Cesiones y bilateralidad: hay que cambiar el paradigma

Afortunadamente, parece haber desaparecido de la escena política aquello que tanto preocupó hace una semana, es decir, la posibilidad de que una especie de “mesa de partidos”, que incluyera un mediador, facilitador, relator o fedatario de relevancia internacional, se mostrara ante el mundo como instrumento político para resolver “el conflicto” cuyo análisis ocupa mayoritariamente nuestro tiempo. Digo que ello es algo afortunado porque, de haberse mantenido, ya me dirán ustedes en qué hubiera quedado la imagen internacional de un país, en el que los cauces institucionales del normal y natural diálogo político, que son los parlamentos, pudieran quedar sustituidos por otros órganos ajenos a su tradición legal y constitucional, constituyendo un foro parcial de toma de acuerdos, o de preparación de los mismos. Máxime, cuando ello venía revestido de una pretendida toma de posición internacional de un gobierno autonómico que pretendía situarse en pie de igualdad con el Gobierno de la nación. Y ello precisamente en vísperas del inicio del juicio a los responsables políticos de lo que se ha venido denominando “el procés”.

Este bilateralismo desviado o impropio, por no caber dentro de los cauces precisos de relación bilateral entre órganos centrales y autonómicos, que, en los Estados federales o fuertemente descentralizados se acompaña necesariamente de órganos de colaboración multilateral, como instrumentos ordinarios de toma de decisión, estaba ocupando un excesivo espacio en las relaciones entre, diríamos, España y Cataluña. El espacio era excesivo por cuanto la bilateralidad no puede condicionar a la colaboración multilateral, que es lo que verdaderamente cohesiona, federalizando, al conjunto de órganos e instituciones políticas. Es algo parecido a lo que sucede en la Unión Europea, donde coexisten los espacios comunes de toma de decisión, que son los más relevantes, con otros espacios bilaterales o de relación con uno o varios de los Estados miembros, siempre teniendo presente que son las instituciones comunes como el Parlamento, la Comisión o el Consejo, donde están presentes todos los Estados miembros, quienes son los que, en última instancia, protagonizan las decisiones que se toman, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

De haberse mantenido el relator o la mesa de partidos, ya me dirán en qué hubiera quedado la imagen de España.

¿Por qué se estaba consolidando aquí, en España, una bilateralidad impropia del diseño que el orden constitucional ha prefigurado? El problema viene de lejos. No constituye una novedad. Y deriva de un drama político que comenzó a representarse en cuanto, demasiado pronto, comenzaron a abandonarse los principios del consenso y del acuerdo amplio que habían jalonado la transición a la democracia y los primeros años de su puesta en práctica. El problema, que, repito, viene de lejos, se plasma en que, por la práctica que se ha consolidado, da la impresión de que los grandes partidos no se han creído el Estado.

Es posible que no se lo hayan creído porque justo cuando más se precisaba que entre todos se afianzaran los principios y las prácticas democráticas, para ir edificando un Estado complejo, lejos de lo que en la dictadura había sido una constante, los partidos no fueron conscientes de que era necesario ir reforzando los cimientos de ese nuevo edificio, basado en el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. No fueron conscientes de ello y, cuando no contaban con mayorías absolutas (incluso a veces teniéndolas) y precisaban unos cuantos votos para lograr una investidura, aprobar unos presupuestos o adoptar determinadas políticas que hubieran debido ser “de Estado”, a falta de ese consenso sólido sobre principios generales, se han venido dedicando a comprar los votos que les faltaban a los nacionalismos periféricos. Y, claro, se ha pagado con creces ese precio. No porque los nacionalistas fueran nacionalistas, sino porque buena parte de ese nacionalismo ha evolucionado hacia postulados claramente contrarios al orden constitucional. Aun así, aun constatando que parte del nacionalismo lo que pretendía era la voladura del Estado, la táctica cortoplacista del acuerdo con ese nacionalismo, claramente secesionista en determinadas ocasiones, se continúa practicando, reforzando ese bilateralismo impropio que tan desastrosos resultados está produciendo.

¿Por qué se crea ese bilateralismo? Porque, al parecer, los grandes partidos de España aún no se han creído al Estado.

Las cesiones, o concesiones, mediante el método bilateral, enrarecen, además el panorama nacional. Rompen con el modelo constitucional y legal, orillando los instrumentos generales de cooperación. Pretenden facilitar que el acuerdo con tal o cual comunidad autónoma pueda condicionar lo que tenga que hacer el resto, ya sea en financiación, en educación, en cualquier política pública, obviando que lo que se decide tendría que contener, necesariamente, el respeto y adecuación a las bases generales. De ahí que sea necesario oponerse a la consolidación de esta “técnica” que a nada conduce, como acabamos de comprobar, salvo al enrarecimiento de las posiciones.

Es evidente que es necesario el diálogo político, puesto que ello es la esencia de la democracia. Dentro de la legalidad, puesto que ello no puede ser de otra manera en el Estado de Derecho. Y respetando los derechos humanos de todas las personas, sin que se pueda excluir a nadie por no compartir determinados credos políticos. Ello comporta retomar conceptos que nos sirvieron para comenzar a edificar el Estado democrático en la Constitución de 1978 y que es necesario recuperar para reconducir los problemas que ahora tenemos. Diálogo no excluyente, pero dentro del marco constitucional. Diálogo que no reconozca sólo como sujeto del mismo a los representantes del secesionismo y sus aliados, sino que incluya también, a la oposición, como es lo propio de las democracias. Y que se realice dentro del más estricto respeto al funcionamiento de las instituciones, que no pueden ser instrumentalizadas ni reducidas a la nada porque así convenga a la mayoría parlamentaria de turno.

Es evidente que se necesita del dialogo político, es la esencia de la democracia, pero dentro de la legalidad.

Sólo cuando los acuerdos se toman en forma constructiva, dentro de los cauces institucionales y respetando los derechos de todas las personas, tales acuerdos dejan de verse como “cesiones” inadecuadas. Si fallan esos indicadores, esas “cesiones” aparecen ante la ciudadanía como algo espurio y generan desconfianza. Aún estamos a tiempo de recomponer ese marco constitucional que está en peligro. Todavía es posible que recuperemos ese “tono” democrático que se está perdiendo. Necesitamos hacerlo y, si dejamos a un lado el cortoplacismo, la bilateralidad impropia y los intereses sesgados, poco a poco podremos reconducir la situación. Debemos aplicarnos a ello.