Cuando la justicia choca con los derechos

La semana pasada, la Unión Europea aprobó por unanimidad la normativa Chatcontrol, que permite a las compañías tecnológicas bloquear contenidos de pornografía infantil, y denunciar a quienes los buscan y promocionan.

Tan solo en el año 2019, 6.000 pedófilos quedaron sin acusación y libres entre nuestros niños, por falta de medios policiales para denunciarlos. Y lo peor es que las cifras crecen con los años, debido a la absoluta impunidad que suponen medios como las redes o la Deepweb, en la cual se pueden comprar desde drogas, hasta personas, pasando por las armas.

No está claro si proporcionalmente hay más o menos pedófilos, pero lo que sí es evidente es que gracias a internet es posible detectar a muchos más de estos terribles criminales.

Y aunque aplaudo esta norma, y espero con ansiedad que la incentiva sirva para que la justicia logre procesar a todas las personas con este trastorno, tristemente hay siempre cabos sueltos que no deberíamos pasar por alto, si no queremos que las leyes tengan efectos indeseados.

Al permitir a las compañías tecnológicas monitorizar la red sin control, éstas van a tener acceso ilimitado a todos nuestros contenidos: emails, mensajes, fotos, chats (excepto WhatsApp), y cualquier movimiento digital. ¿Crees que esta ley solo afectará los pedófilos? No, su objetivo es identificarlos, pero para ello, tú y yo estamos metidos en el asunto. Pagamos justos por pecadores.

Esta norma, con toda su buena voluntad, tiene muchos claroscuros que resolver, y que es necesario que analicemos y debatamos, antes de que sea demasiado tarde. Algunos de ellos son:

1. La instrumentalización del seguimiento. ¿Te imaginas que un algoritmo detecte la palabra niños repetidamente en tus correos, y que por un sesgo, o una mala interpretación, se te acusa? Por esta misma razón, el sistema de reconocimiento facial de Amazon fue cancelado.
2. Más poder a las empresas tecnológicas. Entregar información sin control de los ciudadanos, es lo que le ha permitido a China instaurar el sistema de crédito social. ¿Qué pasará si estas empresas poseen de forma legal tanta información sobre nosotros? ¿Quién va a vigilarlas?
3. Derecho a la dignidad humana, al honor y a la intimidad. Estamos pasando por alto este derecho, al permitir a un tercero (tecnológicas) vigilarnos constantemente. ¿No estamos entregándoles en bandeja de plata más poder del que ya tienen?
4. Presunción de inocencia. Este término indica que “se es inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial”.  Ello significa que, más allá de iniciar una investigación contra alguien que se crea sospechoso de algo, con esta normativa se nos investiga a todos para encontrar sospechosos. Esa fue precisamente la gran crítica contra el Patriot Act americano cuando gracias al mismo, el gobierno investigó a decenas de miles de ciudadanos a los cuales el algoritmo calificó como posibles sospechosos de terrorismo.

Vivimos una época en la que las palabras tienen fronteras permeables y sentimientos encontrados, y por ello, al hablar de justicia (para juzgar a los pedófilos) y de derechos (para proteger a los ciudadanos) podemos distorsionar fácilmente el discurso. 

¿Cómo podríamos encontrar una solución gracias a la cual se haga justicia, sin vulnerar derechos que tanto tiempo nos ha costado adquirir? Esa es justamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos.