Financiación autonómica: la solución es gastar menos

Financiación autonómica: la solución es gastar menos

Los últimos días han seguido marcados por la cascada interminable de declaraciones sobre el sempiterno debate de la financiación autonómica. En el bando socialista, la propuesta del presidente del General de Valencia de crear un impuesto especial para Madrid fue calificada de “ocurrencia” por la consejera socialista de Extremadura Pilar Blanco Limones. En el bando popular, algunas CCAA presumen de haber bajado impuestos, Madrid recuerda cuánto aporta al fondo común pese a que sus impuestos son inferiores a los del resto, y unos y otros recuerdan que cobrando menos recaudan más porque paga más gente.

Desde su creación, las CCAA han sido una especie de pozo sin fondo caracterizado por asumir gastos claramente excesivos. En ocasiones por hacer cosas por encima de sus competencias, lo cual va siendo reconducido por los mecanismos legales (recursos de inconstitucionalidad, procesos penales por malversación etc). En otras, por hacer cosas superfluas. Cosas que sin embargo son legales porque la capacidad política autonómica es muy amplia en las llamadas “competencias concurrentes”: aquellas materias en las que la Constitución permite que cualquier administración haga cosas porque se considera positiva una acción amplia del Estado en todos sus niveles (medio ambiente, vivienda, juventud o cultura).

Llegados a la situación actual, si se considera que las CCAA tienen poco, deberían limitarse a hacer lo justo. Y si no se pueden hacer macro-festivales de rentabilidad dudosa, tener una radio-televisión regional con varios canales, o poner un instituto para promocionar dialectos o convertir a la capital de España en capital del español (árdua tarea), pues que no lo hagan. Incluso, si no pueden dar gratis todo lo que actualmente es gratis, tal vez ha llegado el momento de dejar de hacerlo o introducir copagos. Incluso si no pueden cubrir necesidades sociales a través de políticas públicas (por ejemplo en materia de empleo o vivienda), podrían facilitar su cobertura ampliando posibilidades al mercado (favoreciendo la creación de más empleo, o facilitando un régimen más libre del suelo para facilitar que aumente la oferta y baje el precio de la vivienda).

Esto podría lograrse limitando las competencias concurrentes de las CCAA en una hipotética reforma de la Constitución para que nuestro Estado no sea una ruina. Pero como eso no va a suceder a corto plazo, el camino es que las CCAA hagan el humilde favor de reducir de una vez el gasto. Algo a lo que ni la liberal Madrid parece dispuesta, pues siempre alega que con su fórmula recauda más.

Los ciudadanos estamos saciados de políticas estatalistas. No queremos que recauden más, aunque sea bajando impuestos. Queremos que recauden menos, a ser posible bajándolos más de las leves diferencias actualmente existentes entre CCAA. No vale engañarnos diciendo que han suprimido el impuesto de sucesiones cuando ello solo afecta a las herencias de padres a hijos. Suprimirlo implicaría que tampoco se pague cuando se hereda a un tío, cosa que actualmente no sucede.

En suma, las posiciones de PP y PSOE sobre la financiación autonómica son un permanente parcheo, pan para hoy y hambre para mañana, que solo pretende disputar entre ellos pero sin abordar el problema de fondo: el gasto es excesivo, y se puede y debe bajar lo antes posible.

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