La corrupción perjudica a la economía

La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda.

La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.

En ese sentido, hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites, podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.

Por eso, no es un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Manteniendo toda presunción de inocencia, no resulta estético, ni tampoco ético, que la mujer del presidente del Gobierno firmase cartas de recomendación a empresas que después conseguía contratos o subvenciones públicas. Es posible que no haya relación causa-efecto, pero cuando menos estéticamente no da buena imagen, y eso perjudica también al crecimiento económico.

Pero, además, si se consigue que unas empresas desarrollen una herramienta informática para un programa de una universidad y ese programa se registra a nombre de un particular y se comercializa, tampoco parece que sea un signo positivo para la economía.

Del mismo modo, desde el punto de vista tributario, resulta chocante que el partido que más exprime a los ciudadanos a golpe de impuestos esté presidido por una persona cuyo hermano se ha trasladado a Portugal para no tributar en España. Esto es estético, y siempre se puede argumentar que uno no responde de su familia, pero cuando el sustento de ese familiar es un puesto concedido por una diputación gobernada por el partido del presidente del Gobierno, es todavía más chocante.

Como es sorprendente que la Agencia Tributaria no haya abierto una inspección para comprobar si el hermano del presidente del Gobierno reúne las condiciones para no ser residente fiscal en España, pues una cosa es que resida en Portugal más de 183 días, pero la siguiente condición no parece cumplirla, ya que el grueso de sus rendimientos proceden de España, elemento que le haría residente fiscal en nuestro país y que, de ser así, conllevaría el haber cometido una infracción tributaria.

Por otra parte, el que dicha persona cuente con un patrimonio importante para un sueldo no excesivamente elevado, es motivo de sorpresa, ya que no parece que existan argumentos que sostengan esa acumulación de patrimonio con esos ingresos. Probablemente, será un patrimonio lícito, pero nada mejor que explicarlo detalladamente para aparcar toda sombra de duda, porque las dudas sobre corrupción afectan negativamente a la economía.

Además, el hecho de que algunas empresas de la supuesta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas con el sector público se encuentren radicadas en el mismo pueblecito portugués en el que reside el hermano del presidente del Gobierno, tampoco es algo que genere confianza. De nuevo, puede que no haya relación causa-efecto, pero son tal el cúmulo de casualidades, que el tema requiere una explicación bien fundada.

Del mismo modo, y para disipar toda sospecha, debería ser aclarado el número ingente de viajes del Falcon a República Dominicana, con detalle de quiénes iban y qué llevaban esos aviones. Seguro que no habrá nada de extraño en ello, pero si se mantiene ese secretismo se aviva la idea de que hay corrupción detrás, que vuelve a afectar muy negativamente a la economía.

Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo. Por ello, urge que el Gobierno disipe esas dudas, con argumentos claros, irrefutables, y que deje trabajar a la justicia, porque si no lo hace estará dando a entender que quiere tapar algo y que ese algo puede ser corrupción, con el negativo efecto sobre la imagen de España y sobre su impacto económico que tendría.

Todo ello, requiere una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo todo. No se arregla repitiendo que es fango, como dice el presidente del Gobierno, sino con datos y explicaciones que demuestren que no hay nada malo. En manos del Gobierno está aclararlo y acabar con la sospecha. Si no lo hace, él sabrá por qué motivos no puede o no quiere hacerlo, pero, entonces, la sombra de la sospecha cobrará más fuerza.