La infumable carta del golpista Puigdemont

Tras el requerimiento del Gobierno de España, el golpista Puigdemont ha respondido con una infumable carta, muestra insoportable de cinismo y desvergüenza y de la deslealtad absoluta con la que lleva tiempo comportándose la Generalidad de Cataluña respecto al Gobierno de España, el Estado del que somos ciudadanos y el conjunto de la sociedad española. Con ella, no es que haya confirmado que pretende vulnerar la legalidad vigente… sino que supone un nuevo episodio de una larguísima lista de incumplimientos legales y constitucionales y vulneraciones de derechos cívicos y ciudadanos. Y es que los no nacionalistas que residen en Cataluña siguen sin tener un gobierno que efectivamente los defienda como merecen. Desde el saludo inicial hasta la referencia última a la buena voluntad y al diálogo, la carta es un cúmulo de disparates que pretenden confundir al respetable, ganarse supuestamente a la opinión pública y seguir consolidando la independencia de Cataluña. Es decir, ganar tiempo para que no quede otra.

Puigdemont apunta que la situación que vivimos “exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura”, él que ha colocado a la sociedad catalana al borde del precipicio y fuera de la Unión Europea. Y cínicamente reivindica “el diálogo, la negociación y el acuerdo”, obviando sin ápice de vergüenza que no puede dialogarse ni negociarse ni acordarse con quienes vulneran la legalidad vigente y la Constitución Española. Habla de “numerosas personalidades e instituciones internacionales, españolas y catalanas” a las que supuestamente ha atendido para ofrecer una oferta de diálogo, obviando que no tiene más apoyos que los de su secta, los muy despistados o los muy reaccionarios. “Honestamente”, apunta, cuando destaca justo por lo contrario. En esa misiva, denuncia la “violencia actuación policial” del 1 de octubre… sin que se le caiga la cara de vergüenza. Y es que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cumplieron el mandato judicial encomendado y tuvieron que hacer frente no solo a la celebración de un referéndum ilegítimo e ilegal sino a la propia inacción de los Mossos de Esquadra que su gobierno ha venido dirigiendo y utilizando como policía política. Dice que muestra su voluntad de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, cuando es lo que lleva procurando desde hace al menos dos años, haciendo transitar a Cataluña por la senda de la división y el enfrentamiento y llevándola a un callejón sin salida.

El “marco europeo”, reivindica, justo a lo que se opone el nacionalismo disgregador que representa, ese que pretende levantar fronteras entre conciudadanos. Con “cada una de las partes” se refiere a sí mismo y al Gobierno de España, como si él no fuera en la comunidad autónoma de Cataluña el representante del Estado, ese contra el que se ha declarado en rebeldía. Puigdemont pide a Mariano Rajoy “que se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña” y pide que mande parar la actuación independiente de la Justicia contra quienes han participado en un clarísimo golpe contra la democracia. Lo de denominar “líderes de la sociedad civil catalana” a fanáticos nacionalistas solo puede entenderse como una provocación evidente y un insulto a esa parte de la sociedad catalana que ha visto vulnerados sus derechos cívicos por su propio gobierno, desde los miembros de los partidos constitucionalistas hasta estudiantes universitarios no adeptos al pensamiento único nacionalista, pasando por padres y madres a cuyos hijos se les impide estudiar en castellano o simples ciudadanos anónimos hartos de la presión insoportable del régimen, adoctrinamiento ideológico en las aulas incluido.

En un penúltimo alarde de cinismo político, dice Puigdemont que la actuación del Gobierno de España ha impedido a su gobierno atender “a las personas más necesitadas”, ellos que son los reyes de los recortes sociales y malversadores de fondos públicos a mayor gloria de la supuesta independencia de Cataluña. Habla de “represión y amenaza”, cuando no hay mayor amenaza que incumplir el ordenamiento jurídico ni mayor represión que empujar a millones de catalanes a la división y el enfrentamiento, rompiendo grupos de amigos, familias y compañeros de trabajo. Ante semejante respuesta, el Gobierno de España debe aplicar el artículo 155 y restaurar el ordenamiento constitucional en Cataluña, con el objetivo de restablecer los derechos ciudadanos vulnerados. Y el PSOE y Ciudadanos deben estar a la altura de las circunstancias, pensar en el interés general y apoyar al Gobierno en ese propósito, si es que efectivamente lo lleva a cabo. Y si por lo fuera duda o contemporiza, convencerle para que actúe sin más espera. Espero que se muestren unidos, actúen con inteligencia y estén a la altura de las circunstancias.