La Generalitat, en quiebra

El gobierno de Salvador Illa publicaba este martes -al día siguiente del apagón- un anuncio en la prensa tradicional sobre sus logros económicos. «Las cuentas de la Generalitat de Catalunya», titulaba la inserción a toda página.

Los méritos, a su juicio, eran más de 330 millones de superávit corriente; una rebaja del 0,41% del déficit sobre el PIB -2.648 millones en números absolutos-; el pago a proveedores reducido a 27 días; y un 97% en la ejecución del presupuesto.

Luego indicaba que la mayor parte se había gastado en sanidad -más de 15.000 millones-, 8.800 en educación, 3.600 en prestaciones sociales, y casi 2.000 en transportes. Aunque sospecho que son las partidas habituales.

Lo que no decía es que, de momento, no tiene presupuesto. Y que ha tenido que pactar otra ampliación de crédito de 1.300 con ERC y los Comunes.

Que no haya presupuesto, lamentablemente, tampoco es novedad. Sánchez va para tres ejercicios sin presentar las cuentas al Congreso. Hasta ahora semejante récord lo tenían los ‘indepes’. Entre el 2017 y el 2020, Puigdemont y Torra tampoco presentaron presupuestos, pero como estábamos en la vorágine del procés nadie se lo reprochó.

Aragonès alardeó de que iba a presentar sus números a tiempo. Pero luego se rompió el gobierno de coalición con Junts y ni eso. Illa va ahora por el mismo camino que sus predecesores. A pesar de que la ley de presupuestos es la más importante del período de sesiones.

En teoría, sin ella, no se puede gobernar. Y el propio Pere Aragonès avanzó elecciones -perdió trece diputados de golpe- porque los Comunes le tumbaron las cuentas. Sánchez hizo lo mismo en el 2019. No le salió mal la jugada. Pero eran otros tiempos.

Lo peor de todo, pese a la gravedad, no es eso. Lo peor es que si la Generalitat fuera una empresa privada ya tendría que haber cerrado. La deuda no ha parado de crecer año tras año.

Una vez me confesó Francesc Homs, que había sido consejero de economía en el último gobierno de Jordi Pujol (2001-2003), que él había sido el último titular de Economía en dejar las cuentas equilibradas. No confundir, por cierto, con el otro Francesc Homs, que fuera portavoz del gobierno de Artur Mas (2010-2015) y uno de los gurús del procés. Así nos ha ido.

Con Maragall (2003-2006) pasó de 11.000 a 15.000 en números redondos. Montilla (2006-2010) subió la deuda hasta 35.000. Luego, con Artur Mas, de 35.000 a 72.000 en solo cinco años. Puigdemont la dejó en 75.000. Torra en casi 80.000.

La cifra no ha parado de crecer desde entonces: 82.000 en el 2021, 84.000 en el 2022, 85.000 en el 2023 y finalmente 89.000 el año pasado. La excusa del independentismo es que «Espanya nos roba». Y no negaré yo la infrafinanciación

Pero es sabido que, a diferencia de los vascos, los catalanes rechazamos el concierto económico al inicio de la Transición. Debieron pensar que lo de recaudar impuestos, mejor que lo haga Madrid, que tiene mala fama.

Sin olvidar tampoco que, en algunos casos, han tirado la casa por la ventana. No digo ya en las ‘embajadas, pero recordar por ejemplo que de las últimas cosas que hizo Pere Aragonès fue asegurar 1.300 millones de euros para TV3 en los próximos cuatro años. De las últimas y de las primeras porque tampoco se caracterizaba el hombre por su obra de gobierno.

Además, como con el procés, mi confianza está por los suelos, estoy convencido de que aunque tuviéramos el mejor sistema de financiación del mundo -o incluso fuéramos independientes- el gobierno catalán generaría déficit.

Gobernar es dos más dos igual a cuatro. Te puedes endeudar hasta cinco porque una administración pública no persigue el beneficio económico pero poco más. Cuanto más deuda, más intereses. La pelota está servida. Y acabamos pagando los ciudadanos. En el fondo he llegado a una conclusión temible: los catalanes no sabemos gobernarnos. Porque gobernar es también gobernar con austeridad.