Montero gastará 350.000 € al año en traducciones ‘multilingües’ para contentar a los socios de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé embarcar a los españoles en un gasto extra de 30.000 euros al mes para satisfacer a cualquier catalán, vasco, gallego o valenciano que quiera dirigirse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o navegar por su web oficial en cualquiera de los idiomas regionales cooficiales de España. Para eso, el Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero está ultimando la contratación de un servicio permanente de traducción que costará más de 350.000 euros cada año. La costosa medida, que llega en plena carrera electoral, es un nuevo guiño del Gobierno a sus socios independentistas, en este caso a través de Hacienda. Y todo ello, pese a la delicada situación económica y de las arcas públicas, con las autoridades europeas insistiéndole al Gobierno de Sánchez en que debe contener el gasto público para frenar su abultado déficit y la preocupante escalada de la deuda pública.

Este nuevo mecanismo multilingüe de la Agencia Tributaria se articulará en dos áreas. Por una parte, la traducción automatizada al catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés de todos los contenidos informativos de carácter estático que incluye la web oficial de la Agencia Tributaria. Y, en paralelo, funcionará también «un servicio de traducción automática, dinámica y con revisión humana a los idiomas cooficiales catalán, gallego, valenciano, euskera e inglés de todas las páginas y formularios servidos por las aplicaciones informáticas que dan soporte a los trámites de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria», indica el informe técnico que justifica este expediente de contratación y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Informe justificativo

En el mismo informe oficial, en el que Hacienda se alinea con las conocidas demandas lingüísticas de los independentistas, se indica que «el objetivo a alcanzar es, por tanto, poder servir todos los contenidos y servicios de la Sede Electrónica de la AEAT tanto en el idioma original (castellano) como traducidos a los idiomas cooficiales catalán, gallego, euskera y valenciano, así como al inglés, en función de la elección de idioma seleccionado por los usuarios finales, es decir, los ciudadanos contribuyentes».

El Gobierno se escuda en que esto lo hace por imperativo legal y por ser un clamor social, reflejado en las «constantes quejas de los ciudadanos a través del Consejo de Defensa del Contribuyente y del Defensor del Pueblo, por no poder efectuar los trámites electrónicos de la Sede de la AEAT relacionados con sus obligaciones tributarias en sus respectivas lenguas cooficiales».

Lo cierto es que, como reconoce el propio informe, desde el año 2006 la Agencia Tributaria ya ofrece un servicio de traducción asistida externo, de modo que quien navega por su web puede leer sus contenidos tanto en castellano como en catalán, gallego y valenciano –el euskera no se incluyó, al tener en cuenta que los regímenes forales del País Vasco y Navarra cuentan con sus propias agencias tributarias autonómicas–.

Nueve años después, la aprobación de la Ley 30/2015 de Procedimiento Administrativo Común estableció, en uno de sus artículos, que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano, «pero los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua cooficial en ella». Y, en estos casos, «el procedimiento se debe tramitar en la lengua elegida por el interesado», subraya este informe gubernamental, que alude a esa ley de 2015 como argumento para embarcarse en el nuevo gasto extra de traducción a las lenguas regionales para la Agencia Tributaria.

Un 30% de sobrecoste

Hasta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, esa ley no se interpretó en la práctica con el carácter imperativo y con el alcance que introduce ahora el Gobierno para que Hacienda contente a los independentistas en pleno año electoral. De hecho, no fue hasta julio de 2019 cuando empezaron a ofrecerse servicios traducidos de la web y de los formularios de la Agencia Tributaria. Y así se ha funcionado hasta ahora, pero con un coste sustancialmente inferior al que ahora ha planificado la ministra socialista María Jesús Montero.

El modelo existente desde 2019 ha supuesto un coste de unos 22.000 euros mensuales. Pero el Gobierno quiere ir más allá, considera que hay que gastar más para satisfacer mejor a quienes prefieren usar sus lenguas regionales en vez del castellano en sus relaciones con la Agencia Tributaria, así que los contratos se publican por servicios e importe ampliado, y pasarán a costar más de 29.000 euros al mes, unos 1.400 euros al día: un 30% más que hasta ahora.