La España Constitucional al borde del precipicio

Lo que está sucediendo estos días en España cuadra a la perfección con aquella frase del «democrático» líder político Otegi: «Lo primero es la voluntad del pueblo, las leyes vienen después». Es el eje argumental del Gobierno, del que es aliado prioritario, y del resto de socios como Podemos, y ERC. Resulta que lo democrático y correcto para ellos es pactar con quienes son tan respetuosos con la Constitución como los que dieron un golpe contra ella, o con los sucesores y avalistas políticos de ETA. De Podemos, hechura autóctona de las repúblicas plurinacionales bolivarianas, su concepto de la democracia y de la división de poderes queda resumido en la llamada efectuada a no reconocer la decisión del Tribunal Constitucional si no es la que ellos desean: «Al final hay que decidir si manda el pueblo o mandan unos jueces ultras», ha dicho hoy su portavoz en el Congreso, y que «no habría motivos para acatar una orden como esa», proferida por el ex secretario general del PCE. Todo ello acompañado de las amenazas que el gobierno directamente dirige al Tribunal con un nada sutil lenguaje: «Esperemos que el Tribunal no acepte lo que pide el PP…».

Yendo a los hechos: se dirime, por una parte, si se respetan derechos fundamentales de los diputados al obligarles a pronunciarse en cuatro días, nada menos que sobre cuatro leyes orgánicas de gran importancia, con un procedimiento absolutamente irregular, que incluye reformas de las leyes del Poder Judicial y del mismo Tribunal Constitucional, mediante simples enmiendas a una proposición de ley que no tiene relación causal con ellas.  Proposición, por otra parte, y no proyecto de ley, como procedería para modificar nada menos que el Código Penal pactado con los beneficiarios de su reforma efectuada a la medida de sus intereses, lo que impide que los órganos consultivos – CGPJ y Consejo de Estado- puedan emitir sus preceptivos informes. Todo esto, resumidamente, en cuanto al procedimiento legislativo utilizado por el gobierno en clara violación de lo que la práctica legislativa dicta para casos de esta relevancia. En cuanto al fondo, el problema es que si es aprobado ese paquete legislativo con esas enmiendas, entraría en vigor inmediatamente y sus efectos serían irreparables en cuanto conllevaría la remoción de varios magistrados del Tribunal Constitucional en claro fraude de ley, y que serían los que deberían pronunciarse posteriormente acerca de ello.

El Gobierno de Sánchez habría así conseguido anular los órganos y poderes que arbitran sobre la constitucionalidad de las leyes y actos del gobierno, con lo que la división de poderes quedaría anulada de facto, convirtiendo a nuestra democracia parlamentaria en una pseudodemocracia populista de poder único. No debe olvidarse que centenares de cualificados miembros de la sociedad civil, incluyendo ex ministros y altos cargos, ex diputados y senadores de diversas legislaturas y gobiernos, incluidos socialistas, así como ex destacados miembros del Tribunal Constitucional, también propuestos por el PSOE, catedráticos de Derecho Constitucional, profesores, escritores, etc.  se han pronunciado mediante un Manifiesto público en defensa del Orden Constitucional y en contra de estas iniciativas. Esta iniciativa transversal, política e ideológica, desde el punto de vista de sus diversos y cualificados cosignatarios, ya da una idea de la gravedad de la situación a la que el sanchismo «químicamente puro» está llevando a España en lo que constituye una auténtica mutación constitucional por la puerta de atrás. No exagera tampoco Feijóo al decir que lo que se dirime ahora es «o Sánchez o España», ya que su obra de gobierno viene definida por una estrategia claramente definida como de carácter rupturista con la España Constitucional y aun con la misma España en su integridad territorial. Al final va a tener que tomarse en serio el papel que algunos adjudican a un conocido personaje, de ser el instigador y financiador de la estrategia de ruptura de España, que su discípulo Pedro Sánchez estaría ejecutando con implacable adecuación a lo que en 2018  ya fue denunciado en una obra literaria que resulta ahora profética.