El indigno pacto de Sánchez e Iceta

En julio de 2018, un tribunal de un pequeño land alemán decidió que no procedía entregar al prófugo Puigdemont a España, por encima del criterio de nuestro Tribunal Supremo. Así, comprobamos que podía seguir residiendo en Waterloo, ya que la euroorden dictada por las autoridades judiciales españolas, no tiene efecto alguno ni allí ni en la capital de la UE.

Ante esta lacerante realidad —que sería  inimaginable en países como Francia, Reino Unido o Italia—, tenemos el derecho a preguntarnos cómo es posible que se produzca esta anomalía en la UE: Si los integrantes de la Unión son Estados democráticos y de derecho, en los que se presupone el respeto a los derechos humanos como exigencia previa para formar parte de la misma, ¿por qué se niega a nuestro país la detención y entrega de un reclamado por la justicia española?

Esta grave cuestión vuelve a ponerse de candente actualidad ahora, ante el próximo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE acerca de la inmunidad de Oriol Junqueras, que el pasado mes de mayo resultó elegido diputado al Parlamento Europeo. En línea con los antecedentes glosados, ahora es el abogado general de la UE el que se descuelga, afirmando que «la adquisición del mandato parlamentario únicamente puede depender del voto de los electores, y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna». Sin entrar en disquisiciones jurídicas, lo que procede preguntarse es si la ley es realmente igual para todos, o no. Porque, según la lógica de este singular letrado polaco, bastaría presentarse a unas elecciones al Parlamento Europeo tras haber sido juzgado, para que una eventual condena posterior quedara suspendida.

Como conviene no separar en exceso la lógica racional, la jurídica y el sentido común, tenemos que encontrar una respuesta a tamaño desafuero, que ha resultado ser un irrespetuoso desaire a España y su Constitución, fundamentada en «la indisoluble unidad de la nación española». Querer destruir esa unidad al margen de la ley, es justo la conducta por la que ha sido juzgado y condenado el Sr. Junqueras, y por la que también deberá responder judicialmente su colega Puigdemont.

Hay un refrán popular que dice: «Respétate a ti mismo, y los demás te respetarán», con su corolario: «Si tú no te respetas, no esperes respeto ajeno». Creo que en este aforismo encontramos la respuesta a lo que nos sucede a los españoles en Europa: No nos estamos respetando a nosotros mismos en la defensa de nuestra «patria común e indivisible», según reza nuestra Carta Magna. Y lo que es verdaderamente suicida para España: la persona y la fuerza política sobre la que en última instancia pivota la investidura del PSOE del Sr. Sánchez, y  aún la gobernabilidad, es —precisamente— el ciudadano acerca del que se ha pronunciado el letrado polaco de la UE.

El principio de no contradicción es un axioma clásico de la Lógica y la Filosofía: «No se puede afirmar como cierta una cosa y la contraria». Aplicado al señor Sánchez y su partido —si existe—, deberíamos decir que no se puede pretender gobernar un país apoyándose en quienes quieren destruirlo. Si el partido socialista está dispuesto a pasar por la indignidad de pretender hacerlo suplicando sus votos a Junqueras y ERC, hay que decir alto y claro que España no es un bien del que puedan disponer a su interés. Lo de Iceta y sus ocho o nueve naciones, supera lo admisible.

Por ello, a fin de que no haya dudas al respecto, afirmo una vez más que para evitar tamaño despropósito, hay que utilizar todas las legítimas posibilidades que nos brinda nuestro ordenamiento, comenzando por la misma Constitución. En el tiempo transcurrido desde su aprobación hace más de 40 años, nunca  había estado tan en riesgo. Y este peligro nos lleva a la misma subsistencia de la Nación española.

Así de claro: con su actuación, Sánchez se está convirtiendo en un riesgo para España, al pretender su investidura con quienes atentan contra nuestra dignidad y unidad nacional.