Un 155 para arrancar cebollas

Los grupúsculos que en octubre llevaban el nombre de Comités de Defensa del Referéndum hoy se hacen llamar Comités de Defensa de la República, lo que prueba cuál había de ser el resultado de la consulta que decían custodiar. Lo que no ha mutado son sus acciones, o acaso habría que empezar a llamarlas ekintzas, pues en nada desmerecen al terrorismo de baja intensidad que asolaba el País Vasco en los tiempos de ETA, y que también tenía como filosofía el cuanto peor mejor. Con una salvedad: mientras que la kale borroka se recrudecía con motivo de las fiestas patronales de los villorrios, el nihilismo amarillo se dio un cierto respiro por Semana Santa, y sólo a su conclusión reapareció para desmontar las barreras de cuatro peajes. Sea como fuere, resulta intolerable que, con el 155 en vigor, esto es, con los Mossos bajo el control del Gobierno del PP, y más precisamente del ministro Juan Ignacio Zoido, los CDR campen a sus anchas, arrogándose la facultad de hacer saltar por los aires la rutina laboral o el ocio —la vida cotidiana, en definitiva— de sus conciudadanos.

Las imágenes de los policías autonómicos observando impávidos cómo los vándalos colapsaban arterias viarias o el hecho de que la respuesta se haya limitado —y eso en el mejor de los casos— a desalojar a los insurgentes por el método de ‘arrancar cebollas’ —como en un juego de patio de colegio— sí hablan de la incapacidad del Ejecutivo para imponer la ley y el orden con la determinación que las circunstancias requieren. En cierto modo, Rajoy  permanece cautivo de los complejos que llevaron a su vicepresidenta a creer —y a fe que lo creía de veras— que bastaría con que ella se “confundiera con el paisaje” para apaciguar al nacionalismo. Con el agravante de que ya no hablamos de abuelitas obstruyendo las puertas de un instituto ni de familias sosteniendo cirios en la vía pública, lo que siempre es susceptible de considerarse —equivocadamente— un ejemplo de resistencia pacífica. No, quienes ahora dirigen el cotarro son comandos infiltrados hasta el tuétano por partidos como la CUP o Arran, cuyo objetivo declarado siempre ha sido convertir Cataluña en un remedo del peor Euskadi.

Hará bien el Gobierno en tomarse en serio este sarpullido de violencia, pues, como no escapa a la percepción de la gran mayoría de los españoles, los autodenominados Comités de Defensa de la República ni son Comités —hasta donde yo sé, sus miembros no han sido elegidos en instancia democrática alguna ni, en todo caso, representan a nadie más que a sí mismos—, ni son de Defensa —el hostigamiento del que están siendo objeto personajes públicos como el juez Pablo Llarena o el dramaturgo Albert Boadella evidencian que de quienes debemos defendernos y de quienes debe defendernos el Estado es de ellos— ni la región donde actúan es una República. Llegados a este punto, los catalanes que aspiramos a pasar de una vez esta página humillante de la historia de nuestra comunidad no podemos sino interpretar la inacción del Gobierno como lo que es: un desistimiento que se añade, de modo lamentable, al intento de golpe de Estado por parte del nacionalismo. Y cuya perpetuación haría de nosotros —aunque por razones muy distintas a las que invocan los golpistas— españoles de segunda.