La ecoestafa de la ecotasa

Vamos a ver si ponemos los bueyes delante de la carreta porque aquí, como acertadamente se ha dicho, ya no nos viene de un escándalo. Veamos, por si no fuera suficiente que el Govern y otras instituciones públicas destinaran alrededor de un millón de euros para sufragar un concierto del grupo Prisa -¿a quién si no debe rendir pleitesía?-, ahora para justificar la fechoría ha decidido perpetrar otra mayor, o sea, incumplir la Ley del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) -vulgo ecotasa y ahora habrá que llamarla ecoestafa- y no destinar ni un euro de los fondos recaudados entre los turistas que nos visitan y pagan para preservar el medio ambiente al medio ambiente. Quiere destinar la recaudación del supuesto impuesto medioambiental del presente año 2021, prevista en 114 millones, y del 2022 íntegramente a gasto corriente. 

La justificación es que debe paliar los efectos de la covid-19, pero en realidad lo destinarán a gasto corriente que es un cajón de sastre donde cabe financiar cualquier cosa. Y esta decisión del Ejecutivo balear sobre el nuevo destino de los fondos consta ya en el proyecto de Ley de Presupuestos de esta comunidad para el año 2002, si Més, autollamados ecosoberanistas, no lo impide. Aunque es muy posible que no llegue la sangre al río, aunque motivos haberlos haylos.

Como era de esperar—que otra cosa cabía que hicieran— y aunque Iago Negueruela, conseller de Turismo, haya tachado ya a los hoteleros de imprudentes e irresponsables, la Federación Hotelera de Mallorca ha presentado alegaciones a estos presupuestos exigiendo que, o bien sigan destinando la ecotasa a proyectos medioambientales o se suprima el impuesto, ya que al destinarlo a gasto corriente queda completamente desnaturalizado.

Pero no suficientemente satisfecho el Govern con incumplir la ley que aprobó y para que no puedan controlar qué hará con el dinero, ha decidido suspender la Comisión de Impulso al Turismo Sostenible durante dos años y así, a cencerros tapados, hacer de su capa un sayo. Todo ello con la anuencia, claro está, de los consells insulares, de sus paniguadas organizaciones sindicales y de algún grupo ecologista que bebe de los fondos públicos. 

Pero volvamos al meollo de la cuestión para entender claramente cómo se produce una tan flagrante vulneración de la ley, en este caso, la Ley 2/16.  En su preámbulo establece que el turismo se configura como la actividad económica más importante, pero esta actividad turística ha supuesto, al mismo tiempo, una explotación excesiva de los recursos territoriales y medioambientales. Así pues, el impuesto está destinado, por una parte, a compensar a la sociedad balear por el coste medioambiental y social y la precariedad laboral que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente. 

Dicen que las leyes y las sentencias de los tribunales están para ser cumplidas, excepto en Cataluña y ahora también en Baleares, pero queda claro que hay gobiernos que solo las cumplen cuando les convienen. Ahí está el caso del 25% de la lengua vehicular en castellano, que el conseller March ya ha adelantado que no la cumplirá, o este otro ejemplo, como es vulnerar un propia ley, la ecotasa, y a su conveniencia.

Estamos ante una cuestión que debería acabar en los tribunales, aunque cuando estos decidan, con su celeridad acostumbrada, el mal ya estará hecho. Pero se trata de una cuestión de principios. Si los hubiere, claro. Y un Govern no puede hacer lo que le venga en gana y menos aún para tapar con ello su incompetencia.