Escándalos en torno a las ONG: qué hacer ante ellos

En estos días han saltado a los medios de comunicación varios escándalos alrededor de malas praxis efectuadas por diversas ONG, algunas rozando, si es que no incidiendo directamente, en conductas delictivas. La más aireada ha sido la contratación de prostitutas por parte de Oxfam, organización internacional especializada en cooperación al desarrollo, durante una de las misiones en las que intervinieron tras el terremoto de Haití, pero no ha sido la única. También otras, como Médicos sin Fronteras, han manifestado que se han tenido que enfrentar a diversos casos de acoso sexual en el seno de la propia organización. Save the Children o Christian Aid, así como la Cruz Roja británica han registrado también casos de abusos.

Todo ello ha provocado una gran tormenta en torno al mundo de las ONG de cooperación al desarrollo. Un mundo de amplio alcance, tanto por las personas que trabajan o cooperan al amparo de estas organizaciones, como por el volumen de los fondos con que cuentan, proveniente en su gran mayoría de subvenciones de organismos públicos, es decir, de dinero público obtenido con los impuestos de la ciudadanía.

Es necesario plantear cuál es el estatus jurídico internacional (o nacional) que tienen estas organizaciones, pues las más importantes pueden llegar a sentarse en órganos de gestión o de asesoramiento de importantes organizaciones internacionales, como las propias Naciones Unidas o la Unión Europea.

Las ONG son organizaciones privadas, sujetas a un régimen especial, normalmente al amparo de las leyes que regulan las asociaciones o fundaciones, pero cuya singular actividad, en el caso que nos ocupa, las sitúa en posición preferente para actuar en zonas de conflicto bélico o cuando se producen desastres naturales o provocados por la conducta humana. Las organizaciones públicas, gubernamentales o internacionales, no cuentan con posibilidades reales para atender todos los casos que se les pudieran presentar y son estas ONG las que prestan los servicios y el apoyo necesarios. En principio, pues, dado que están cubriendo un servicio público y, en buena parte, financiado por fondos públicos, deberían ser objeto de un control estricto por parte de aquellos gobiernos u organizaciones con los cuales cooperan. No entraré en este momento en el control económico, donde también se han detectado casos inadecuados, sino que me centraré en las conductas que han generado tanta tensión últimamente.

Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, y los estados cuando la actuación de las organizaciones es interna, amparan la actuación de emergencia y auxilio de las ONG. Existen unas 1.300 ONG que están asociadas a la ONU como organizaciones de cooperación en el ámbito de la paz, los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la economía y el desarrollo social, pudiendo acceder a fondos de financiación específicos. La Unión Europea, a través de la ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea) canaliza la ayuda a través de unas 200 organizaciones y agencias colaboradoras. La UE tiene establecidas líneas presupuestarias específicas para ayuda a la protección social e integración, ayuda alimentaria y humanitaria, programas de desarrollo en diversos países, medio ambiente y salud, minas antipersonales y ayudas específicas en el sector de las ONG de desarrollo, formación e información. Todas las organizaciones que han protagonizado estos escándalos participan habitualmente en esta clase de programas y subvenciones.

Oxfam está formado por 20 organizaciones (en España Intermon-Oxfam) que tienen campañas permanentes en más de 90 países, muchos de ellos en zonas de conflicto, además de actuar en emergencias. Tiene establecido un Código de conducta que ha de ser firmado por cualquier persona que quiera trabajar en el ámbito de esta organización. Como organización proclama su adscripción a la Carta de responsabilidad de las ONG internacionales, que incorpora principios éticos y de buena gestión que han de ser cumplidos en el desarrollo de sus actividades. Similar estructura y principios de actuación podemos observar en las otras ONG donde también se han producido escándalos.

Se trata, pues, de grandes entidades, con miles de empleados, que tienen, además, un estatus especial en las organizaciones internacionales y europeas por lo arriesgado de su labor y por las tareas que tienen encomendadas en relación con la protección de los más débiles, especialmente en zonas de conflicto y en catástrofes humanitarias. Lo cual les hace al mismo tiempo ser acreedoras de obligaciones éticas y de gestión, ámbito en el que se sitúa la crisis por la que ahora atraviesan.

¿Cómo es, pues, posible que estas ONG, que cuentan con miles y miles de afiliados, que hasta ahora han gozado de un status de legitimidad que, a veces, las ha situado como de mejor fiabilidad que el propio sector público, hayan caído en tales prácticas abusivas o delictivas? Porque será necesario discernir, en cada caso, cuando lo sucedido sea una mala praxis a corregir o cuando se haya cometido un delito. No olvidemos que el acoso y los abusos sexuales, sobre colegas o sobre personas ajenas a la organización, constituyen sendos delitos, en todo el mundo civilizado, mucho más cuando existe prevalencia de la persona situada en posición superior sobre alguien situado en especial situación de vulnerabilidad, como pueden ser los afectados por una catástrofe o un conflicto bélico. Además, la contratación de prostitutas por parte de una organización a la que se supone portadora de unos valores éticos quiebra profundamente lo que disponen los Códigos de conducta cuyos miembros firmaron y puede también constituir un delito de trata de personas en numerosos casos. Y no digamos los directivos, que son quienes deberían velar por que nadie perteneciente a la organización realizara actuaciones inapropiadas, por lo que cuando son ellos quienes se ven involucrados en estos escándalos —como ha sucedido en lo relativo al de Haití por parte de los directivos de Oxfam—, su responsabilidad ha de ser exigida en grado máximo.

Sin que esto que ha sucedido pueda ser interpretado como que el mundo de las ONG es un nido de corrupción o de comisión de conductas execrables, sí que es necesario que los poderes públicos extremen el control sobre las entidades que trabajan con ellos o que realizan sus tareas con financiación pública. Se trata de grandes entidades en las que, entre miles de personas que trabajan honradamente, no se puede descartar que haya algunas cuya conducta no sea la apropiada. No basta con exigir la firma o compromiso con Códigos éticos, que funcionan como lo que son, es decir como control interno. Es necesario, también, establecer controles externos, tanto sobre el uso de fondos públicos como respecto de la prevención y detección de todo tipo de conductas que quiebren los principios éticos que deben operar en este sector. Y, también, la denuncia de las malas praxis o de los presuntos delitos ante las autoridades pertinentes, ya sea en el lugar de comisión de los hechos o en el correspondiente a la sede de tales organizaciones, o en ambos. Todo ello es necesario para que no quiebre la confianza social que debe existir sobre el desarrollo de las actividades de cooperación y ayuda humanitaria.