González-Trevijano gran favorito para presidir el Constitucional tras el veto a Ollero

El catedrático Pedro José González-Trevijano se perfila como el más probable candidato a presidir el Tribunal Constitucional (TC), ante la rotunda oposición del PSOE para que el magistrado Andrés Ollero ocupe el cargo. El veto de los socialistas se debe a que Ollero fue diputado nacional del PP durante 17 años, algo que en 2012 fue ningún inconveniente para aprobar su nombramiento como magistrado del Constitucional.

Sin embargo, el PSOE apela ahora a lo que considera posiciones «ultraconservadoras» de Andrés Ollero (es miembro numerario del Opus Dei y se ha pronunciado en contra del aborto y de la Ley que regula el matrimonio homosexual) para rechazar su ascenso hasta la Presidencia del Alto Tribunal.

En las negociaciones discretas entre ambos partidos, los populares han comenzado por tanto a barajar el nombre de Pedro José González-Trevijano Sánchez como candidato alternativo.

Catedrático de Derecho Constitucional, González-Trevijano ha sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (entre 2002 y 2012) y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Es autor de varios libros y artículos sobre el papel de la Monarquía en las democracias constitucionales y ha sido patrono de la Fundación del Real Madrid.

El acuerdo llega tarde

Si prospera su nombramiento, se romperá una regla no escrita, según la cual el nuevo presidente del Constitucional debe salir del tercio de sus miembros de mayor antigüedad. En este caso, entre los cuatro magistrados elegidos en 2012 a propuesta del Congreso de los Diputados: Andrés Ollero, Juan José González Rivas (ambos designados a propuesta del PP), Encarnación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Ré (estos dos últimos, designados por el PSOE).

El veto de los socialistas está a punto de hacer saltar por los aires esta norma. El nombre de Encarnación Roca Trías suena desde hace meses como la candidata favorita para ser vicepresidenta del Tribunal, lo que permitiría mantener el actual equilibrio: un presidente propuesto por el PP y un vicepresidente designado por el grupo mayoritario de la oposición.

El artículo 159 de la Constitución establece que, de los 12 miembros del Constitucional, cuatro serán propuestos por el Congreso, otros cuatro por el Senado (en ambos casos, por una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara), dos por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La renovación de estos cargos se realiza por tercios, cada cuatro años, aunque el calendario se ha alterado en varias ocasiones debido a la falta de acuerdo entre los partidos. El pasado mes de diciembre concluyó el plazo formal (que ha tenido que ser prorrogado) para que el Senado designe a los cuatro nuevos miembros del TC.

El desafío independentista en Cataluña

Sustituirán a los dos magistrados más antiguos designados en 2010 (el actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y la vicepresidenta Adela Asua), a Ricardo Enríquez (que fue designado en 2014 a propuesta del Senado tras el fallecimiento de Francisco José Hernando) y a Luis Ignacio Ortega, que falleció en abril de 2015.

Aunque el acuerdo aún no está cerrado, previsiblemente serán nombrados dos magistrados afines al PP y otros dos a propuesta del PSOE. De este modo, se preservará el actual equilibrio en el Alto Tribunal, en el que existe una mayoría de seis magistrados próximos al PP “conservadores” frente a cinco afines al PSOE.

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional deberá afrontar retos como el desafío independentista puesta en marcha por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. A principios del mes de febrero, se sentaron en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el ex presidente Artur Mas y los miembros de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, por incumplir la resolución del TC que prohibía celebrar el referéndum independentista del 9N.

El ex conseller de Presidencia de la Generalitat y portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, será procesado por el Tribunal Supremo por el mismo motivo, dada su condición de aforado. Pese a todo ello, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insiste en su intención de convocar un nuevo referéndum independentista ilegal.