El gran paripé Puigdemont

Inda ha escrito que las posibilidades de que Puigdemont, si llega a España, cumpla de 10 a 15 años de cárcel son escasas, por no decir nulas. Pues bien, en la misma dirección, un jurista, de los que trabajan asiduamente en el Tribunal Supremo, me ha sugerido esta intencionada especie: “La Abogacía del Estado, o sea el Gobierno de Sánchez, está insistiendo en que la euroorden del juez Llarena está suspendida, lo cual puede ser una pista de que, tras la panoplia de declaraciones y posturas de unos y otros, puede esconderse una ‘operación de Estado’ que, de cumplimentarse en todos sus extremos, puede terminar con el indulto a Puigdemont en menos de un año”. Es decir, que esta sospecha no anida sólo en las retorcidas mentes de calenturientos periodistas, sino en la propia sede de un Tribunal, el Supremo, que sigue manteniendo que la tal Euroorden no está suspendida.

El propio abogado del fugitivo Puigdemont, Gonzalo Boye, ha insinuado que, efectivamente, existe una “operación de Estado” en el caso que nos ocupa. Bien es cierto que Boye, un tipo atribulado y falaz que suele envolver sus argumentos en celofán tóxico, marcha por otra vía. Por de pronto, no se ha cortado un pelo en indicar que de todo lo acaecido la semana pasada en Cerdeña, tenían perfecta información los ejecutivos de Italia y España, o sea, que el tipo no se presentó en la isla para provocar sólo a sus presuntos anfitriones, también a Marlaska, que de nuevo, según su inveterada costumbre, ha vuelto a mentir, y al mismo Sánchez que no pierde ocasión de ir cerrando, día a día, su pacto con los secesionistas catalanes. Es decir, que la confesión de parte del citado Boye, es, por lo menos, muy sugestiva.

¿Cuál será el próximo episodio de este paripé si es que nuestro jurista está en lo cierto? Pues él lo manifiesta, más o menos de esta manera: “No es descabellado pensar que el día 4, Puigdemont viaje otra vez a Cerdeña y que ni siquiera espere a que la pusilánime juez sarda le detenga, sino que, dócilmente, se entregue en el propio juzgado”. Y añade: ¿qué significaría eso? “Pues a mi parecer -añade- sería señal inequívoca de que hay un pacto articulado para que le traigan a España, esté provisionalmente no más de tres meses en prisión a la espera de juicio, se celebre éste con celeridad inusitada, se le condene a una pena sólo quizá por malversación, pena desde luego menor a la que sufrieron los otros golpistas de octubre del 17, y a continuación se le conceda un indulto rápido que le llevaría a la calle en menos de un año”. ¿Es disparatada la especulación? Pues, desde luego, mucho menos que la obstinación de la Abogacía del Estado en sostener la que la euroorden está suspendida, lo cual significa que, de ningún modo, Sánchez y su cuadrilla de juristas de cabecera desean que el individuo en cuestión sea enviado a España como vulgar reo. Eso, desde luego, no engordaría precisamente la hipótesis del pacto referido.

Ahora la fiel y entregada abogada general del Estado, la cómplice señora Chelo Castro, está a punto de perpetrar otro desatino: conseguir que el Tribunal de la Unión Europea tarde en informar si la vigente, porque lo es, orden de entrega del delincuente, es o no correcta. Curiosamente, es el mismo protocolo que está siguiendo Boye que esta semana presentará un recurso para acrisolar la inmunidad de su cliente. Verde y con asas. Por si acaso, aviso en esta crónica de la opinión que me transmiten dos eurodiputados antiguos de Bruselas. Me dicen, casi al mismo tiempo: “Si esperamos que Europa nos dé la razón, mejor dicho, se la dé nuestro juez Llarena, estamos listos. De Europa no se puede esperar nada, desde luego nada bueno”. De Europa, es cierto, nada por convenirnos; ahora bien, si Italia está, como lo está en la Unión, tendría que respetar y aplicar el Artículo 241 de su Código Penal, que reza así: “La condena a los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado, nunca será inferior a los 12 años de prisión”. Alguno de los pocos sardos que no quieren ser italianos, ya saben cómo se las gasta la Justicia cuando transgreden estos principios.

Naturalmente que si las sospechas que presentamos se cumplen, todo este presunto paripé, tendrá un objetivo: incorporar a la citada “operación de Estado” a los fanáticos de Puigdemont, a un acuerdo para resolver el maldito y embustero “conflicto catalán” con la convocatoria de una consulta preliminar, lo que podría denominarse “una consulta sobre la consulta” para preguntar a los convocados si están o no de acuerdo con abrir un referéndum para la relación de Cataluña con España. Eso es lo que viene preparando Sánchez desde los tiempos del gurucillo Iván Redondo, un enredador al que ya está haciendo bueno el solemne y también embustero Félix Bolaños. El pacto no es descartable, es quizá la propuesta que se esconde tras la cobarde actuación de la Abogacía del Estado que, de nuevo, se ha convertido en letrada leal de todos los desmanes que se le ocurren al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, aún okupante de La Moncloa, la que está convirtiendo en un remedo de palacio oriental que no reconocerían ya ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Aznar, ni el bodoque peligroso Zapatero, ni tampoco nuestro inteligente y melindroso Mariano Rajoy.