El Gobierno desincentiva el trabajo

El mercado laboral español presenta una de las distorsiones más persistentes y dañinas para su crecimiento: el elevado coste del trabajo derivado de una cuña fiscal que se sitúa sistemáticamente por encima de la media de las economías avanzadas. No se trata de una cuestión menor ni técnica, sino de un elemento estructural que condiciona la capacidad de creación de empleo, la competitividad empresarial y, en última instancia, la prosperidad del país.

Según los últimos datos de la OCDE, publicados en su informe Taxing Wages 2024 y 2025, la cuña fiscal en España alcanza ya el 41,4% del coste laboral para un trabajador medio, frente a una media del 35,1% en la OCDE. Es decir, más de seis puntos porcentuales por encima. Este diferencial no es anecdótico: implica que casi la mitad del coste que asume una empresa por un trabajador no llega a su bolsillo, sino que se canaliza a través de impuestos y cotizaciones sociales.

Este dato se confirma en series recientes: en 2024, la cuña fiscal española se situaba en torno al 40,6%, frente al 34,9% de media en la OCDE, manteniendo una brecha estructural de aproximadamente seis puntos. La diferencia no sólo persiste, sino que tiende a ampliarse, en la medida en que el incremento de cotizaciones sociales —especialmente las empresariales— y la falta de ajuste del IRPF a la inflación elevan progresivamente la carga sobre el trabajo.

Mientras que en España, la cuña fiscal crece un 0,31%, en el conjunto de la OCDE crece un 0,15%: crece el doble en España que en la media de la OCDE.
España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE y en la parte alta del ranking, especialmente si se atiende a la composición de esa carga: el peso de las cotizaciones empresariales es significativamente superior al promedio internacional.

De hecho, este es el rasgo diferencial clave. Mientras que en la OCDE las cotizaciones empresariales representan aproximadamente el 13-14% del coste laboral, en España superan el 23%, es decir, casi diez puntos más. Este diferencial encarece de manera directa la contratación, elevando el coste efectivo de cada trabajador independientemente de su productividad.

Las implicaciones económicas son evidentes. La cuña fiscal actúa como un impuesto sobre el empleo: cuanto mayor es, menor es el incentivo a contratar. Desde la perspectiva de la empresa, el salario deja de ser el único elemento relevante; lo determinante es el coste total, que incluye cotizaciones y cargas fiscales. Cuando este coste se eleva artificialmente, muchos proyectos de contratación dejan de ser rentables.

Esto es especialmente grave en un tejido productivo como el español, caracterizado por la abundancia de pequeñas y medianas empresas, con márgenes estrechos y limitada capacidad de absorción de costes. En este contexto, una cuña fiscal elevada no es un elemento neutro, sino una barrera directa a la creación de empleo.

Pero el problema no se limita a la contratación. También afecta a la asignación eficiente de recursos. Cuando el coste del trabajo se eleva por razones fiscales, las empresas tienden a sustituir empleo por capital, externalizar actividades o, en el peor de los casos, deslocalizar producción. El resultado es una menor densidad empresarial y un menor dinamismo económico.

Desde el lado del trabajador, la situación tampoco es mejor. La elevada cuña fiscal reduce el salario neto percibido, debilitando los incentivos a la oferta laboral. La diferencia entre lo que cuesta un trabajador y lo que realmente recibe genera una desconexión que distorsiona la percepción del esfuerzo y limita el atractivo del empleo formal.

Gravar el trabajo de manera tan intensa equivale a desincentivar su creación, de manera que una economía que penaliza el empleo está condenada a crecer menos, a generar menos riqueza y, en última instancia, a empobrecerse.