La Abogacía contra el Estado

La juez del caso Plus Ultra ha acordado suspender el préstamo de 34 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la compañía chavista Plus Ultra como parte de su rescate. El pasado 9 de mayo, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), otorgó 53 millones a esta aerolínea vinculada a la dictadura venezolana (un crédito ordinario de 19 millones y los citados 34 millones vía préstamo participativo), incumpliendo de manera flagrante las condiciones exigidas por la SEPI, entre ellas que los receptores de las ayudas fueran empresas estratégicas. Un escándalo mayúsculo que el Gobierno socialcomunista está tratando de capear utilizando a la Abogacía del Estado. Los argumentos de la Abogacía son surrealistas: defendió en su día que la condición de empresa «estratégica» era ambigüa y que, por tanto, Plus Ultra estaba en condiciones de recibir las ayudas, pese a que era una sociedad en quiebra manejada por afines al régimen de Maduro con una cuota de mercado  irrelevante en el sector (menos del 0,1%).

Pues bien, la Abogacía del Estado -un títere en manos del Ejecutivo socialcomunista- defiende que la compañía reciba los 34 millones de euros pendientes con el argumento de que, como ya se la han concedido 19 millones, si no se completa la ayuda Plus Ultra no podrá levantar el vuelo con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos. O sea, reclama que reciba el préstamo de 34 millones que aún no se ha hecho efectivo para evitar males mayores. Hombre, el mal mayor es que, perdidos los 19 millones iniciales que se le concedieron contraviniendo todas las normas, se pierdan otros 34 millones. Lo de la Abogacía del Estado es de una desfachatez intolerable, porque la empresa ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011 y lo que ha hecho, aprovechando la connivencia del Ejecutivo socialcomunista, es dar un pelotazo con cargo a los fondos públicos dispuestos -sobre el papel-  para aquellas empresas estratégicas afectadas por la crisis derivada de la pandemia. Plus Ultra es una sociedad inviable sin capacidad de devolver las ayudas recibidas, por lo que pretende la Abogacía del Estado es avalar una gigantesca estafa. Mejor sería cambiarle el nombre: Abogacía contra el Estado.