El intervencionismo frena el crecimiento

El Banco de España ha señalado hace unos días que la excesiva normativa y burocracia actúan como un freno para el desarrollo empresarial y económico, y es un obstáculo para la calidad institucional en España. La entidad ha advertido de que esta complejidad normativa, que incluye la publicación de una nueva norma cada cuarenta y cinco minutos, dificulta el crecimiento y la inversión de las empresas.

Esta realidad es a la que se tienen que enfrentar las empresas en España, y también en el conjunto de Europa, pero especialmente en nuestro país, donde el Gobierno se entromete cada vez más en la libertad individual y empresarial. Su actuación tiene un doble objetivo. En primer lugar, en el corto plazo, tratar de tapar sus problemas para la gestión con un intervencionismo populista, electoralista, demagogo, con el que tratar de aplacar a sus potenciales votantes culpando de los males de la economía a lo que llaman «los poderosos», con afirmaciones como las de la vicepresidenta Díaz que lo escenifica diciendo que «las empresas se están forrando» con la inflación. En segundo lugar, ese intervencionismo tiene un fin más a largo plazo, que es entrometerse en la vida de familias y empresas para decidir por nosotros cada cuestión de nuestras vidas, dejando sin margen apenas a la libertad individual y, con ella, a la necesidad de que cada sujeto económico asuma también su responsabilidad.

No se puede tener un país de subvencionados, débil, que no pueda pensar por sí mismo, que necesite de los cheques electorales que reparte el Gobierno a su antojo. Es una nueva forma de tratar de volver a la época del caciquismo de la Restauración, sólo que ahora con menos talento por parte de quienes distribuyen las prebendas.

Han intervenido el mercado de la luz, el del gas y el del alquiler. Quieren intervenir el mercado de las hipotecas -aunque ahí, con la normativa bancaria lo tienen más difícil- e incluso quisieron extender su intervencionismo al de los alimentos, limitando el precio de los productos. Es un intervencionismo que va contra la lógica económica, contra las leyes del mercado que rigen las transacciones y contra la prosperidad, ya que si hay intervencionismo puede generarse escasez y, con ello, mercado negro y precios todavía más elevados.
Si suben los precios, quieren subir el salario mínimo, que sólo empeorará las cosas -miremos a Venezuela para ver cuánto pueden deteriorarse con un intervencionismo continuo-, y así con cada faceta de la vida.

Si alguien se está enriqueciendo con la inflación –»forrando», en palabras de la vicepresidenta Díaz- es la Administración, el Gobierno de la nación, que está asfixiando a las familias y a las empresas con los impuestos, haciendo que paguen más debido al aumento de precios. Esa mayor recaudación, de decenas de miles de millones de euros, es a costa de los ciudadanos, que no pueden llegar a fin de mes mientras el Gobierno dilapida los recursos que les son drenados vía impuestos, mientras el Ejecutivo se niega a deflactar el IRPF.
Junto a ello, la maraña de normas y burocracia que señala el Banco de España, sólo entorpecen la gestión; desincentivan la creación de empresas, ante su dificultad; y encarecen los costes, que el tejido empresarial ya no puede afrontar en muchos casos. Es inviable estar al tanto de tanta normativa, especialmente para las pymes y autónomos, y muy costoso para las grandes empresas.

En definitiva, contamos con un intervencionismo sin límite, que empeora la vida de los ciudadanos y que al dificultar la actividad económica, tiene un efecto empobrecedor en la economía.