El ministro tranquilo

Los casos de corrupción del sanchismo se contraprograman entre sí, y el cambio de residencia de Cerdán ha retirado el foco del posible caso Bolaños, que se ha quedado en una inquietante pausa.

Pero empecemos por ponernos en contexto repasando rápidamente las claves de la causa y, de esa forma, se podrá percibir nítidamente la trabazón de los pasos dados por el magistrado Juan Carlos Peinado. Se parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez por un puñado de presuntos delitos en la que la Audiencia de Madrid ha resuelto (en respuesta a varios recursos) que existen indicios suficientes de criminalidad. En una pieza separada de dicha instrucción, el juez investiga si hubo malversación de caudales públicos en los trabajos de la asesora Cristina Álvarez, dado que ‘realizó actividades solamente en beneficio y apoyo de la (no pública) actividad comercial de la esposa del presidente del Gobierno’. Esta investigación también fue impulsada por la Audiencia, que señaló que ‘parece que la actuación de la asesora excede claramente sus funciones’ y pudo haber una ‘clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración’. Y, más aún, señala la Audiencia la posible existencia de responsabilidad en el ámbito de la Moncloa, en concreto, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que consideran permitió ‘una clara y palmaria desviación’ del trabajo que debía realizar Álvarez.

A partir de ahí, el juez Peinado explica, en una exposición razonada elevada al Tribunal Supremo la semana pasada, que Félix Bolaños pudo participar cuando era secretario general de la Presidencia en el nombramiento de la asesora y que pudo conocer o controlar las tareas llevadas a cabo por la misma. En consecuencia, solicita al alto tribunal que valore si procede la investigación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Igualmente, el magistrado considera que Bolaños pudo incurrir en un delito de falso testimonio cuando declaró como testigo, en relación con estos extremos (específicamente, sobre quien fue el responsable de la contratación de la señora Álvarez), el pasado mes de abril ¿Verdad que vistos así, despacito y por su orden, el encauzamiento de la causa tiene todo el sentido y los pasos del magistrado parecen dados en la dirección correcta?

Pues bien, después de la exposición razonada del juez, Bolaños se apresuró a decir que está muy tranquilo (‘tranquilidad absoluta’, dijo) y vaticinó, con soberbia de más, que el Supremo tumbará la instrucción. Pero, ¿de verdad está el ministro tranquilo? ¿De verdad que no va a pasar el verano un poco agobiadillo?

De momento, ya ha empezado a relajar su displicencia y los comentarios sobre los miembros del poder judicial se han suavizado; incluso su verbalizado deseo de que esta pieza la analice el Supremo traía una loa expresa a ese Tribunal. ¿Cínicamente? Pues seguramente sí, porque el personaje es muy sibilino. Pero lo normal es que no esté tan tranquilo como pretende aparentar. Lo normal es que esté pensando que no es bueno seguir encabronando a los jueces siendo su ministro; que esté rumiando que esos jueces, por muy profesionales que sean, pueden no ser inmunes a críticas injustas; que esté preguntándose si quizá, si él no se hubiera comportado como su más encarnizado enemigo, ellos podrían ser más empáticos con su ministro y examinar con más cariño indicios que son bastante obvios. Y es que por muy triministro que sea y por mucho poder que acumule, sabe que la cosa ya no depende de él.

Lo cierto es que, y eso es lo que debería preocupar a Bolaños, el denostado juez Peinado ha hecho lo que debía hacer: poner la pieza separada en manos del Supremo con la confianza en que este decidiera abrir la investigación del ministro. Y debe verlo bastante claro, porque a ningún juez le gusta que el tribunal superior le dé un revolcón. Es cierto que la prosa jurídica del magistrado Peinado no es la más límpida y que existen errores flagrantes propios de una redacción apresurada y de la falta de revisión. Pero el Tribunal Supremo no le va a corregir la caligrafía, ni siquiera la sintaxis, sino que se va a quedar con lo que la mala semántica permite entrever.

Tampoco es el momento procesal para probar nada, sino para valorar los indicios apoyándose en el sentido común y en su experiencia. Después, esa valoración les llevará, o no, a asumir en el propio Supremo la investigación, pero así, a bote pronto, lo que se preguntarán es si es creíble que se pudiera contratar en la Secretaría de Moncloa a una ayudante para Begoña Gómez sin que directamente lo autorizara, o indirectamente lo permitiera, el secretario de Presidencia. Y aplicando la pura lógica, el sentido común y el olfato de los magistrados del Supremo es muy fácil que concluyan que, en lo que se refiere a la responsabilidad de Bolaños, el enjuague Alvarez Gómez no huele precisamente a colonia.