¿El 3% de Esquerra?

Las cifras son exorbitantes: la Generalitat de Cataluña destinó casi 1.000 millones de euros a menas en cuatro años. Es cierto que el número no paró de crecer: casi 7.00 en el 2016, unos 7.500 en el 2017, 9.600 en el 2018, 9.400 en el 2019 y cerca de 8.000 en el 2020. Pero el Gobierno catalán destinó, en ese período, 944 millones de euros a ello: 788 millones en centros gestionados por la propia Generalitat -a través de la Dirección General de Atención a la Infancia- y 155 en el Consorcio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Además, un informe de la Sindicatura de Cuentas -ordenado por el Parlament- revelaba casi una decena de irregularidades. En el 2018, esta dirección general prorrogó 181 contratos. En 112 de ellos no se firmó documento de prórroga alguno. Todas las ampliaciones comportaron «modificaciones del régimen económico que supusieron una alteración significativa de los contratos originales», según la propia Sindicatura. Es decir, fueron mucho más caros.

La Sindicatura considera, por otra parte, que durante los años 2017 y 2018 «no se dio ninguno de los motivos recogidos en las leyes de contratos para utilizar reiteradamente el procedimiento de emergencia». Deprisa y corriendo.

Nos encontramos, pues, ante el primer escándalo de Salvador Illa por mucho que sea heredado. El presidente de la Generalitat ha reaccionado con cautela. No en vano podría afectar a Esquerra, que le da apoyo.

El último consejero de ERC fue, en efecto, Carles Campuzano (2022-2024). Paradójicamente, antes militante de Convergencia. Tiene la friolera marca personal de 23 años de diputado en el Congreso entre 1996 y 2019. Anteriormente, Violant Cervera (2021-2021), esta de Junts; o el republicano Chakir El Homrani (2018-2021).

En el Parlament, aseguró que estaba dispuesto a “llegar hasta el final” lo cual, por otra parte, tampoco es mucho. Porque en política una cosa son las palabras y la otra los hechos. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, también anunció en una entrevista en La Vanguardia este martes -donde si no- la refundación de la DGAIA.

Todo explotó a raíz de saber que una adolescente tutelada por la Generalitat había sido prostituida. La Administración autonómica permitió, para más inri, que se fuera a vivir con un hombre de 25 años a pesar de ser menor de edad.

Los hechos trascendieron gracias a la denuncia de un educador social que, como se pueden imaginar, ha sido expedientado por la empresa contratada. Pero la propia consejera explicaba en la citada entrevista que no podía rescindir el contrato de algunas de las entidades -como las fundaciones Mercè Fontanilles o Resilis- porque tienen contrato en vigor «hasta el 31 de diciembre».

La Generalitat ha optado por lo que suele hacerse en estos casos: cerrar el organismo y crear uno de nuevo con otro nombre. Pero si hay indicios de delito, como señala la Sindicatura de Cuentas, lo que tendría que hacer es ir al juzgado.

A mí me recuerda el consejo comarcal del Barcelonés, el único de los 42 que se ha disuelto hasta ahora. Fue en el 2017, después de que se detectaran también irregularidades en su gestión: contrataciones sin transparencia, sobrecostes en obras públicas, gestión irregular de empresas contratadas, falta de control interno. ¿Les suena?

La incógnita que sobrevuela ahora Cataluña es saber si el escándalo de la DGAIA es el 3% de Esquerra. Espero que no porque sería muy grave que el partido de Oriol Junqueras hubiera hecho negocio con los menas. Pese a que siempre tuvo una posición muy favorable a su acogida.

Sin embargo, en política, nada es descartable. Al fin y al cabo, CDC hizo negocio con el caso Palau, Unió con los cursos de formación ocupacional de los parados y presuntamente el PSOE -o dirigentes vinculados a él- con las mascarillas en plena pandemia. Esperemos, pues, que no sea así. ERC siempre ha presumido de ser el partido de las «manos limpias» tras más de 90 años de existencia.

Aunque hacen un poco de trampa porque, durante la dictadura de Franco, no tuvieron obviamente responsabilidades de gobierno. Y pillaron a un consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, de La Seu d’Urgell, haciendo contrabando de tabaco con Andorra. ¡Con el coche oficial! En este caso siempre alegaron que era un asunto privado.

Sin olvidar el caso de los carteles de Maragall. Aunque, esto no es un caso de corrupción, sino de guerra sucia entre facciones del propio partido. O, como mínimo de corrupción moral. La nueva dirección del partido, en manos precisamente de Junqueras, ha acabado dando carpetazo al asunto tras meses de aparente investigación interna.