El pelotazo del alcalde de Galapagar: compra una parcela, anexiona las zonas comunes y la vende por el doble

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, pegó un pelotazo de 60.000 euros en una operación de compra-venta de una parcela ubicada en el mismo término municipal que él regenta, en el Camino de Navatornera, en el paraje conocido como Nido del Águila. La adquirió por 66.550 euros directamente a los promotores de un proyecto urbanístico que sus técnicos del consistorio debían supervisar y el propio primer edil aprobar.

Cuatro años después, Pérez Muñoz la revendió por más de 125.000 euros, el doble de su inversión, según la tasación a efectos de subasta y el precio que pedía el alcalde en los anuncios publicitarios que insertó en hasta tres páginas especializadas en venta de inmuebles.

El terreno comprado por Daniel Pérez a la empresa MBQ adquirió un valor añadido tras obligar el Ayuntamiento a los promotores a una modificación del trazado de las 14 parcelas de la urbanización. El proyecto, que ya había pactado el resto de los propietarios, contemplaba la planificación de unas zonas comunes con una pista de pádel, un pequeño jardín y una calle interior, que facilitaba las acometidas de agua, el alumbrado y la red de saneamiento.

Todas esos espacios comunes estaban así mismo contemplados en los documentos de reserva de la compra de las parcelas que los trece propietarios -menos el alcalde que la escrituró más tarde- habían firmado con la promotora MBQ ante notario, según reconoció a OKDIARIO uno de los compradores.

Sin embargo, el primer edil de Galapagar exigió personalmente a los promotores que recuperaran un antiguo proyecto de 2006, diseñado por la primera promotora que quebró y que había recibido de los técnicos municipales una licencia de “obra mayor”, el 21 de julio de aquel año. Un permiso municipal que ocho años después, en teoría, debería haber caducado, pero que los responsables de la urbanización lograron recuperar.

Una compra con fines lucrativos

Cuando se impuso el criterio del alcalde, eliminando del proyecto las zonas comunes, MBQ se vio obligada a renegociar con el resto de los propietarios la firma de un nuevo documento por el que se cambiaban las condiciones de su parcela –sin zonas comunitarias– lo que suponía un sobrecoste de más de 100.000 euros que, finalmente, tuvo que asumir la promotora.

OKDIARIO dispone de un documento de uno de los compradores, firmado el 18 de julio de 2014, por el que se compromete en esa fecha a renunciar a las zonas comunes: “Incorpora el espacio correspondiente a zonas comunes al espacio privativo en la parcela según corresponda a cada parcela con la licencia de parcelación concedida a la citada parcela”.

Por el mismo documento, los promotores compensaban la ausencia de obras en las zonas comunes con la realización del vallado y deslinde, “consistente en un muro de bloque coronado por valla metálica de simple torsión”, con el mismo coste de 6.000 euros.

La maniobra del alcalde tenía un fin exclusivamente lucrativo: con el proyecto impuesto por el Ayuntamiento la parcela “número 12” pasaba a tener una extensión de 866, 96 m2, en lugar de los 615 m2 de la opción urbanística con las zonas comunes. Esa solución sólo la vetaba el alcalde, paradójicamente, el único comprador que efectuaba la inversión con fines lucrativos.

Aunque el resto de los vecinos se beneficiaban con la imposición del gestor municipal de Galapagar, ganando metros en sus parcelas, él era el único que presentaba una motivación meramente especulativa. Durante los cuatro años que el alcalde tardó en vender la parcela jamás tuvo la intención de construir una vivienda familiar.

La operación de la máxima autoridad galapagueña podría calificarse de normal de no ser porque el primer edil negoció personalmente con los promotores la operación de compra-venta y además recibió un trato de favor por su condición política: se reservó para sí mismo la parcela de mayor superficie de la urbanización, la mejor situada y la más rentable para una posterior venta.

Para fuentes de la oposición de Galapagar, la transacción del alcalde no cruza la raya de la ilegalidad pero levanta todo tipo de suspicacias de tipo moral: “Sin duda alguna, no es ni un ejemplo de ética ni de transparencia política. El alcalde está obligado a explicar cómo fueron sus negociaciones con los promotores y si obtuvo algún tipo de prebenda”, afirmaron.

OKDIARIO ha intentado este fin de semana ponerse en contacto, repetidamente, con Daniel Pérez Muñoz para conocer su versión de los hechos, pero el alcalde ha declinado responder personalmente a las preguntas de este diario y se ha remitido a la directora de comunicación del Consistorio.

