Operación Erial

La UCO investiga a Agag, el yerno de Aznar, en el marco de la ‘operación Erial’ contra Zaplana

Alejandro Agag
Alejandro Agag. (Foto: EFE)

La UCO de la Guardia Civil investiga desde hace meses a Alejandro Agag, el yerno del ex presidente José María Aznar, en el marco de la ya conocida como ‘operación Erial’, que culminó este martes con la detención de Eduardo Zaplana y otras seis personas por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Alejandro Agag, que desde hace 15 años reside en Londres, en donde posee su domicilio fiscal, mantenía una estrecha amistad con el ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el segundo Gobierno de su suegro, José María Aznar.

Según ha podido saber OKDIARIO, las investigaciones fueron iniciadas por agentes de la UCO hace ahora casi dos años. Las diligencias fueron asumidas después por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia cuya titular es la magistrada María Isabel Rodríguez, quien desde el primer momento ordenó la intervención de los teléfonos del ex presidente de la Comunidad Valenciana y otros imputados.

La Policía lleva 10 años tras la pista de los negocios o la participación de Agag en algunos de los casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular, pero nunca han podido vincularle con la comisión de ningún delito. Una de las líneas de investigación tiene que ver con la construcción del Circuito Urbano de la Fórmula 1 en Valencia en la era de Francisco Camps.

Agag ya fue investigado por el juez Baltasar Garzón en 2008 dentro del ‘caso Gürtel’. El magistrado de la Audiencia Nacional estaba convencido de obtener las pruebas suficientes para establecer una relación entre Francisco Correa y el yerno de Aznar pero, finalmente, fracasó en su intento. Los agentes de la UDEF mantenían entonces que la ‘operación Gürtel‘ había nacido especialmente para implicar a Agag en casos de corrupción, pero que Garzón se tuvo que conformar sólo con la presa de Correa y sus colaboradores.

El caso a la Audiencia Nacional

Sin embargo, fuentes próximas a la Guardia Civil aseguraron a OKDIARIO que la Unidad Central Operativa del instituto armado no descarta presentar el caso en un Juzgado Central de la Audiencia Nacional de Madrid, en función de los resultados de las investigaciones.

Las mismas fuentes señalan que la UCO amplió sus pesquisas a varios paraísos fiscales del Caribe para poder rastrear el camino que siguió el dinero, según los investigadores, procedente del cobro de comisiones ilegales. La unidad de élite de la Guardia Civil informó a la juez de que Zaplana habría intentado repatriar a España el dinero que, supuestamente, habría obtenido mientras fue presidente autonómico por adjudicaciones de contratos. Para ello, según los informes policiales, se habría construido un entramado de sociedades offshore en Panamá, que eran gestionadas desde Uruguay.

Fuentes próximas a la investigación mencionan así mismo los nombres de los paraísos fiscales de Barbados y Cayman como dos de los enclaves utilizados por los detenidos. Según las mismas fuentes, parte del dinero -valorado por la UCO en 10 millones de euros– habría permanecido oculto durante años en cuentas opacas del Caribe.

La juez de los amaños en el fútbol

La juez valenciana, conocida por los casos del amaño del partido Zaragoza-Levante y por el procesamiento de toda una red que se dedicaba a facilitar de manera fraudulenta el título de patrón de yate, además de Zaplana, decretó este martes la detención de otras seis personas que en el pasado tuvieron relación política o profesional con el ex presidente valenciano: Joaquín Barceló Llorens, el ex director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, y su mujer, Felisa López; Juan Francisco García, quien fuera jefe de Gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes; Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, Juan Cotino; Francisco Grau Jornet, responsable de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la secretaria personal del ex presidente valenciano.

El peso de la investigación recae principalmente en la familia Cotino, que mantiene un importante poder económico en la Comunidad Valenciana. Los agentes de la Guardia Civil han explorado los contratos y concursos que obtuvieron las sociedades Sedesa y Copima, de la Generalitat Valenciana, vinculados al negocio de las ITV para la inspección de vehículos.

La detención en Valencia

La UCO detuvo este martes a Eduardo Zaplana sobre las 8:10 de la mañana en su domicilio de Valencia. Los agentes registraron la vivienda del ex presidente de la Comunidad y, por la tarde, su domicilio en la ciudad alicantina de Benidorm. Más tarde, tenían previsto registrar también el domicilio de Zaplana en Madrid

En función de los documentos encontrados, los agentes prevén además registrar el despacho profesional de Zaplana en Telefónica, aunque ayer por la tarde la compañía telefónica comunicó que había cancelado el contrato que le une al ex presidente valenciano hasta que se resuelva el caso judicialmente.

El Partido Popular así mismo anunció que había suspendido de militancia a quien durante años había sido alcalde de Benidorm, presidente de Valencia, ministro del Gobierno central, diputado y portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso.

Según las pesquisas, las supuestas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002, y procederían del Plan Eólico Valenciano, de las concesiones de ITV de la Comunidad Valenciana. Agentes de la Guardia Civil han solicitado también en la Consejería de Economía valenciana el expediente completo de la adjudicación de las ITV de 1997, con una duración de 25 años.

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