Ana Julia y el PSOE

La condena de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz, por parte de la Audiencia Provincial de Almería tras un juicio con jurado popular no hubiera sido posible si en el año 2015 hubiera gobernado el PSOE. No se trata de ninguna utilización del dolor de unas familias, sino de dejar claro dónde se posiciona cada uno. Y tampoco se trata de electoralismo porque el principal responsable de que este fallo se haya conocido en precampaña del 10-N —y a partir de aquí nos veamos obligados a expresar esta opinión— es Pedro Sánchez y su incapacidad para sumar más apoyos que Revilla y formar Gobierno.

El PSOE ha mantenido durante el juicio a Ana Julia esa falsa equidistancia de que ellos están a lo que diga el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso que interpuso su grupo parlamentario contra la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, detrás de esta pose del partido de Sánchez hay un rechazo frontal a la prisión permanente revisable.

Lo expresó sin el más mínimo rubor el juez y diputado socialista Juan Carlos Campo en un debate en el Congreso sobre una proposición del PNV que pedía la derogación de esta medida. «Señorías, convendrán conmigo en que la muerte del pequeño Gabriel nos ha dejado a todos, y digo a todos sin excepción, con dolor y con desgarro, como dolor y desgarro hemos tenido con cada una de las víctimas brutalmente asesinadas con anterioridad, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ojalá pudiéramos encontrar un mecanismo para evitar eso, pero todos sabemos que la condición humana lo impide», empezó diciendo Campo. Pues bien, hoy el mecanismo jurídico-penal más eficaz para que Quezada no reincida nunca más ya está activo —tras acordarlo un tribunal y nueve ciudadanos de a pie— y no ha sido precisamente gracias al PSOE.

Campo llegó a decir que la prisión permanente revisable es «demagogia hasta en su denominación», calificándola acto seguido de cadena perpetúa. Claro que el único demagogo aquí fue el propio Campos, puesto que esta pena no es infinita, sino revisable a partir de veinticinco años de condena y, por tanto, compatible con la reinserción. También habló de que «en nuestro paladar no es difícil que tengamos sabor a ira, a rabia, a sed de venganza», cuando, en realidad, las familias no claman venganza, porque eso ya no les devolverá a sus seres queridos, sino justicia. Simplemente justicia ante los delitos más atroces, los que generan el mayor rechazo social.

Y terminó Campo esgrimiendo que «no debemos trasladar la falsa creencia desde el Legislativo de que un endurecimiento de las penas se vaya a traducir en una mayor protección y seguridad». Como si esto fuera algo tangible que se pudiera garantizar al máximo. Lo que hace la prisión permanente revisable es elevar al efecto disuasorio a la escala más alta, reforzando el componente preventivo.

Si el 80% de los españoles está a favor de la prisión permanente revisable, como dicen las encuestas, que se lo hagan mirar todos aquellos que el pasado abril votaron al PSOE o a Unidas Podemos, aunque lo de este partido y su predilección por los condenados, que han ido hasta en sus listas, ya es sabida. El que vote a estas fuerzas el próximo 10-N que sepa que con su papeleta está adulterando la sentencia conocida esta semana y dejando a la asesina Quezada un paso más cerca de la puesta en libertad.