Un fiscal general en el banquillo

El equipo que conforma la Opinión Sincronizada Sanchista está de los nervios. ¿Cómo han osado dos magistrado del Tribunal Supremo (avalados por otros 50) avalar la instrucción de Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado? ¡Qué se han creído!
La sincronizada mediática sabrá la razón o razones para acusar a los magistrados del Alto Tribunal de prevaricación y desdén al Estado de Derecho. Porque, que se sepa, el único que ha puesto en solfa la legalidad no ha sido otro que García Ortiz con sus filtraciones con interés político y con sus borrados de sus mails como un delincuente ordinario, sus whastapps y todo aquello con lo que se pudiera demostrar que se cargó la confidencialidad que ampara a cualquier ciudadano ante la Agencia Tributaria.
No conozco al novio de Ayuso, ni interés alguno tengo en ello. Me da igual quién sea el interfecto, nombres y apellidos ad hominem. No se trata de eso. Se trata de que un fiscal, que cobra de los contribuyentes para perseguir delitos, no puede convertirse (presuntamente por ahora y hasta que haya sentencia) en un funcionario que viola la norma. ¿Por qué calló él, un fiscal general, ante el juez instructor?
En el Gobierno y entre muchos de sus compañeros de carrera hay gente que considera un error mantenerse en el cargo. Sánchez sabrá la razón para mantenerle en el cargo. ¿Quizá porque García Ortiz conoce asuntos que no interesa que se conozcan, sobre sus relaciones con el jefe del ejecutivo? No han dicho nada y, como no han dicho, nada las sospechas aumentan.
Lo que ha quedado claro a lo largo de estos abigarrados meses es que García siempre se comportó como un fiscal de partido, esto es, del PSOE. Desde sus años de Galicia. Y a medida que pasa el tiempo esa conclusión se agranda.
Por el momento y a espera de sentencia, lo que ha conseguido es ser el primer fiscal general en ser procesado con un deterioro extraordinario de la institución fiscal. Tengo para mí que no aguantará en el puesto ante la perspectiva de sentarse en el banquillo. Y tampoco que haya aceptado la invitación de su compañera de «gobierno», Ana Redondo, para la cenita en Valladolid. El todavía FG a estas alturas debe haber comprendido que en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos. Definitivamente, la imagen de un fiscal general sentado en un banquillo es incompatible con la Constitución y la decencia.
¡Dura lex! ¡Dura vida!