En la España de Sánchez el golpista Castillo estaría en la calle

El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra detenido acusado de un delito de sedición/rebelión por subvertir el orden constitucional. En su intento de librarse de una nueva moción de censura que le desalojaría del poder, Castillo anunció la disolución del Congreso, el control de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, además de un toque de queda nocturno y la sustitución de toda la actividad legislativa por un Gobierno en base a decretos presidenciales. Matices aparte, lo hecho por el dictador peruano no dista mucho de lo ocurrido en España durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, en España el golpista Pedro Castillo estaría en la calle, como lo están los golpistas catalanes que subvirtieron el orden constitucional. En la calle y con el horizonte penal despejado, porque el delito de sedición dejará de existir en breve y el delito de malversación será reformado a conveniencia de los golpistas

Pero hay más: la lista de medidas que anunció Castillo incluía la disolución «temporal» del Congreso y la creación de un «Gobierno de emergencia excepcional», con vistas a unas elecciones constituyentes en un plazo de nueve meses. Durante esos nueve meses, él gobernaría el país en base a «decretos ley» presidenciales. Se establecía, además, un toque de queda desde las 22 a las 4 horas. Además, Castillo anunciaba cambios profundos en la justicia para adecuarla a su nuevo estatus presidencial. Pues bien: la lista de los planes que contemplaba Castillo, analizada detenidamente, guarda similitud con lo hecho en España por Pedro Sánchez, que en marzo de 2020, tras decretar el estado de alarma, cerró el Congreso ante las críticas de la oposición. Volvió a repetirlo durante los meses que duró el segundo estado de alarma, desde octubre de 2020 hasta abril de 2021.

Durante todos esos meses , Sánchez «canceló» la capacidad de fiscalización política del poder legislativo al ejecutivo y decretó un estado de alarma inconstitucional. Así lo entendió el Tribunal Constitucional en la sentencia que declaraba contraria a la Carta Magna la primera declaración de alarma por parte del Gobierno, y más tarde la segunda. Los magistrados entendieron que la aplicación durante seis meses seguidos de este mecanismo excepcional supuso, en la práctica, dejar al Congreso «privado» de «su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas». «Quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma», concluyó el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, una de las claves del autogolpe fallido de Castillo consistía en asaltar la Justicia, la misma que amenazaba su supervivencia como presidente acorralado por la corrupción. Ese control, como lo articuló Castillo en su declaración, iba dirigido al sistema judicial, a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional. ¿A qué les recuerda? En 2020, Sánchez designó a su ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los esfuerzos de Sánchez en ese intento por controlar la Justicia han pasado también por situar en el Tribunal Constitucional a dos magistrados afines, saltándose el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, órgano al que Sánchez prohibió designar candidatos para el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia.

En España, subvertir el orden constitucional, suspender el Congreso de los Diputados, decretar ilegalmente el estado de alarma o intervenir el CGPJ sale gratis.