Amnistiando la corrupción

Quince días antes de que se pronunciara sobre el tema el Tribunal Constitucional, y con la afectada -que llevaba décadas ausente de la vida pública- allí presente, Pedro Sánchez, el adivino, anunció en un mitin celebrado en Benalmádena en la campaña de las elecciones europeas la exoneración de Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía y ex ministra del PSOE, del delito de prevaricación por el que había sido condenada por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE. Y el mismo Sánchez ya ha activado los mecanismos para que su amigo Conde-Pumpido, al mando de la mayoría socialista que gobierna como un rodillo el Tribunal de garantías constitucionales, vaya liberando también a los ex presidentes de la Junta y del partido Manuel Chaves y José Antonio Griñán de sus condenas a prisión en el mayor caso de corrupción política de la historia de España.

César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional ajeno a la mayoría gubernamental, firmó un voto particular en la sentencia que exoneraba a Magdalena Álvarez diciendo lo siguiente: «La sentencia de la que manifiesto mi discrepancia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la Ley (artículo 123 de la Constitución), y como consecuencia de ello ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España, y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de los delitos».

Para los no expertos en Derecho hay que explicar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial sino político, cuya función es velar simplemente por el cumplimiento de las normas previstas en la Constitución. El máximo órgano judicial español, a quien corresponde revisar o confirmar las sentencias civiles, penales o administrativas de los Tribunales inferiores, es el Tribunal Supremo. Pero como Sánchez no ha podido aun colonizar este último, pero sí invadir con sus tentáculos el primero, ha ordenado a Pumpido que lo utilice como una «corte de casación», es decir, como un Tribunal Superior destinado a revisar sentencias del Supremo, cosa que no está contemplada en absoluto en nuestra legislación y que jamás había sucedido en la historia de España.

El objetivo de toda esta anomalía judicial, inaudita en más de 40 años de democracia, no es otro que amnistiar toda la corrupción socialista y de los demás socios del actual Gobierno. Un aviso a los jueces españoles de que a las élites socialistas y nacionalistas no las deben investigar ni condenar. Aunque les pillen con las manos en la masa malversando -para ganar elecciones y seguir manejando a su antojo todas las prebendas del poder- una cantidad cercana a los 700 millones de euros, que es lo que se hizo durante décadas durante los mandatos socialistas en la Junta de Andalucía. Así es fácil conseguir que la opinión pública entienda que sólo existe corrupción en el PP. Porque cuando se descubre y condena en el PSOE, en Esquerra o en Junts, Sánchez ordena a Pumpido que la exonere.

En este enrarecido y muy preocupante ambiente judicial, media España está presionando a Feijóo para que acuerde urgentemente con Sánchez la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de la judicatura al que corresponde efectuar los nombramientos de jueces para las vacantes pendientes del Tribunal Supremo. ¿A ustedes les extraña que el jefe de la oposición no se fíe?