Economía sostenible Vs. economía sostenida

Economía sostenible Vs. economía sostenida
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El coronavirus ha originado una doble crisis: la sanitaria y la económica. Parece que de la sanitaria se va saliendo en la medida que se soluciona aquello que motivó medidas económicas tan duras como el decreto del cierre productivo de gran parte de la actividad y que la sanidad deja de estar en riesgo de colapso, tal y como sucedió en marzo. Sin ese colapso y con una actuación más ágil y temprana, muchas vidas podrían haberse salvado, que es lo más importante, y no se habría producido un quebranto económico tan grave.

Por eso, ahora habría que reabrir con fuerza la economía -y eso no está reñido ni con la prudencia ni con la seguridad- y tras sostener en el corto plazo la economía, debe garantizarse el realizar una serie de reformas que permitan que la economía sea sostenible en el medio y largo plazo.

Nos encontramos, de nuevo, con el debate entre economía sostenida y economía sostenible. Sin duda, el Gobierno sólo se está fijando en sostener la economía de manera artificial. Eso puede servir para el corto plazo, especialmente en una situación como la presente, donde artificialmente se paró la economía, pero no sirve hacerlo de cualquier manera ni tampoco es viable para mantener así la actividad económica y el empleo en el medio y largo plazo.

Las medidas del corto plazo deberían haber ido dirigidas a dotar de mucha más liquidez a las empresas, para sostenerlas durante el cierre decretado, porque de esa manera podrían reabrir de inmediato y se recobrarían de forma más rápida los puestos de trabajo. Adicionalmente, se podrían haber articulado fórmulas de apoyo laboral dirigidas a la actividad, como ha hecho el Reino Unido, al asumir el coste del 80% de los salarios de los trabajadores, que es una medida que permite a la empresa mantener toda su estructura.

Por el contrario, el interés del Gobierno se ha centrado en subsidiar sin más. Por mucho que repitan que con ello protegen a los trabajadores, si le dan la espalda al tejido empresarial estarán desprotegiendo a los trabajadores, pues la mayor protección social que tiene un trabajador es su empleo. Sin empresas no hay actividad, y sin actividad no hay empleo. No se entiende, por tanto, la tímida liquidez movilizada y la negativa permanente a condonar impuestos y cuotas a la Seguridad Social a empresas y autónomos mientras duren las restricciones. Al final, ése habría sido menor gasto que el tener que afrontar el aumento exponencial de desempleados, que tiene también su quebranto por la vertiente de los ingresos, al caer la recaudación por cotizaciones e impuestos, al tiempo que se habría mantenido en pie la estructura empresarial. Si además todo va unido a un ritmo de reapertura que les impide a muchos empresarios reabrir en las primeras fases de este proceso, por la limitación de aforo que hace inviable la rentabilidad de un negocio, el quebranto es muy importante.

Por eso, al no acertar el Gobierno en la gestión del corto plazo, debería esforzarse mucho más en que el largo plazo sea sólido y sus medidas reformistas. España necesita agilizar la economía: no hay que derogar la reforma laboral, sino flexibilizarla más, que es lo que incentivará la contratación; no hay que subir impuestos, que implicaría una política fiscal contractiva, que empeoraría la situación, sino abandonar toda idea de incremento impositivo y, por el contrario, bajar el impuesto de sociedades como incentivo para el establecimiento de compañías en España que generarían actividad económica, empleo y que nutrirían de recursos a las arcas públicas; no es momento de tensar más el gasto con rentas mínimas permanentes, pues aunque se haya recortado la ayuda sobre lo inicialmente previsto, puede desincentivar la actividad y el empleo.

España precisa equilibrar sus cuentas: la excepcionalidad de 2020 no puede trasladarse como gasto estructural a los siguientes ejercicios: la Unión Europea lo deja claro para poder conceder las ayudas que se están debatiendo, al pedir reformas estructurales y finanzas públicas en orden. Lo dijo también la AIReF. Y lo dijo, de manera muy clara, el gobernador del Banco de España.

España necesita, además, dentro de esa estructura económica a largo plazo, certidumbre: no se puede cambiar de criterio cada cinco minutos, con tantas posiciones encontradas entre miembros del Ejecutivo al aparecer el populismo en muchos de ellos. Y la economía necesita seguridad jurídica: aunque estemos bajo el paraguas de la Unión Europea, no puede insinuarse permanentemente por parte de miembros del Gobierno que la nacionalización es una posibilidad. Hay gestos que recuerdan a actuaciones totalitarias en otros países que fueron democracias plenas y que hoy son dictaduras bajo el envoltorio de aparente democracia, como Venezuela. Posiblemente, eso no llegue a ocurrir nunca en España, gracias a Dios -aunque imagino que eso mismo llegarían a pensar en su momento muchos venezolanos- pero, por si acaso, hemos de poner de nuestra parte para que nunca ocurra. No obstante, el mero hecho de exhibir esos comportamientos, aunque fuesen sólo de cara a la galería, le hacen mucho daño a la economía española, pues ahuyenta inversiones y, con ello, la posibilidad de crear puestos de trabajo.

O se acomete ese plan estructural a medio y largo plazo que garantice lo anterior y permita que la economía sea sostenible, es decir, que se sostenga por ella misma, o nos convertiremos en una economía sostenida artificialmente por el sector público hasta que no pueda seguir haciéndolo, siendo, entonces, una economía subsidiada sin futuro. Ése no puede ser el plan de reconstrucción, que es por donde parece que Podemos quiere ir. Nada tiene que ver lo que en dicha comisión ha dicho la vicepresidenta Calviño respecto a lo que ha dicho el vicepresidente Iglesias: la primera, aboga por la sostenibilidad; el segundo, por la economía subvencionada. Lo grave es que hasta el momento Sánchez está asumiendo las tesis de Iglesias, y eso, de producirse, será letal para España. Nuestra nación puede salir adelante perfectamente, por sí misma; sólo necesita que se le diga la verdad a los ciudadanos, que se les cuente el número de sacrificios que habrá que hacer, que se tenga el coraje para llevarlo a cabo y que se ejecute una política económica seria, que nos devuelva a la prosperidad.

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