«Hay que llamar servidores públicos rehabilitadores a los carceleros venezolanos»

En el Parlamento Europeo, en el Senado y en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Podemos se ha negado una y otra vez a condenar la violación de derechos humanos en Venezuela y la detención de 77 líderes de la oposición por parte del régimen chavista.

Pero los principales líderes de Podemos han prestado un servicio muy poco conocido para dulcificar la situación de los presos venezolanos, mediante el procedimiento de cambiar el nombre de las cosas. Gracias a sus gestiones, el opositor Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ya no son presos políticos sino «personas privadas de libertad» ingresadas en una «comunidad de rehabilitación social», con el fin de que puedan «reflexionar y revisar su trayectoria vital». Y todo ello, sin haberse movido de la celda en la que cumplen condena tras ser detenidos por la Policía secreta de Hugo Chávez.

La Fundación CEPS (entonces dirigida por Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y otros líderes de Podemos) remitió en abril de 2011 al Gobierno de Chávez un informe sobre el proyecto de Código Orgánico Penitenciario que el ministro de Justicia, Tarek El Aissami, había presentado ante la Asamblea Nacional de Venezuela.

En su informe, los asesores de Podemos afirman que resultaría muy difícil mejorar el reglamento elaborado por el Gobierno de Chávez, ya que convierte el sistema carcelario en «un instrumento legal profundamente humanista, garante de los Derechos Humanos, progresivo, rehabilitador, reeducador y avanzado. De aprobarse, se convertiría en uno de los marcos legales penitenciarios más progresistas del mundo», señala el documento al que ha tenido acceso Okdiario.

Blanquear el sistema carcelario

En consecuencia, los emisarios de la Fundación CEPS se limitaron a plantear algunas modificaciones cosméticas, todas ellas encaminada a blanquear la imagen del sistema carcelario venezolano, en el que cumplen condena casi todos los líderes de la oposición.

La principal aportación que plantea el informe de CEPS es una propuesta para que las cárceles venezolanas dejen de llamarse «establecimientos penitenciarios» y pasen a denominarse «comunidades de rehabilitación social», «servicios de rehabilitación social» o «servicios rehabilitadores» a secas.

El término «establecimiento penitenciario», argumenta la Fundación de Pablo Iglesias en el documento, «enfatiza la idea de pena derivada del concepto religioso penitencia, dejando entrever que la finalidad de tales espacios es el cumplimiento de la pena».

Muy al contrario, añade el informe, las cárceles deben ser en realidad «espacios de rehabilitación social», es decir, «espacios reflexivos y de formación que sirvan a los internos e internas para revisar su trayectoria vital y social, su rectificación desde la autocrítica y el reimpulso hacia una nueva vida normalizada con los instrumentos educativos y formativos proporcionados por la colectividad al Estado».

No cumplen condena, hacen «autocrítica»

Es decir, que los presos no están en la cárcel para cumplir condena, sino para hacer autocrítica. Todo ello, aclaran los asesores de la Fundación CEPS, configura «el espacio penitenciario como espacio de transición hacia la nueva vida de otro hombre u otra mujer nuevas» (sic).

Siguiendo este mismo razonamiento, la Fundación de Pablo Iglesias señala que en adelante los carceleros venezolanos no deben ser llamados «carceleros» ni «funcionarios o funcionarias penitenciarias» sino «servidores públicos rehabilitadores». Y en cuanto a los presos, esta denominación deberá ser sustituida por «personas privadas de libertad».

Por el mismo motivo, CEPS propone en su informe dirigido al Gobierno de Chávez que el propio «Código Orgánico Penitenciario» pase a denominarse «Código Orgánico de Garantías de Rehabilitación Social».

Más allá de cambiar los nombres de las cosas, usando la técnica propia de los regímenes soviéticos de que denunció Orwell, los asesores de Podemos solo plantean dos recomendaciones prácticas en el documento. En primer lugar, que se establezcan en las cárceles «mesas participativas» para que los presos puedan elevar sus «propuestas, peticiones o ser consultados» sobre cómo debe gestionarse la prisión (por ejemplo, en la programación de actividades culturales y formativas, según especifica el informe).

Y en segundo lugar, que el régimen de visitas íntimas de los cónyuges de los presos (en adelante, «personas privadas de libertad») se haga extensivo a sus parejas de hecho, independientemente de su sexo.

Los opositores encarcelados son «terroristas»

El Gobierno de Hugo Chávez pagó a la Fundación de Pablo Iglesias 3.114 euros por este informe de 18 folios lleno de banalidades. La Fundación CEPS cobró del régimen venezolano 309.513 euros en 2001, por la elaboración de 119 informes de «asesoramiento» que suman 1.785 folios. Es decir, a 173 euros por folio.

En el conjunto de diez años, entre 2004 y 2014, la Fundación dirigida por los principales líderes de Podemos (la mayoría de ellos ya han abandonado su patronato) cobró del Gobierno de Caracas 4,2 millones de euros.

No existe constancia de que el ministro del Poder Judicial de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, tomara notara o llegara a aplicar las recomendaciones planteadas por CEPS en este informe firmado el 20 de abril de 2011.

La benevolencia con la que los presos venezolados son tratados en este documento contrasta con otros informes, también pagados por el Gobierno de Chávez, en los que CEPS ofrece argumentarios para definir a los líderes de la oposición encarcelados como «delincuentes comunes» y «terroristas internacionales».

Una táctica que también ha empleado el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, al equiparar al opositor detenido Leopoldo López con los terroristas de ETA.