El Supremo investigará el trato de favor de Sánchez en el reparto de los fondos UE que denunció Ayuso

El Tribunal Supremo va a investigar el reparto de fondos UE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de enero.

En un auto con fecha 16 de junio, el Alto Tribunal se declara competente para estudiar ese recurso que Ayuso presentó después de conocer que el Ejecutivo había repartido «de forma arbitraria» 9 millones de euros en forma de subvenciones a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura.

Se trata del Real Decreto publicado el pasado 19 de octubre por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión: Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un decreto que repartía 9 millones de euros a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, todas ellas comunidades no gobernadas por el Partido Popular.

En el citado auto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la competencia y ha ordenado remitir el caso a la Sección Cuarta «para que continúe la tramitación» del procedimiento.

Según consta en la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, la Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han coincidido en que el Supremo es el órgano competente para abordar la cuestión.

Antes de presentar el recurso, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, interrogó por carta sobre este asunto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sin recibir respuesta alguna.

En la misiva, Lasquetty señalaba que esas subvenciones «vulneran el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial, para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido».

Tras no recibir respuesta en cerca de tres meses, el Gobierno de Díaz Ayuso decidió recurrir a los tribunales para anular un decreto que reparte fondos europeos «al margen de los criterios establecidos para ello».

De esos nueve millones que se denuncian, tres fueron a Navarra para un proyecto de Emprendimiento y microempresas, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.

Otros dos millones se destinaron a Extremadura para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «colectivos especialmente vulnerables» y para otro proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «emprendimiento y microempresas». Asimismo, Valencia y País Vasco recibieron dos millones, respectivamente, para financiar esos dos mismos proyectos en sus regiones.