La inquietud de Castells con los fondos europeos

Les supongo informados de quién es Josep (o Pep) Castells, diputado autonómico de Més per Menorca. Castells es uno de los parlamentarios más brillantes del hemiciclo balear. El hecho de haber apoyado a Francina Armengol como presidenta pero no formar parte de los Acords pel Canvi ni tampoco del Ejecutivo balear -Més per Menorca no forma parte del Govern- le convierte en una de las voces más autorizadas e independientes de la cámara. Sus intervenciones son respetadas porque sabe de lo que habla y habla de lo que su bancada ideológica (Més per Mallorca, Podemos y el PSIB, aborregados en torno a la reina madre Armengol) no se atreve a hablar por no incomodar a la inquera. Su relevancia estriba no tanto en lo que dice como en quién lo dice, aunque tampoco hay que subestimar su inteligencia, realismo y conocimiento de los temas que trata. Resulta cuando menos curioso que en las últimas legislaturas el talento en el campo nacionalista provenga de la sosa Menorca y no de aquella aguerrida Mallorca que antaño contó con algunos diputados nacionalistas que, al lado de los actuales, parecen tener la estatura de gigantes. 

Desde hace un tiempo, Castells viene advirtiendo al Govern de la oportunidad única que la Unión Europea está ofreciendo a Baleares para transformar su economía. No es un asunto baladí. La izquierda balear y, en particular, los nacionalistas de Més, vienen clamando desde hace lustros por la necesidad de transformar el modelo económico balear anclado en un monocultivo turístico que, lejos de remitir, se afianza con el paso de los años. Castells se refiere a los 4.640 millones en fondos europeos Next Generation que la Unión Europea va a poner a disposición del Govern en los próximos años. Fondos a los que hay que añadir los 183 millones del factor de insularidad, cuyas inversiones a cuenta están todavía en el aire a la espera de que en 2022 se reúna la comisión mixta de Baleares y Madrid y decida qué hacer con ellos. 

Castells teme que Armengol y sus cuates desaprovechen esta magnífica oportunidad que ahora se le ofrece en bandeja de plata. A la vista de la inanidad inversora demostrada por los sucesivos multipartitos de izquierdas, sus temores son bastante lógicos. Durante el debate de los presupuestos en octubre ya advirtió de algunos contratiempos que podrían dar al traste con estas inversiones. Advirtió de un problema de plazos en la ejecución de estos fondos europeos para el 2022, unos plazos que de incumplirse podrían significar la devolución de estos dineros. Advirtió de que el actual organigrama del ejecutivo balear, plagado -añado yo- de direcciones generales ideológicas y completamente inútiles, tenía que remodelarse por completo para ponerse al servicio de la licitación y ejecución de unas inversiones multimillonarias a cuyas cantidades los últimos Ejecutivos autonómicos ya no están acostumbrados, dado el acentuado desplome en inversiones que se ha producido a nivel autonómico desde la etapa de Jaume Matas. Asimismo, Castells conoce el ridículo grado de ejecución presupuestaria del Govern a la hora de materializar este tipo de inversiones, unos proyectos que se anuncian a bombo y platillo para luego meterlos a menudo en el baúl de los recuerdos como el tren a Artà o el tranvía al aeropuerto.

Un rotativo local anunciaba estos días que el Govern «tendrá en construcción» 256 viviendas de protección oficial en 2022 cuando en los seis últimos años ha construido media docena. Fíjense en el verbo empleado, “tendrá en construcción”, lo que da fe de las dudas en la noticia del propio periodista. Que el mayor logro inversor de este Govern sea precisamente el llamado “Port petit” del Molinar, como ironizaba hace unos días el economista Pep Ignasi Aguiló en un excelente artículo, pone de relieve la auténtica capacidad gestora de este Govern y su reticencia a plantearse grandes proyectos que, aunque perentorios, puedan incomodar a una parte de los ciudadanos. Por no hablar de la capacidad de ejecución del inane Consell de Mallorca, con más de la mitad de las “microinversiones” previstas desde 2016 hasta 2018 con fondos de la ecotasa todavía sin empezar. 

Por último, Castells ha dado muestras más que “ostentóreas” -que diría Jesús Gil- de que no se fía de los compromisos de Armengol y de sus pronunciadas inclinaciones a desviar el dinero destinado a inversiones a gasto corriente y superfluo. El menorquín fue durísimo con Armengol a cuenta de la “ecofarsa”, el desvío de los fondos del impuesto medioambiental -105 millones- a proyectos que nada tenían que ver con sus fines originarios como eran la remodelación del Conservatorio de Menorca, la sede de la Simfònica o la ampliación del metro de la UIB hasta el Parc Bit, no digamos ya para sufragar el concierto de Los 40 principales de la cadena SER. La “perversión” de la ecotasa ha llevado a Més per Menorca y a Gent per Formentera (GxF), apoyos externos de Armengol pero alineados en el Grupo Mixto, a plantear la necesidad de una comisión parlamentaria que pueda controlar cada tres meses la ejecución de los proyectos a cargo de los fondos europeos Next Generation. Una comisión respaldada en principio por Més per Menorca y GxF junto con PP, Cs y Vox pero que no ha visto la luz debido a la claudicación en el último minuto de un Castells que probablemente no pudo resistir las presiones del tripartito gobernante para que diera marcha atrás.

La inquietud de Castells por que Armengol acabe tirando por la borda esta ocasión única de cambiar el tejido productivo de las Islas por otro algo más diversificado debería inquietar también al conjunto de nuestra izquierda caviar que, en general, ha hecho de la transformación del modelo económico balear uno de sus principales caballos de batalla. En las manos de esta izquierda autollamada “transformadora” está ahora que Armengol dedique estos miles de millones de euros a las inversiones que Baleares de verdad necesita o los acabe destinando a gasto improductivo y clientelar a modo de  autopromoción electoral de cara a los comicios de mayo de 2023.