Dos meses de moratoria

Además, el alcalde Daniel Pérez acordó con los promotores el pago de 66.550 euros (55.000 + el 21% de IVA) y consiguió de ellos que le respetaran la opción de compra durante dos meses hasta que obtuviera unos fondos de una transacción familiar que estaba en marcha.

OKDIARIO dispone de toda la documentación registral y urbanística que demuestra todos los pasos de la operación especulativa del alcalde. En la inscripción de las 14 parcelas en el registro de la propiedad de Galapagar, con fecha 31 de julio de 2014 –diez días después de que renunciaran a las zonas comunes– aparecen todas ellas a nombre de los nuevos propietarios excepto la de otro comprador y la del propio alcalde, que seguía figurando a nombre de la sociedad MBQ.

La finca de Daniel Pérez Muñoz no quedó registrada hasta esos sesenta días de moratoria cuando, el 25 de septiembre de 2014, entregó un cheque del Banco de Santander con la cifra pactada. La parcela soportaba una edificabilidad del 20% para la construcción de una vivienda de 160 m2 en dos plantas. El suelo estaba clasificado como “urbano consolidado”, según el planeamiento urbanístico de Galapagar.

El primer edil de Galapagar puso a la venta la parcela en 2017 por el precio de 150.000 euros pero no logró desprenderse de ella hasta el 23 de noviembre de 2018, cuando la traspasó a un matrimonio por el doble de lo que había invertido.

Negociaciones con el Ayuntamiento

Mientras el alcalde buscaba comprador, los promotores negociaban con el Ayuntamiento los servicios y la reordenación de la finca que habían adquirido a la inmobiliaria del BBVA, Anida Operaciones Singulares. El proyecto original había sido puesto en marcha en 2006 por Detinsa pero, tras el estallido de la crisis económica, esta empresa se vio impotente para afrontar los pagos y el banco se quedó con la propiedad.

La inmobiliaria Anida la puso a la venta por 1,4 millones y MBQ lo compró por una cantidad inferior. El terreno tenía una extensión de 9.774,45 metros cuadrados y era de forma triangular. Cuatro años después los propietarios esperan que se completen las obras de la urbanización para poder construir sus viviendas.

Ni que decir tiene que los nuevos propietarios se encontraron con una licencia de obras obsoleta de 2006 que tuvieron que renegociar con los nuevos gestores del equipo de Pérez en el Ayuntamiento.

En el registro de la propiedad consta un certificado de parcelación del Ayuntamiento de Galapagar de 31 de julio de 2014 firmado por el secretario Manuel Paz Taboada y por Fernando Arias Moral –concejal de máxima confianza y socio de Daniel Pérez–, que actuaba como alcalde presidente accidental, con el siguiente texto: “La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder licencia de parcelación para la división de la finca registral 2555, de la que esta procede, con sujeción al proyecto presentado, en catorce fincas y cuya inscripción solicitan”.

Estaba claro que el ayuntamiento asumía el proyecto original de la segregación de las 14 parcelas, donde no figuraban las zonas comunes, pero la Junta de Gobierno también debía aprobar la propuesta de reurbanización.

Llamaba la atención que el titular de la Alcaldía, Daniel Pérez, evitaba estampar con su firma el acto de la Junta de Gobierno Local, delegando en el concejal de Urbanismo, porque ya sabía que una de esas parcelas iba a  ser de su propiedad dos meses después.

Quienes creían que era una ventaja tener al alcalde de vecino comprobaban, finalmente, cómo el proyecto se convertía en una pesadilla. Llevan invertidos más de cien mil euros y el Ayuntamiento sólo ha hecho que ponerles impedimentos.

El alcalde convoca ahora a los propietarios

Sólo tras tener conocimiento, a través de un propietario con el que esta redacción contactó, de que OKDIARIO iba a publicar la noticia sobre su pelotazo urbanístico, el alcalde ha convocado para mañana martes, a las 9 de la mañana, una reunión en el Ayuntamiento con los propietarios de las 14 parcelas para abordar la «ejecución subsidiaria» de las obras de urbanización.

Esto significa que el propio Consistorio asumirá la ejecución de los trabajos y luego le pasará a cada propietario la factura correspondiente. Sólo entonces se podrá iniciar la construcción de los 14 chalés. Los propietarios sufren ya cuatro años de demoras, debido a las innumerables trabas que les ha puesto el propio Ayuntamiento.