retiró y los marroquíes se apoderaron de su parte. Con el fin de la Guerra Fría, en 1991 se alcanzó un alto el fuego entre la República Árabe Saharaui Democrática y Marruecos, bajo supervisión de la ONU. El plan incluía la celebración del referéndum con el censo elaborado por España en 1992, pero el régimen alauita lo ha vetado, porque sabe que lo perdería. Los saharauis, hartos de tanto retraso y del maltrato dado por los ocupantes, volvieron a las armas en noviembre de 2020.

Las Naciones Unidas consideran a España potencia administradora del territorio y durante décadas Madrid mantuvo su adhesión al plan de la ONU. El único presidente que se implicó con seriedad para aplicarlo fue José María Aznar, junto con el enviado especial del secretario general de la ONU, James Baker. Estos esfuerzos concluyeron con los atentados del 11-M en 2004, cometidos, según la sentencia, por súbditos marroquíes. Quien sucedió a Aznar, Zapatero, no aplicó sus “ansias infinitas de paz” a este conflicto. Desde que dejó el gobierno en 2011, se ha convertido en uno de los más entusiastas apoyos extranjeros de Rabat, como prácticamente todo el PSOE, el partido más promarroquí de España, junto a los nacionalistas catalanes.

Después de la indolencia de Mariano Rajoy, llegó Sánchez en 2018, que mantuvo la habitual política española: apoyo verbal al referéndum y a la MINURSO, la misión de la ONU en el Sáhara, sin añadir ningún impulso, para no molestar al sultán Mohamed VI, cuyos súbditos tenían las puertas abiertas para instalarse en España.

La disputa del Sáhara se alargaba y alargaba, una de las pocas heredadas de la Guerra Fría que seguían sin solución, porque la monarquía marroquí no podía retroceder en su objetivo de anexión del territorio y sometimiento (o exterminio) de la población nativa. Hasta que en marzo de 2022, Sánchez rompió con la política española de adhesión a las directrices de la ONU y apoyó el plan de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí, que sólo contaba con el apoyo francés y al que se oponen los saharauis.

El socialista Sánchez todavía no ha explicado por qué modificó así la postura española y qué beneficios (si los ha habido) ha obtenido España de su traición a los saharauis.

Cuando en nuestras fronteras hay dos conflictos internacionales abiertos, ¿por qué Sánchez se va a meter (y con él a los españoles) en una tercera, a más de 3.000 kilómetros de distancia? No es por solidaridad, ni por compasión. Es por encuestas, la versión actual de las decimonónicas “guerras de prestigio”.