La Fiscalía General analizará el caso Auditorio y decidirá si sienta en el banquillo al presidente de Murcia

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que instruye el caso Auditorio, Julián Pérez Templado, tomará declaración este lunes a los cuatro peritos que, en sus informes, constatan que no se ha produjo ninguna irregularidad en la construcción del centro cultural de Puerto Lumbreras.

El proyecto fue ejecutado durante la etapa del presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez como alcalde del municipio, gracias a una subvención de seis millones de euros otorgada por el Gobierno regional de Murcia. En sus informes, los cuatro peritos que hoy declaran ante el juez constatan que el importe de la subvención se invirtió íntegramente en el proyecto, lo que hecha por tierra la acusación contra el actual presidente del Gobierno regional.

Una vez cumplido este trámite, el PP solicitará que se archive la causa y, en consecuencia, quede sin efecto la imputación de Pedro Antonio Sánchez, quien declaró ante el juez el pasado día 6. Junto a él están imputados una veintena de personas, incluyendo a ex concejales de Puerto Lumbreras y los técnicos que participaron en el proyecto.

El PP solicitará el archivo de la causa

Por su parte, no será la Fiscalía de Murcia sino la Fiscalía General del Estado la que, tras analizar el sumario, decida si solicita que Sánchez se siente en el banquillo o por el contrario que se archive la causa. De este modo, se aplicarán los principios de unidad de criterio y jerarquía que rigen en el Ministerio público.

Finalmente, la decisión corresponderá a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por Miguel Pasqual del Riquelme, e integrada por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado. Este último, que instruye actualmente la causa, es miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

La declaración de Pedro Antonio Sánchez como imputado ha provocado un terremoto político en Murcia. El PSOE ha registrado una moción de censura contra el presidente autonómico, pero Ciudadanos ha advertido que sólo la apoyará si es para convocar nuevas elecciones en la Región. El partido de Albert Rivera en ningún caso está dispuesto a participar en un nuevo pacto de gobierno que cuente con Podemos como socio.

Cuatro fiscales se opusieron a imputarle

Buena prueba de la instrumentalización política que se ha hecho de este caso es que, en plena campaña de las elecciones autonómicas de 2015, Podemos anunció una querella contra los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Juan Martínez Moya, Miguel Pasqual del Riquelme y Enrique Quiñonero) que inicialmente habían desestimado imputar al presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

Éste no es el único frente judicial que tiene abierto Pedro Antonio Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó el pasado mes de febrero un auto en el que aprecia indicios de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información en la actuación del presidente autonómico en el caso Púnica.

La Fiscalía se opuso a la imputación al no apreciar indicios de delito en la actuación de Pedro Antonio Sánchez y porque «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas». La decisión fue adoptada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, de acuerdo con el criterio de los cuatro fiscales jefe de Sala de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo (tres de ellos, considerados próximos a la Unión Progresista de Fiscales).