Fracasa en Galapagar la moción de Podemos para frenar la implantación del 5G en el pueblo de Iglesias

El Pleno del Ayuntamiento de Galapagar, municipio donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero, ha tumbado la moción impulsada por Podemos e IU para frenar la implantación de las redes 5G en dicha localidad de la Sierra madrileña. Aunque el Gobierno local (PSOE y Cs) se ha abstenido en la votación, la postura en contra del Partido Popular han impedido que el texto saliera adelante.

Como publicó OKDIARIO, Unidas por Galapagar (Podemos e IU) habían impulsado esta moción para llevar a cabo una moratoria en el despliegue de esta nueva tecnología por insegura. Aunque desde el partido morado insisten en que los políticos de centroderecha son «terraplanistas y conspiranoicos», en este caso es esa formación política la que muestra sus dudas ante las nuevas tecnologías.

Tras la defensa de la moción por parte de la concejal Celia Martell López de Soria (IU) ha recibido el voto a favor de la edil Raquel Almendros, portavoz local de Podemos. Sin embargo, el resto de partidos han cargado contra la propuesta porque «no se puede estar en contra del avance de los tiempos».

Precisamente uno de los concejales que más crítico se ha mostrado ha sido Álvaro Hernández. El edil errejonista ha expuesto que no hay ningún informe que pruebe que la tecnología es insegura. Ha subrayado que el 5G usa un espacio de radiofrecuencia que ya usaba la Televisión Digital Terrestre (TDT). «Yo me considero progresista. No podemos ponernos en contra del progreso», ha remachado.

Ante esto la concejal proponente ha lanzado teorías propias. Se ha preguntado: «¿Quién financia esas instituciones que hacen los informes?». Así, ha querido insinuar que estas empresas tienen intereses en que siga la extensión de estas tecnologías. «¿Quién financia la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Las farmacéuticas. Pues aquí lo mismo», ha agregado la concejal.

Por su parte, el Partido Popular ha criticado que los únicos municipios que han aprobado mociones de este cariz son Totana, donde gobierna Izquierda Unida, y municipios vascos liderados por el partido proetarra Bildu. Del mismo modo, ha subrayado que Galapagar no se puede quedar atrás en comparación con el resto del país.

Por otra parte, los grupos municipales que han votado en contra han cargado contra el texto de la moción porque pide que el Ayuntamiento de Galapagar elabore «un estudio científico antes de la implantación de esta red en la localidad». Los concejales han coincidido en que eso se extralimita sobre las capacidades de un consistorio que, convienen, está completamente saturado con otros asuntos.

De esta forma, aunque Podemos no estaba por la labor el 5G llegará a la vivienda propiedad en Galapagar del ya ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

IU defendía que “la falta de una información veraz e independiente hace que se den alas a teorías conspirativas, y más en estos tiempos tan convulsos”. Unas tesis que, con su voto a favor, suscriben los morados.

Para declarar libre de 5G el municipio de Iglesias y Montero, Galapagar en Común-IU se agarraba a un escrito del Defensor del Pueblo que, aseguraban, propone en una resolución del 21 de agosto de 2019 que «se sometan los planes y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental, incluida cualquier acción expansiva de la red de antenas para descartar o confirmar, y en su caso actuar».

«Falta información»

El objetivo de esta formación es, sostiene, “la defensa de la salud de las personas frente a las ondas electromagnéticas que irradian las citadas antenas con el fin de garantizar la salud de la ciudadanía y proteger la fauna y el medio ambiente».

Por otra parte, desde este partido sorprendentemente instan públicamente al Gobierno español, donde están sus jefes de filas, a «aplicar los principios de precaución y de mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible». En este contexto, solicitan que se “preste especial atención a las personas electrosensibles, que requieren una consideración específica que no se ha tenido en cuenta ni en el plan 5G ni en los proyectos piloto”.

De la misma forma, asumiendo el argumentario de las teorías de la conspiración, apuntan: “Esta moción no se opone a la tecnología, se opone a la implementación de una tecnología no probada ni investigada, que no cuenta con los avales técnicos y científicos adecuados”. Dicen que «Bruselas, Ginebra y varios cantones de Suiza, Eslovaquia, varios municipios de Inglaterra, 447 ciudades y pueblos de Italia, entre los que se encuentran Florencia y Turín» ya han solicitado moratorias.

«Queremos una tecnología segura, y para ello se necesitan estudios científicos independientes sobre los riesgos para la salud, si los hay, y sobre el posible impacto ambiental del 5G. Esta moción no va en contra de nadie, sino a favor de proteger y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, como enuncia la Constitución, y aplicando el principio de precaución, como solicita la Unión Europea. Estos planes y proyectos 5G deben ser sometidos a una evaluación ambiental, como solicitó el Defensor del Pueblo en agosto del 2019”, recogía el texto de la moción votado en el Pleno consistorial.

El texto estaba impulsado por la Asociación Itaca que ha contado con la opinión de Mercedes González, de la Comisión de Antenas de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM); Gabriel Ignacio, del grupo de trabajo confederal sobre Digitalización, Información, TIC, CEM, 5G de Ecologistas en Acción; y la propia Celia Martell López de Soria, concejal de Galapagar en Común – Izquierda Unida.